Los efectos de la guerra económica los padecen los (as) venezolanos (as) todos los días. La hiperinflación inducida ha sido la estrategia predilecta de la oposición para atacar al gobierno de Maduro. Aquel presagio opositor, aberrante por demás, se podría estar llevando a cabo: "si se quiere acabar con el chavismo hay que darle en el estómago al pueblo que aún sigue votando por ellos."
Lo cierto, es que al 15 de abril de 2018, el salario mínimo integral, que incluye cesta tickets, sólo alcanza para comprar un kilo de queso "telita". Realmente, los efectos devastadores para la economía son parecidos a los de un territorio bombardeado o afectado por un gran terremoto donde se destruyen las infraestructuras, sistemas de transportes, el aparato mediano y pequeño empresarial y comercial a gran escala.
Los únicos que podrán sobrevivir a esta situación en el mediano plazo serán los monopolios y oligopolios privados, la mayoría agremiados a Fedecámaras, Consecomercio, Venamchamp, Fedenaga, Fedeagro, Cavefar, Cavidea, Conindustria, entre otros, que son los mismos que están induciendo esa hiperinflación devastadora de la sociedad económica venezolana con fines políticos.
La gran víctima de las consecuencias de esta guerra económica, que a mi parecer, la está ganando la derecha empresarial, son las amas de casa, trabajadores, desempleados, economía informal, pensionados, jubilados, entre otros. Insisto, la guerra la está ganando los gremios empresariales y sus afiliados, sobre todo los del sector de alimentos, que son los mismos que lideraron el golpe de Estado hace 16 años.
Lo que está a la vista no necesita anteojos. La estrategia de los monopolios y oligopolios opositores ha sido maléfica: infringiendo daño también ganan. Desde una perspectiva economicista, inducir la inflación al mismo ritmo del dólar paralelo les ha permitido capitalizarse, quebrar a sus competidores más pequeños y mejorar su posición de dominio en el mercado. De esa forma han venido captando, de manera directa, todos los recursos inyectados por el Estado a la población en general a través de las subvenciones, subsidios directos o incrementos salariales, que mayormente lo destinan para comprar alimentos de primera necesidad que esos oligopolios elaboran y distribuyen.
La "reacción" del Estado ha sido intentar evitar la implosión social por medio de una política de subvención directa a las familias más pobres con el programa de distribución de alimentos CLAP. Ha intentado paliar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos meses incrementando, de manera rezagada, el salario mínimo integral. Pero, la inflación crece de manera exponencial mientras el salario lo hace de manera lineal. En los últimos 15 meses, los siete aumentos salariales representan tan sólo 1300%, mientras que la inflación inducida por el dólar paralelo supera el 10.000% en el mismo periodo.
Finalmente, el Gobierno ha intentado paliar esa situación por medio del Carnet de la Patria, un instrumento de subsidio directo a la persona afiliada a ese programa social, emitiendo bonos cada mes por debajo del salario mínimo integral. No obstante, la situación se torna más compleja.
