El proceso que debe conducir a la firma de la II Contratación Colectiva Universitaria (II CCU) ha estado violentado desde un inicio por las maniobras de la burocracia gubernamental y del sindicalismo patronal que se identifica ahora como FTUV. A esto se suman las maniobras politiqueras provenientes de la FAPUV, que pretenden desembocar todas las contradicciones presentes en un movimiento para derrocar al gobierno bolivariano. Ante esta realidad aporto algunos comentarios, que se complementan con lo ya expresado en fecha reciente (ver artículo “Opiniones sobre la II Convención Colectiva Universitaria).

El ministro Manuel Fernández se presenta por TV con argumentos de aparente amplitud, pero que ocultan una formulación tramposa realizada en diciembre por él mismo como condiciones para instalar la convención colectiva. Haber exigido que las distintas federaciones presentaran una única propuesta de contratación colectiva, era una exigencia destinada a prolongar indefinidamente la instalación efectiva de las mesas negociadoras. Todos sabemos las profundas diferencias existentes entre las federaciones de trabajadores universitarios, particularmente la falsa polarización que se presenta entre la nueva FTUV y la FAPUV. Poner como condición que esos extremos polarizados convergieran en un solo proyecto de contrato era pedir un imposible, el cual sin embargo milagrosamente se consiguió en abril pasado.

La ruta legal de todo proceso de contratación cuando existen distintas representaciones sindicales que se abrogan la mayoría de trabajadores, es recurrir a un referéndum. De esa forma se resuelve cuál proyecto de contrato es el que se discutirá, pues el referéndum determina cual federación es respaldada por una mayoría de trabajadores. Pero el gobierno (tanto el MPPEUCT y el Mintrabajo) ha evitado ese camino legal del referéndum porque sabe que lo perdería incluso ante las federaciones bolivarianas que no están integradas en la federación patronal. En cambio han tomado el camino de prolongar al infinito el período previo de instalación, por razones que desconozco pero que en todo caso revelan una mala voluntad gubernamental al momento de afrontar este proceso de la II CCU.

La otra exigencia del ministro, que las federaciones designen cuáles son sus representantes en la mesa, también es una trampa derivada de la anterior. Generalmente esas designaciones se realizan con el concurso del ministerio del trabajo, en base a negociaciones políticas entre los actores sindicales involucrados. Pero la federación patronal ha jugado a la anarquía, tratando de sacar de la negociación a sectores que ciertamente son opositores (como lo es la FAPUV), pero cuya exclusión de la mesa negociadora conduciría inmediatamente a un conflicto huelgario nacional. Pareciera que esta estrategia de provocar una huelga fuera el centro de la política gubernamental, tal vez tratando de enredar el panorama político nacional y buscando alternativas ante las próximas elecciones legislativas que no les auguran muy buenos resultados.

Esta estrategia de excluir a FAPUV de la contratación, con el argumento de que son opositores, etc., etc., etc., es altamente contradictoria con la política de estado mantenida durante 16 años por el chavismo de darle religiosamente todos los años un sustancioso presupuesto a la élite derechista que controla a placer las universidades venezolanas. Si hay enemigos en las universidades, pues esos son los rectores, decanos y una elite derechista firmemente anclada dentro de las estructuras de poder universitarias, elite derechista que ha sido mantenida generosamente por miles de millardos de bolívares del abultado presupuesto universitario, mayor que el de casi todos los estados de Venezuela. Contra esa elite derechista el chavismo no ha sido capaz de aprobar una nueva ley de universidades que por lo menos intente dificultar ese control burgués universitario, desperdiciando tres períodos con mayoría parlamentaria. No tienen moral alguna para venir ahora a arremeter contra los intereses de más de 200 mil trabajadores universitarios, propiciando una huelga nacional al excluir a Fapuv de la discusión de la II CCU.

Ha existido una política revolucionaria, bolivariana, transformadora en las universidades venezolanas, pero no de parte de la burocracia roja que sólo se ha mantenido conciliando y financiando a la derecha universitaria. Esta política de genuino cambio académico en función del plan de la patria la hemos desarrollado por cuenta propia centenares de profesores, estudiantes, empleados y obreros universitarios que desde las aulas, laboratorios y pasillos nos confrontamos todos los días con el pensamiento único neoliberal y fomentamos una perspectiva académica que promueve la soberanía nacional, la creación de ciencia y tecnología al servicio de las grandes mayorías sociales, el rescate de nuestros valores culturales nacionalistas, indígenas, afroamericanos, los procesos de integración en Nuestra América en función de la explotación de nuestras riquezas naturales no para el usufructo de las multinacionales capitalistas sino para el desarrollo pleno de nuestros pueblos. Este esfuerzo de las bases universitarias con conciencia bolivariana se ha realizado sin contar para nada con el respaldo del estado. Jamás ha existido un enlace de trabajo entre los ministerios universitarios y de ciencia y tecnología y los colectivos bolivarianos que hacemos vida en las universidades venezolanas.

