Con apoyo en redes sociales de la periodista opositora Ybeyise Pacheco, grupo adeco "Impulso 10" y su jefa Tammy Suarez, presidenta del centro de estudiantes de la EEPA - UCV, exigen expulsión inmediata del profesor chavista Jesús Silva, permanente defensor de la Constitución Bolivariana en medios de comunicación nacionales e internacionales.


Faltaría saber si la respetable Rectora de la UCV, Cecilia Arocha, o a nivel decanal, se está de acuerdo con los actos de odio ideológico, discriminación política y persecución que se comenten en niveles inferiores como ocurre por ejemplo contra este servidor quien tiene más de 4 años como profesor contratado ininterrumpidamente en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela (EEPA-UCV) pero a quien desde hace semanas se le impide dar clase por ser de izquierda y aparecer en prensa, radio y tv como abogado constitucionalista en defensa de la Constitución Bolivariana.

Todavía puede la rectora demostrar que no convalida irregularidades a nivel subalterno, porque venezolanos somos todos y tenemos los mismos derechos ante la Constitución, más allá de diferencias políticas. Falta por conocer la opinión de Eladio Hernández, Director de la EEPA-UCV, y saber si presume la inocencia de los profesores, incluyendo los chavistas, como lo manda el artículo 49 de la Constitución.

El caso es que en pocos días, cinco apariciones en CNN, así como en Al Jazeera (inglés), Globovisión, en VTV, Voz de América, ANTV, Televen, Unión Radio, etc; fueron demasiadas apariciones del abogado constitucionalista condenando las guarimbas y fundamentado las sentencias controversiales emitidas por la Sala Constitucional del TSJ.

Consta de los centenares de “tuits” con odio que me envíaron, que mis declaraciones irritaron a las minorías intolerantes que han instalado dictaduras en muchas universidades. El pase de factura política tenía que ocurrir contra nosotros. Así comienza esta historia sobre el intento de linchamiento administrativo contra docentes revolucionarios, basado en la acusación cretina de raspar a estudiantes según parcialidad política, acoso y adoctrinamiento inculcando el marxismo en vez del pensum universitario. Llevan pancartas y exigen la destitución vía Twitter. Una tal periodista Ibeyise Pacheco les da retweet. Tenemos las fotos.

Allí donde se realizan pupitrazos y se impide la continuidad de las clases, donde profesores hacen proselitismo político inspirado en odio anti-izquierdista. Allí donde se enseña a odiar al pobre, al negro, al chavista, al feo, al comunista, allí donde por razones de procesos administrativos y judiciales, no vale la pena decir nombres, por ahora; se afianzó una trinchera de la intolerancia política y odio ideológico donde se pretende destruir el honor y la reputación de los revolucionarios. Es un caso particular que se inserta en una situación general que afecta a toda Venezuela.

Actos de odio por motivos políticos se multiplican cada vez más en las universidades y la época actual podría ser la peor desde que quien suscribe empezó la docencia universitaria en enero de 1998. La sombra de la discriminación política, social y racial pareciera apoderarse de la casa que históricamente estaba llamada a vencer con la fuerza de su luz.

No es casual que las mayores fuentes de conflictividad social que afectan a nuestro país, sean actualmente la población de privados de libertad y sectores universitarios. Es la destrucción sistemática de los valores de la paz, la pluralidad, la democracia, la convivencia, la tolerancia, el respeto a la diversidad y el uso del diálogo como instrumento de la política lo que ha instaurado un régimen de violencia en varias casas de estudio.

Cuando semanas atrás, vimos el linchamiento contra el estudiante de la UCV, William Muñoz, por el sólo hecho de ser chavista; llegamos a la conclusión de que los promotores del odio político habían inoculado exitosamente su veneno en la conciencia de miles de jóvenes que celebraron este salvaje y cobarde hecho criminal.

Por esos mismos días, publicamos un testimonio sobre el asalto a nuestra antigua residencia, donde una banda delictiva armada retuvo por tres horas de interrogatorio a nuestra madre mientras indagaban sobre nuestro paradero para ajusticiarnos, según ellos, por decir mentiras en la tv a favor del gobierno.

Tales agresiones y amenazas no son hechos aislados, por el contrario, años de política revolucionaria errada en las universidades han facilitado que minorías intolerantes contagien de odio anticomunista a multitudes estudiantiles y logren el control de muchos organismos representativos en las universidades, tanto a nivel estudiantil como profesoral, con la finalidad de emprender vastas persecuciones políticas. De allí que desde que estallaron las guarimbas en febrero de este año, la estrategia de los grupos intolerantes sea eliminar todo rastro de chavismo universitario.

Difamación vía Twitter y redes sociales, injurias pintadas en paredes, y el temerario intento de fabricar expedientes administrativos para sancionar por faltas inexistentes, son el pase de factura y ataque cobarde contra los profesores revolucionarios que nos atrevemos a defender públicamente el actual proceso bolivariano de justicia e inclusión social en Venezuela.

Quienes pretendan torcer las normas y manipular instancias universitarias para fines de terrorismo o fascismo administrativo contra docentes socialistas, deberán asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales por su grave conducta antijurídica. Rendirnos ante el amedrentamiento, chantaje o la extorsión de los enfermos de odio político, no es una opción válida para los revolucionarios.

En nombre de la libertad de pensamiento, la democracia y el pluralismo ideológico que tiene previsto nuestro texto constitucional. Ni renunciamos ni nos renuncian.