Los enemigos de la igualdad de derechos políticos de todas y todos los miembros de la comunidad universitaria se oponen ferozmente a que cada voto estudiantil sea contado como un voto. Se oponen a la idea democrática básica de cada ciudadano un voto. El argumento que esgrimen es que las y los estudiantes son mayoría, una mayoría aplastante, y que por tanto sus votos siempre terminaría decidiendo quienes serían las autoridades electas de la universidad. Además, suelen agregar que el sector estudiantil es fácilmente manipulable, cuenta que sacan basándose en su experiencia de manipulación que hacen para movilizar a los estudiantes de derecha en contra del Gobierno actual. A la par que vociferan esas estúpidas razones, guardan silencio ante situaciones políticas similares o tal vez peores. Tal es el caso del predominio de los médicos profesores universitarios y su peso en la elección de autoridades, y el caso de la elección de las representaciones indígenas ante la Asamblea Nacional (AN) donde predomina el voto criollo (o alijunas para usar un término Wayuu).
La primera reforma importante del estatuto de la universidad en nuestras tierras fue la implantada por El Libertador Simón Bolívar a solicitud de Vargas. Hasta ese momento los médicos no podían ocupar ningún cargo de autoridad en la universidad. Estos cargos estaban reservados para los abogados y los teólogos. Los médicos ya constituían una parte importante del claustro universitario y se sentían discriminados por la medida que les prohibía ocupar cargos de autoridad. Bolívar oyó el reclamo de vargas y modificó el reglamento de la universidad. El cambio fue casi que inmediato. Vargas resultó seleccionado como el primer médico para ocupar el cargo Rector. Desde ese momento para acá, los médicos han mantenido una hegemonía en las universidades que ofrecen la carrera de medicina. Con algunas variantes más recientes, podemos decir que las y los profesores de las carreras del área de la salud mantienen un predominio casi absoluto en el control de las universidades. No hemos oído ninguna voz dentro de las universidades denunciando esta situación injusta que coloca a las y los profesores de facultades como la de ciencias en una situación de minusvalía política ante un profesor de la Facultad de Medicina. Si extrapolamos a este caso el razonamiento de los enemigos de la igualdad de derechos políticos tendríamos que establecer cuotas por escuela y facultad de manera tal que los votos de cada uno de los profesores no valga un voto sino que sean proporcionales al número total de profesoras y profesores de cada facultad y escuela para evitar el predominio de unas sobre otras. En otras palabras, pongamos como ejemplo a la UCV, el voto de un profesor de la Facultad de Farmacia debería valer menos que un voto de un profesor de la Facultad de Ciencias.
En el Artículo 125 de nuestra Constitución se establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.” Hasta las pasadas recientes lecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, donde la derecha obtuvo un triunfo aplastante, no se había sometido a interpretación ni a discusión este artículo. Hasta ese evento, las diputados y diputados que conformaban la representación indígena ante la AN habían sido todos de organizaciones afectas al chavismo. Tampoco la oposición de derechas había comentado nunca ese artículo, lo cual revela su desprecio por la población indígena. Ahora menos lo cuestiona porque el resultado les favorece. A la derecha, incluida la derecha universitaria antidemocrática, le parece muy bien que una mayoría no indígena decida quienes son los representantes indígenas ante la AN. Esta injusta situación no la cuestionan. Si aplicáramos el mismo razonamiento que le aplican a la población estudiantil de las universidades, entonces solo deberían votar los pobladores de comunidades indígenas en la elección de sus representantes en el Poder Legislativo.
Tenemos así pues que la derecha antidemocrática se opone a la participación de los estudiantes en las elecciones de autoridades universitarias en igualdad de derechos políticos, pero al mismo tiempo acepta que las y los profesores de una facultad mantenga una hegemonía en la elección de autoridades y que los alijunas decidan por los indígenas quienes serán sus representantes en la AN.
