La locura opositora enquistada en las autoridades universitarias de La Universidad del Zulia, llegaron al colmo de su descaro. Pues vendieron terrenos del campus universitario a una recién constituida constructora.
Esta obra constaba en un principio de sesenta y cuatro (64) edificios de cuatro (4) pisos cada uno. Estos conformarían un total de dos mil (2000) apartamentos, cada edificio constaría de treinta y un (31) apartamentos. Mas un centro comercial con áreas de esparcimiento dentro y al aire libre del mismo.
Este proyecto fue otorgado sin proceso licitatorio a la recién constituida constructora, Inversiones 888 CA, por solicitud y autorización
hecha por el rector -en ese momento- Leonardo Atencio Finol, al Consejo
Universitario, el 2 de noviembre 2005, según oficio 2.745, punto E-17.
El monto para ese entonces era de 300 mil millones de bolívares de los
anteriores. También se señala de estar incurso con esta empresa a un diputado y de tener los ojos puestos en los millones a percibirse de esta obra.
En el dos mil seis (2006) la Comisión de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte de la Asamblea Nacional, solicita al
entonces alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, suspender la obra.
Roberto Quintero, miembro de la comisión, expresó en ese momento que el
alcalde de la ciudad podía suspenderla —a pesar de la aprobación por parte del
Consejo Universitario de LUZ— esto con el fin de preservar los intereses del
municipio, dado que afectaría las vías, los servicios públicos y los
recursos hídricos del sector en vista de su magnitud y que a todas luces era el guiso del siglo.
Esta obra nunca estuvo apegada a derecho y el acto administrativo del Consejo Universitario, quien autorizo a la empres para la utilización de sus espacios a una construcción comercial, sin dudas es súper ilegal.
Estos espacios son un patrimonio público, no puede ser vendido, sólo debe ser administrado, y es sólo el Estado, quien
tiene derecho de expropiarlo o utilizarlo para otro fin de darse alguna necesidad.
Al no tener ninguna solicitud de permisos para
construir, la Alcaldía de Maracaibo ordena en dos (2) oportunidades la paralización de la
construcción a través de la Oficina Municipal de Planificación Urbana
(Ompu), pero la orden no es acatada.
Entonces una Comisión Mixta de la Asamblea Nacional llega
a La Dirección de Cultura de LUZ, donde su director, -para ese entonces- Nemesio Montiel, les manifiesta que no hay ningún tipo de ilegalidad en la obra Ciudad Colorama,
sin argumentar legalmente sus palabras y sosteniendo que con la
construcción no se violaba ni lo patrimonial ni lo cultural de la universidad.
LUZ cedió mediante permuta los terrenos para la construcción de Ciudad Colorama. Solo cuarenta y cinco (45) personas lograron retirar parte del dinero que habían pagado por la inicial de los apartamentos.
La contratista Inversiones 888 CA, propiedad del grupo Moschella, contrató a
Codisan CA, empresa que pertenece a un español llamado Matheus Manuel
Baylina, cuyo nombre no coincide con exactitud con el de su cédula de identidad, ni con su pasaporte.
Aun cuando se ordeno la paralización de la obra, sin embargo la inmobiliaria continuaba vendiendo los apartamentos.
Todavía no se ha responsabilizado a ninguna autoridad de la universidad. Ante esto, Roberto Quintero, diputado de la AN, dijo que desde que se inició la investigación,
el informe de la AN determinó que la construcción era ilegal y que el
Consejo Universitario no estaba facultado para otorgar ese tipo de contrato
mercantil; sin embargo, lo más asombroso es que este informe se concretó
hace tres años y aún no se ha concluido en plenaria.
El actual rector de LUZ, Jorge Palencia, admitió
solo cierta irregularidad en la construcción de Ciudad Colorama, aunque expresó
que no ha recibido oficialmente el informe de la AN que establece que la
construcción es ilegal,
Ha manifestado que están investigando las condiciones de esa
negociación. Pero lo que no dice Palencia, es que era miembro del Consejo
Universitario cuando esta obra se aprobó.
Y estos son los que acusan al gobierno de cualquier aberración que se les ocurra, pero son estos quienes igual forman parte de la gran estafa inmobiliaria que hay en el país. Ojala el Presidente de la Republica y los ministros encargados de este tema, volteen la cara hacia la gran estafa inmobiliaria que hicieron las autoridades de La Universidad del Zulia.
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