Con la realización de las elecciones de autoridades universitarias en la UCV y la aprobación del reglamento electoral y la convocatoria comicial correspondiente en la Universidad de Carabobo, así como en otras casas de estudio en el país, pienso que pudiera abrirse otra etapa en la historia de las complicadas relaciones entre Universidad y Gobierno durante el "chavecismo". Uso este último término para referirme a un lapso histórico (en analogía al gomecismo, lopecismo, perezjimenismo, etc., términos que designan igualmente a períodos de gobierno, como una vez observó Luís Fuenmayor), que no a una supuesta ideología de Chávez. Tampoco contemplaré al movimiento social y político que encabezó el dirigente político-militar. Más bien me centraré en las políticas hacia el sector universitario que aplicaron los sucesivos ministros y sus consecuencias.
Chávez designó seis ministros de Educación Universitaria. Maduro ha designado hasta ahora otros seis. A ratos, la relación con las universidades formaba parte de una entidad ministerial que agrupaba al resto de la Educación; así como hubo momentos en que se fusionaron las funciones de Ciencia y Tecnología con la atención al segmento universitario. Aunque "el Jefe" (como lo llamara una vez Jorge Rodríguez) tendía a la extrema centralización de las decisiones, lo cual podría hacernos pensar que hubo una sola línea desde el 2000 hasta por lo menos 2013, y desde ese año hasta entonces, estando la presidencia en manos de su bateador designado, sí son notables las diferencias entre esas gestiones. Incluso podría advertirse grandes incoherencias e inconsecuencias entre uno y otro. Y ello, más allá de las peculiaridades de cada coyuntura.
¿O hay algún elemento que pudiera destacarse como una línea coherente de políticas "chavistas" hacia el sector? Se podría argumentar, por ejemplo, el énfasis en el crecimiento de la matrícula, notable en iniciativas gubernamentales como la Misión Sucre, la fundación de la UBV, la ampliación nacional de la UNEFA, la llamada "Misión Alma Mater" que significó la conversión de tecnológicos en universidades experimentales. Puede ser. En este sentido, la propaganda gubernamental durante el "chavecismo" siempre hizo énfasis en la inclusión, y siempre se sacaba a colación unos supuestos datos de cómo se había expandido el número de estudiantes en diversas carreras, especialmente las más tradicionales: Derecho, Comunicación Social y algunas más. Cuando todavía la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) tenía una gran importancia, luego destrozada durante la gestión de Samuel Moncada (2004-2006), el libro de cabecera del director de esa dependencia era un estudio muy completo acerca de los factores socioeconómicos que conspiraban contra la inclusión y prosecución del estudiantado en el sistema de educación superior. La "niña de los ojos" de Chávez, la Universidad Bolivariana, después de ser fundada y alojada en un gran edificio que era de PDVSA, respaldada por un documento que todavía hoy muestra el brillo que alcanzó la epistemología y el pensamiento complejo en Venezuela, cayó en la parálisis más atroz durante un buen tiempo, debido a los pleitos crónicos entre sus autoridades, unas militares, otras, civiles. Un proyecto "bien bonito" volvió a la mediocridad rápidamente, mientras la UNEFA llenaba sus necesidades de docentes con profesores de las "escuálidas" universidades autónomas, que habían descubierto un "tigre" interesante en esa casa de estudios con curiosos ritos militares, como dar "partes" a sus profesores, como si de un cuartel se tratara.
La cantidad, medida en la matrícula, sería entonces el norte de la política del gobierno durante casi 24 años. Pero hasta allí. Porque las penurias presupuestarias continuaron. Sí hubo una actitud positiva hacia el sector cuando en los primeros años se reconocieron y empezaron a pagar las deudas de los gremios universitarios, lo cual significó la erogación de una cuantiosa suma. Pero hasta ahí. En realidad, fue el manejo de ese presupuesto uno de los motivos de choque entre las autoridades de las universidades autónomas y el correspondiente ministro, especialmente Moncada, quien no dejaba pasar una semana sin acusar a los rectores y demás directivos de corrupción o algo parecido que nunca pudo precisar, ni él, ni la Contraloría. La acrimonia del Ministro nunca se correspondió con una acción. Mucho menos, una propuesta universitaria.
Por lo demás, la tirantez entre las autoridades universitarias y el gobierno sí ha sido una constante durante todo el chavecismo. Desde el momento en que la oposición ensayó sus diferentes versiones de la vía insurreccional para derrocar a Chávez o a Maduro (golpe de Estado, paro nacional, saboteo petrolero, guarimbas, marchas para "La salida", el "mantra" del gobierno interino, etc.) y las autoridades convirtieron los Consejos Universitarios en una célula de las sucesivas denominaciones de la oposición (Coordinadora, MUD, etc.), subordinando el funcionamiento normal de las Casas de estudios en recurso de lucha contra el gobierno.