Un argumento que enarbola la federación patronal FTUV dice que el resto de federaciones participantes en la convención colectiva están ilegales ante el ministerio del trabajo. Pero hay que considerar que la legalización apurada de la propia FTUV en el mes de mayo se debió al evidente respaldo gubernamental con que cuentan. Respaldo que incluso violenta a la propia Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), pues su artículo 387, numeral 8, indica que se debe abstener del registro de una organización sindical cuando “en la junta directiva provisional se incluyan personas que durante el último año pertenecieron a la junta directiva de otra organización sindical cuyo período se venció y no han convocado a elecciones sindicales”. Aunque no tenemos a la mano la junta directiva de la nueva FTUV, se ha difundido por los medios que sus dirigentes principales son las mismas personas que antes dirigían a FETRAUVE, FENASINPRES y FENASTRAUV, federaciones que estaban igualmente ilegales por tener el período vencido y no haber convocado elecciones. Es decir, el Ministerio del Trabajo violó la LOTTT cuando admitió el registro de la nueva federación FTUV. En otras palabras, la ilegalidad que le enrostran a las demás federaciones también la sufren ellos. Lo acertado es haber advertido desde el año pasado que las federaciones debían solventar sus procesos eleccionarios y administrativos para poder participar en la II CCU. No esperar de viveza hasta mayo-junio de 2015 para argumentar la ilegalidad de los otros, cuando en realidad esa misma ilegalidad la siguen teniendo de su propio lado. Este problema habría que buscarle una solución política de consenso, para evitar que prevalezca la estrategia de anarquía que impulsa la FTUV y los ministros involucrados por un lado, y la Fapuv por el otro.

Hay otro argumento del ministro Fernández que necesita ser respondido y desenmascarado. Es la decisión de aumentar “74% a las escalas menores y 30% a los que más ganan” dentro de los escalafones universitarios. Ese argumento echa por tierra el concepto mismo de universidad como institución creadora y trasmisora de conocimientos. Si existe un personal especializado para actuar como universitarios son los profesores en todos sus escalafones. Los obreros universitarios, en su casi totalidad, ejercen funciones similares a cualquier otra institución que no sea universitaria. Los empleados universitarios, en una buena proporción, tampoco requieren de una especialización particular para ejercer un cargo universitario en particular, pues su desarrollo profesional les sirve también para ejercerlo en cualquier otra institución no universitaria. Somos los profesores los que debemos especializarnos, desde el primer año de ingreso como docentes, en nuestras funciones definidas por ley: docencia, investigación y extensión. Los profesores estamos obligados a formarnos con estudios de posgrado, especializaciones, maestría, doctorado, y formación pedagógica, como condición ineludible para permanecer y ascender en el escalafón. Los profesores universitarios estamos obligados por ley a desarrollar proyectos de investigación y extensión (aunque las distintas burocracias universitarias no supervisan esto y toleran la violación de estas funciones por gruesos sectores profesorales). Los profesores universitarios estamos obligados a presentar a lo largo de nuestra carrera docente cuatro trabajos de ascenso, que constituyen investigaciones que aportan a la creación de ciencia y tecnología. Los profesores tenemos la responsabilidad de publicar y trasmitir nuestras creaciones científicas, y de formar las generaciones de relevo en cada una de las áreas de la ciencia. Y nuestra principal responsabilidad como docentes, nosotros contribuimos de manera decisiva a formar todos los nuevos profesionales que se incorporan a la construcción de una patria soberana y socialista. Si el ministro Fernández no está enterado de esto debería poner su cargo a la orden y dejar que otras personas con mayor capacidad asuman la conducción de la política universitaria, de ciencia y tecnología. El querer achatar los escalafones universitarios, de manera que se acerquen los ingresos de los obreros y el de los profesores, implica propiciar el abandono de la preparación académica y científica de los docentes, implica abrir la puerta a todo tipo de piratas e improvisados, implica abandonar los planes de desarrollo económico soberano, pues ninguna ciencia propia se podrá elaborar con trabajadores docentes que no tengan ningún incentivo para ejercer sus funciones como investigadores y extensionistas. Esta política del ministro Fernández encuadra de manera perfecta con el desastre de la política de ciencia y tecnología, con los irrisorios y muy escasos financiamientos hacia proyectos de investigación que tienen plena pertinencia social y científica, con el colapso del programa PEII que ha sido suspendido desde diciembre pasado y que desde hace varios años se expresa como una limosnita que no tiene incidencia alguna en los procesos de investigación científica en el país. El ministro Fernández encuadra en las políticas neoliberales de “proletarización” del conocimiento, muy aplicadas en los países de la Unión Europea en los últimos años, políticas que buscan reducir a los profesores universitarios a simples repetidores de conocimientos refritos, pues los verdaderos centros de investigación científica los controlan y dominan los grandes centros financieros capitalistas. Los pueblos no deben crear ciencia propia para ejercer su soberanía, esa consigna neoliberal resulta que termina siendo aplicada por estos pseudobolivarianos que dominan la política universitaria en Venezuela.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 6 de junio de 2015.