En la Venezuela actual la guerra ideológica, o llamada "económica", continua sin cesar. No hay un ambiente político para la mediación. No hay un escenario para el debate nacional o el encuentro para fijar una "tregua" entre los dos grandes actores de la sociedad económica nacional: el Estado y los gremios empresariales.
Creo que el Estado debe de pasar de ser reactivo a proactivo. En primer lugar, debe ser más agresivo en la aplicación de las leyes deteniendo la impunidad económica existente en el mercado de bienes y servicios.
Los organismos que pueden detener los avances maléficos de la hiperinflación inducida con base en las leyes son tres: la SUNDDE, el Ministerio Publico y la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de la ANC, pudiera dar inicio del debate nacional prometido sobre la economía para superar el modelo rentista parasitario (importador). Incluso, pudiera solicitar la interpelación pública a los grandes gremios empresarios para que le expliquen al país por qué han inducido la inflación en los últimos meses, a pesar que muchos de ellos han acordado precios con base en la Ley de Precios Acordados aprobada por la propia ANC, también incumplida sin cesar.
Porque es un hecho público y notorio, que muchos de esos empresarios, entre ellos las Empresas Polar, han recibido dólares preferenciales, créditos y otros estímulos gubernamentales. Pero lo reciben y, al mismo tiempo, se burlan del Ejecutivo, generan la desigualdad social con alto índice de miseria y siguen capitalizándose. Es la estrategia económica perfecta en su escenario ideal: la diseñada para un contexto neoliberal.
A pesar de todo eso, reina la impunidad en la economía, donde la SUNDDE, el Ministerio Publico y la ANC deben jugar con más contundencia antes de que sea demasiado tarde. Antes que nos empobrezcan más a todos, o antes que se ocasione la implosión social tan promocionada por los enemigos de la revolución.
IMPUNIDAD E INDIFERENCIA ECONOMÍA
Como vemos, el juego parece estar trancado, los precios siguen subiendo y la gente "peligrosamente" sigue padeciendo y empobreciendo de una manera veloz sin precedentes en la historia económica de Venezuela. Llamo a la sensatez de los líderes de ambos bandos enfrentados.
¡A decirlo no le temo! Le temo es a las consecuencias sociales que está generando la inacción o indiferencia de muchos funcionarios públicos a la hora de cumplir con sus funciones. Tan perniciosa para la sociedad fue la inacción de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República, que permitió, o se hizo la indiferente, ante la quema de personas vivas, destrucción de la infraestructura pública y otras afectaciones con pérdidas económicas. De igual o peor manera puede ser, la inacción o tarde reacción del Ministerio Público actual ante el empobrecimiento colectivo y destrucción del aparato productivo nacional por agentes externos e internos bien identificados y altamente denunciados ante los organismos competentes del Estado.
En ese sentido, sin temor a ser juzgado por los intolerantes a las críticas, hago un llamado a la sensibilidad de los actores responsables de impartir justicia en Venezuela, para que detengan en seco la impunidad económica y apliquen las sanciones que haya que tomar por la serie de delitos infringidos a la familia venezolana por parte de los empresarios y comerciantes manipuladores de precios y generadores de miseria colectiva que buscan motivar la implosión social que conlleve a la caída de la Quinta República en Venezuela.
O, en su efecto, hago un llamado a los actores de la sociedad económica a que promuevan una tregua en función de la población, que dejen a un lado sus ambiciones de poder individuales o grupales y cedan en nombre de todos venezolanos y venezolanas que hoy padecen las secuelas irreversibles de la guerra económica.
En mi humilde opinión, cualquiera de los dos escenarios anteriores es mejor que se desate una implosión social, entremos en guerra civil o se active una confrontación parecida a la vivida por nuestro vecino Colombia que ha durado por más de 50 años.
Prefiero la reconciliación nacional impuesta por las leyes y la justicia en tiempos de paz, que la reconciliación nacional forzada por los cadáveres del empobrecimiento colectivo, la destrucción económica y la migración inducida.
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