Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, L.O.E., se abrieron las puertas para iniciar un proceso de democratización de la educación superior. Abreboca para una nueva Ley de Universidades o de Educación Superior que reglamentara, actualizara y adecuara a este sector que, como hemos venido afirmando, en buena medida permanece anclado o de espaldas a la nueva realidad que vive Venezuela.
Ahora, no se trata solamente de una legislación electoral que formalice la participación igualitaria de todos los sectores que hacen vida universitaria. Por supuesto, se trata de terminar de una vez con esa aberrante discriminación mediante la cual 25 votos estudiantiles equivalen a un voto profesoral, y la negación absoluta y odiosa de empleados, obreros y de los mismos profesores que se inician en el escalafón. Se trata de poner fin a la negación de principios fundamentales de participación colectiva, y en consecuencia frenar de una vez el antidemocratismo severo y perverso en la elección de las autoridades y en las decisiones de la vida institucional.
El llamado a una Constituyente Universitaria como paso para los cambios que urgen en el sector y en el país deben asumirse necesariamente como la necesidad de modelar una educación superior que afiance la propuesta o proyecto de país establecido en la Constitución Nacional. Un sistema nacional integrado con programas y grados adaptados a los requerimientos socioeconómicos y culturales de nuestro país.
Toda esta expectativa requiere de la organización y movilización de los universitarios y de la voluntad política de la Asamblea Nacional, hasta hoy está en deuda con este sector del país. Urge que caminemos por el mismo sendero y vayamos hacia las mismas metas.
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