JUSTIFICACIÓN

El 08 de septiembre de 2017, el presidente Maduro manifestó que: "si tengo que convertirme en un dictador para garantizar los precios (controlados) lo voy a hacer". Le tomo la palabra, y le insisto: si no se convierte en un dictador en la sociedad económica nacional para imponer el respeto y temor a las leyes por parte de los enemigos del pueblo revolucionario enquistado en Fedecámaras, Consecomercio, Venanchamp, Fedenaga, Fedeagro entre otros gremios opositores, estos seguirán siendo los verdaderos tiranos y fascistas que imponen la agenda inflacionaria en el país, siguiéndoles el juego a Dólar Today, intentando generar descontento, miseria y rechazo popular a la revolución.

En ese sentido, y considerando que la guerra económica la están dirigiendo contra el pueblo venezolano utilizando métodos y estrategias económicas no convencionales, es fundamental que la respuesta gubernamental sea utilizando estrategias no convencionales.

Por ejemplo, una semana después de la instalación de la ANC propuse la aplicación de un Decreto Constituyente de Reversión de Precios de los bienes de primera necesidad, que consistía en que el gobierno fijara los precios con base a los de una semana antes de la elección de la ANC, que prácticamente se desató de una forma desmedida e insensata una escalada sistemático de los precios de los bienes y servicios a nivel nacional. Era una propuesta que buscaba generar una implosión en lo que denomino el Sistema Especulativo en el mercado de bienes y servicios, sobre todo los de primera necesidad, y poner al escarnio público a los ladrones del pueblo. Propuesta que quedará para la historia. (https://www.aporrea.org/economia/a250644.html)

Pasaron los días, y en un contexto muy hóstil, el pueblo aún seguía padeciendo las indolentes acciones de los empresarios agremiados que ejecutan la Guerra Económica en Venezuela. Sin contemplación, y a manera de venganza contra la población que quiso la paz constituyente, desataron una ola de especulación y usura en la mayoría de los bienes de primera necesidad. Se dedicaron a seguir robándole la paz económica al pueblo sobreaño. Realmente, el pueblo esperaba acciones contundentes contra la inclemente inflación inducida por los enemigos de la revolución bolivariana, que aún siguen vivos y apoyados por el imperio más hostil de la historia de la humanidad que representa los Estados Unidos.

No obstante, llegó el 07 de septiembre de 2017, y a un mes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, se presentó el presidente de la República Nicolás Maduro para exponer su plan para alcanzar la paz económica en el país. Ya la Constituyente había alcanzado el primer objetivo para la cual fue convocado: traer consigo la paz en el país. Ocurrió de forma inmediata. La revolución le ganó una más a los grupos violentos de la derecha opositora. Hoy la gente vive en tranquilidad y la vida republicana continua. Aunque se espera justicia por las victimas que dejaron los actos terroristas y por la traición a la patria por varios de los líderes de la oposición venezolana.

El Plan Constituyente para la Paz Económica, busca el impulso y consolidación de un Nuevo Modelo Económico basado en los principios socialista, productivo y mixto. Realmente, es un plan integral, contunde, que en primer lugar y de manera inmediata, buscaba fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, pensionados, jubilados, amas de casas y militares por medio del incremento salarial en 40% y de los cesta tickets. Busca estimular el empleo juvenil por medio del plan Chamba Juvenil; y la aplicación inmediata de medidas tributarias como la reducción del IVA en 5% para transacciones comerciales con medios electrónicos.

El resto de los anuncios económicos son de aplicación de corto, mediano y largo plazo, entre ellos la aprobación de un Paquete de 8 Leyes Constituyentes, dirigidos a la protección y estímulo de inversiones extranjeras, controles contra la especulación y la corrupción, de control de la liquidez monetaria, anunció un futuro sistema cambiario complementario (basado en una canasta de monedas). También propuso medidas punitivas contra los delitos del comercio, un Sistema de Facturación Electrónico, la conformación de una Corporación Agroalimentaria (Agrosur) para 20 rubros agrícolas principales, el fortalecimiento de los Claps con la incorporación de productos nacionales.

Todos esos planteamientos los presentó el Presidente como proyectos de leyes Constituyentes, por lo tanto, con base en las funciones legislativas que tiene la ANC deberán ir a debate y consulta popular antes de su aprobación, por lo que no son de aplicación inmediata, sino en el corto y mediano plazo. No obstante, en términos generales, los anuncios realizados por el Presidente apuntan en la dirección correcta contra la especulación, la reactivación del aparato productivo y la construcción de la Nueva Economía en Venezuela.

LUEGO QUE EL PRESIDENTE HABLÓ, LOS EMPRESARIOS VOLVIERON A AUMENTAR LOS PRECIOS

De manera triste, hemos visto cómo un día después de los anuncios del Presidente, Dólar Today respondió nuevamente disparándose hacia el alza, rompiendo la barrera histórica de los 20.000 bolívares por dólar, que trajo consigo el comportamiento ya casi natural de los actores del Sistema Especulativo nacional, que volvieron a aumentar los precio de los bienes de primera necesidad. Por ejemplo: el precio del kilo de queso duro lo incrementaron sin ningún dolor y sin compasión desde 25.000 a 33.000, el cartón de huevo de 25.000 a 33.000, el de jamón de pierna de 32.000 a 50.000, un litro de aceite de 15.000 a 25.000, y pare de contar.

