En las últimas semanas, diversas autoridades de las Universidades Autónomas han buscado conexiones con miembros del Tribunal Supremo de Justicia (que son profesores jubilados de las mismas universidades) para intentar que salga una decisión o sentencia por parte del TSJ para permitirle a estas instituciones realizar los procesos para elegir a los rectores y decanos con base en la vieja Ley de Universidades de 1970.
Con esa decisión del TSJ se violentaría lo que establece el artículo 34 de la vigente Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2009, que dice en su parágrafo 3°:
“Artículo 34
En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:
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Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”.
Lo que están buscando los rectores de las Universidades Autónomas, todos miembros activos de la oposición política a la revolución bolivariana, es impedir el derecho al voto de los empleados y obreros universitarios, y mantener el voto estudiantil en la misma proporción establecida en la ley del 70 (40 votos estudiantiles equivalentes a 1 voto profesoral, aproximadamente).
De ejecutarse esa posible sentencia del TSJ, se echarían por tierra los fundamentos de toda la transformación educativa impulsada por el presidente Chávez, sería una bofetada en la cara para los estudiantes, empleados y obreros de las universidades autónomas, y se regresaría a la vieja y caduca institucionalidad universitaria en la cual son los profesores los amos y señores del proceso educativo, sin ningún tipo de contraloría ni participación del resto de sectores universitarios.
Alertamos a la opinión pública, y advertimos al propio gobierno bolivariano, sobre estos manejos de trastienda que realizan las elites opositoras que dirigen nuestras universidades, llamando a la movilización de todos aquellos, profesores, estudiantes, empleados, obreros y egresados, interesados en que las universidades venezolanas , por fin, se transformen y se pongan a tono con el proceso democratizador que ha vivido nuestro país a partir del proceso constituyente de 1999.
Admitir elecciones en base a la vieja ley de 1970, sería la clausura de cualquier intento de transformación universitaria, sería convalidar en el poder a las elites derechistas que se han posesionado de las universidades autónomas, y sería darle la espalda a todos los miembros de la comunidad universitaria que han creído en el mensaje transformador de la revolución bolivariana.
Los actuales rectores y decanos ya tienen varios años de vencidos sus respectivos períodos, en algunos casos han cumplido el doble del período para el cual fueron electos, y por tanto están en sus cargos en condiciones de dudosa legalidad. Es un reto para el gobierno bolivariano resolver este problema de legalidad en las principales casas de estudio del país. Puesto que la LOE es una ley orgánica, el ministerio respectivo, en este caso el MPPEU, estaría facultado para dictar el reglamento electoral, aplicable para todas las universidades del país, que regule lo establecido en el artículo 34, parágrafo tercero de la Ley de Educación.
Hay que salirle al paso a esta nueva maniobra de la derecha universitaria, y propiciar de una buena vez la democratización de nuestras mayores instituciones de educación superior.
Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 09 de febrero de 2014.
