Así lo afirma Elinor Cesin, Rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), en entrevista publicada en la sección Cultura del Diario El Universal del lunes 05 de noviembre del 2012, al expresar sus sentimientos sobre la formación de docentes en los institutos universitarios en arte creados entre 1985 y 1992, bajo la conducción del Consejo Nacional de la Cultura y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Se trata de los institutos universitarios en arte que sirvieron de base para la creación en su momento de la UNEARTE que hoy comenzamos a conocer.
Preocupa que tal noticia o denuncia no haya movido la opinión de educadores y del público en general. Que 100 personas hayan estudiado cuatro años en unos institutos universitarios formándose como docentes según una oferta hecha en nombre del Estado venezolano y que, al graduarse, el Ministerio de Educación decida no reconocer sus títulos, es suficiente para que la educación se pare. Porque se ha cometido un crimen tan grave como cualquiera que se califique de lesa humanidad. Se han violado derechos humanos, se niega el derecho al trabajo, se vulnera la dignidad humana y se explota laboralmente a quien se emplea como no graduado siéndolo... Pero esta denuncia, luego de varios días de haber salido al aire no despierta la más pequeña reacción pública. Preocupa la ligereza con la que se expresa tal situación desde el terreno mismo de la educación e indigna que tal horror se lance al aire con la justificación de ser “una más de la Cuarta”.
El problema, según palabras de la rectora Cesin, está en la denominación del título que, en el ejemplo dado, dice “Licenciatura en Danza, mención docencia” y debería decir “Licenciado en Educación”, como es la denominación del título que actualmente otorga la UNEARTE. También afirma la rectora Cesín que esos ciudadanos fueron formados mal, razón por la cual la UNEARTE ya tiene la solución: “tenemos una propuesta para hacerles un reconocimiento, unas acreditaciones, porque hay diferencias. Ellos van a tener que ver algunas materias y se les convalidará el título”.
Veamos la realidad. Esas carreras docentes de los viejos institutos universitarios de arte fueron creadas a principios de los años noventas del siglo pasado y dentro de la Ley Orgánica de Educación-1980. El artículo 77° de esta ley establece que son profesionales de la docencia los egresados de los institutos del nivel superior con finalidades de formación y perfeccionamiento docente. El contenido de este artículo es ratificado en el artículo 2° del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente-1991. Según estos artículos la graduación en una institución de educación superior con la finalidad autorizada para formar docentes, es la única condición académica para ser profesional en este campo. Los institutos universitarios tenían esa finalidad y estaban autorizados para realizarla. En ningún lugar de estas leyes se exigía una denominación determinada para los títulos que certifican a los docentes graduados. En cambio, esta exigencia aparece en una disposición de jerarquía menor a las leyes mencionadas y en el año 1996: la resolución ministerial N°1 sobre Directrices para la formación docente, firmada por el ministro Antonio Luis Cárdenas Colmenares. El numeral 12 de esta resolución, en la sección sobre títulos y certificados, establece las opciones de títulos de licenciado de educación y profesores para el ejercicio de la función docente. Esta resolución agrega en el parágrafo único del numeral 13, que “en caso de las menciones para la enseñanza de la música, las artes,… el docente debe estar capacitado para atender, en su especialidad, los programas de cualesquiera de las etapas de la Educación Básica”. Es decir: que los docentes de arte pueden tener títulos diferentes a los mencionados, pero deben tener capacitación en la especialidad. Y los institutos universitarios cumplían estas condiciones las cuales fueron certificadas por el CNU.
¿Cuál es la razón para que el Ministerio de Educación desconozca los títulos docentes de los institutos universitarios de arte? Nada en las leyes que aquí se mencionan soportan esta decisión. Desde mi simple opinión, creo que nos encontramos frente a un caso de abuso de poder burocrático que permite a unos funcionarios públicos erigirse jueces y decir sobre la vida, los derechos humanos y los derechos laborales de 100 personas.
Este es un hecho grave, en el que la Defensoría del Pueblo debería tomar cartas en el asunto y salir en defensa de esos cien débiles jurídicos, llevando el caso a tribunales, pues se está jugando con la vida de la gente. Este es un problema que debe preocupar al CNU, a OPSU y al Presidente de la República pues son esas instancias del Estado las encargadas de aprobar y autorizar el funcionamiento de los servicios educacionales universitarios del país. Unos ciudadanos están siendo lesionados en sus derechos fundamentales y a nadie la cabe en la cabeza que sean las víctimas quienes paguen el crimen que los victimizan.
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