De un solo respiro, aumentaron de forma despiadada los precios de los bienes y servicios a nivel nacional. ¡Y no pasa nada! No hay un detenido, no hay ningún show mediático con comercios sometidos a la ley. La gente de a pie sigue desmoralizándose.

LEY DE LOS 30 DÍAS:

DECRETO EJECUTIVO PARA LA FIJACIÓN OBLIGATORIA DEL TIEMPO DE VENCIMIENTO DE LOS BIENES DE PRIMERA NECESIDAD NO PERECEDEROS EN UN MAXIMO DE 30 DÍAS

En esta oportunidad, propongo se redacte un Decreto Ejecutivo en el marco de la vigente habilitación presidencial para tomar medidas de emergencia económica, que obligue a todos los productores del sector primario, agroindustria y comercialización a fijar (marcar) el tiempo de vencimiento de los bienes de primera necesidad (50 rubros) producidos en el país o importados en un máximo de 30 días.

Este decreto busca, en primer lugar, incrementar la velocidad de circulación de la oferta real de bienes en el mercado interno. En segundo lugar, mejorar el sistema de distribución y comercialización de estos rubros; en tercer lugar, garantizar la satisfacción de la demanda real; y en cuarto lugar, controlar la oferta y los inventarios de estos bienes a fin de evitar el acaparamiento, el bachaqueo corporativo y el contrabando de extracción, que son parte de los elementos que explican la escasez y la inflación inducida en nuestro país.

Creemos que esta propuesta de acción económica "no convencional" obligará a los productores nacionales e importadores a comercializar bienes de primera necesidad con una fecha de vencimiento "predeterminada" por el Ejecutivo Nacional hasta un máximo de 30 días. Valga decir, deberán producir la cantidad que realmente demande el mercado para un consumo estimado de 30 días. Lo que significa que, pasados los 30 días de elaborados, esos productos no podrán ser comercializados de manera oficial y deberán salir de circulación del mercado, so pena de ser aplicados las sanciones y multas correspondientes con base en las leyes vigentes.

En este caso, no hace falta aprobar ni modificar ninguna ley, dado que la legislación vigente contempla las sanciones para las empresas o personas naturales que comercialicen productos vencidos. Al mismo tiempo, se estaría obligando a los productores nacionales fabricar y comercializar lo justo y necesario para satisfacer la demanda de ese bien etiquetado para ser consumido en un máximo de 30 días.

Esto evitará que las productoras de bienes de primera necesidad (50 rubros) direccionen sus ventas a clientes que compran con fines de acapararlos, y pasado un tiempo, venderlos a un precio mayor, es decir, se acabaría en gran medida con la especulación en el mercado de bienes.

Esto obligaría a los distribuidores o comercios a programar sus compras al por mayor con base en la demanda real que dicten los minoristas para un período de hasta 30 días.

Esto disminuiría las redes de intermediarios ficticios creados para incrementar los costos de comercialización ya que deberán colocarlos lo antes posible en los anaqueles para garantizar su venta. Por el contrario, deberán generar mecanismos de distribución rápida que les permita aprovechar el tiempo de vida comercial de las mercancías objeto de este decreto.

Esto obligará a aquellos productores que quieran incrementar su oferta en el mercado a tener que mantener los precios, o en su efecto, a bajarlos para garantizar que los consumidores compren más productos en el lapso preestablecido.

Esta medida obligaría a los consumidores a comprar la cantidad óptima y necesaria de bienes de primera necesidad de un lote producido con fecha de vencimiento de un mes, y no a realizar compras nerviosas a objeto de acumular productos por temor a que desaparezcan en el futuro.

Esto reduciría de manera considerable la sociedad civil que se dedica al bachaqueo. Porque cualquier persona que sea detenida comercializando estos productos "vencidos" sería objeto de detención por flagrancia y aplicación inmediata de las penas correspondientes.

El decreto que se redacte debe contemplar sanciones físicas y pecuniarias para aquellas personas naturales o jurídicas que borre o altere la fecha de vencimiento de estos productos.

UN EJEMPLO

Por poner un ejemplo, en el caso de la producción de harina de maíz precocida, los empresarios deberán producir lotes (elaboración) con fechas marcadas de vencimiento de hasta 30 días. Asimismo, deberán comercializarlo y distribuirlo antes de la fecha de vencimiento. Por tanto, deberán programar su producción de manera eficiente. Por su parte, los clientes deberán programar el nivel de compras efectivas, incluyendo ahora una nueva y determinante variable que es el "tiempo de vencimiento", y así evitar que la mercancía se les quede en los anaqueles vencidas. Esto aplica para cualquier producto no perecedero envasado o etiquetado.

Esta estrategia de intervención estadal en la oferta de bienes de primera necesidad puede ser complementaria al esquema de precios acordados (50 rubros) que ha planteado el presidente Nicolás Maduro ante la ANC.

Twitter: agiussepe@gmail.com