Esa tensión (explosiva a veces) dañó más a las universidades que al gobierno, vale decirlo. En este sentido, la gestión de Luís Acuña fue un remanso de paz, que incluso dio pie a algunas discusiones entre sus asesores acerca de la posibilidad de agregar como temas a las políticas universitarias asuntos como la calidad, la evaluación y hasta la "autonomía responsable", materias que en otras experiencias de gobiernos progresistas (por ejemplo, en el Ecuador de Rafael Correa, durante 2010) tuvieron avances significativos, plasmados en una nueva Ley Orgánica de Educación Superior en ese país. En Venezuela, no. Nunca hubo un proyecto de nueva Ley de Universidades que fuera sinceramente llevada a debate entre todos los involucrados. Solo se concretó una Ley Orgánica de Educación que intervenía de hecho el asunto universitario con su mandato de hacer participar a empleados y obreros en la elección de las autoridades, y una iniciativa risible de un ministro, de gestión afortunadamente corta, de nombre Edgardo Ramírez (2010-2011; duró poquito), quien ideó un texto legal que el propio Chávez vetó por impracticable, ultracentralista, autoritaria, antiautonómica. Aquello más que un error, fue una estupidez.
Mientras tanto, un rasgo constante de lo que pudiera llamarse "política chavista universitaria" se implementó con el paralelismo. A la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, le respondió un ARBOL, que agrupaba a los rectores designados de las universidades experimentales. A los gremios tradicionales de las asociaciones de profesores, se intentó responder con "sindicatos profesorales" que nunca levantaron cabeza porque era evidentemente un invento del patrono. Esa política culminó con la vergonzosa firma de los gremios gobierneros de un convenio que al día de hoy no se le ven los frutos.
Hablando de incoherencias, una de las más graves, y que es síntoma de que en realidad no se tenía ni puta idea de qué hacer con las universidades, se vincula con el tema de la relación de las altas casas de estudio con el sector de Ciencia y Tecnología. Este último, se ganó un ministerio aparte, en cuyo debut intentó dar un "salto" (voluntarista y asistencialista, como todos los de Chávez) con la llamada "Misión Ciencia". Las incoherencias no solo se notaron en la adscripción posterior del sector al Ministerio de Educación Universitaria, que pudiera tener justificación porque la mayor proporción de las investigaciones científicas en este país se da en las universidades, sino en la discusión a cerca de quién administraba y con qué criterios se administrarían los recursos de un impuesto (completamente justificado, sea dicho de paso) y del Fondo de Ciencia y Tecnología. Cabe decir que en esa "Misión" y en FONACYT se emplearon varios "millarditos", pero aquí seguimos, tan dependientes tecnológicamente como siempre. Ni siquiera se fue coherente en la política del software libre y las frases alusivas a la construcción de un "gobierno electrónico". Planteamientos con mucho sentido, se convirtieron en paja y motivos de despilfarro (para no hablar de corrupción).
Con Maduro fueron ministros Pedro Calzadilla (2013-2014), Ricardo Menéndez (2014), Jheyson Guzmán (amigo de Tarek El Aisami; 2014-2016), Hugbel Roa (2017-2019), también compañero estrecho de El Aissami y con quien las denostadas autoridades universitarias llegaron a un acuerdo por el cual éstas recibirían unas primas extraordinarias en dólares que irritaban al resto del profesorado por el estado de indigencia en que la crisis los había sumergido (obligándolos muchas veces a irse del país). También con Roa, según se dice, se llegó a un acuerdo para impulsar el reglamento electoral y sacar del punto de muerto las elecciones universitarias, con el impasse entre los rectores de las autónomas y el TSJ. Luego siguieron César Trompiz (2019-2021) y Sandra Oblitas en 2023. Aparte de lo cortico de los períodos de estos ministros, no recuerdo algún logro. Bueno: allí están las famosas "Aldeas Universitarias" para constatar la continuidad de la gestión basada en la amplificación de la matrícula. Rigoberto Lanz ya decía, por allá por 2008, era "una pobre educación para pobres".
Pero, cabría preguntarse: y del lado de las universidades, ¿qué se avanzó? Repito lo que he escrito en otras oportunidades: por lo menos en la UC, hubo un avance interesante en la producción científica (en parte estimulada por el financiamiento que en una primera etapa facilitaba la "Misión Ciencia"), en la apertura de postgrados (doctorados y maestrías), en la edición de revistas, en proyectos dirigidos a la comunidad, durante los primeros años del siglo. En esto, más que logros de autoridades concretas, fueron realizaciones de grupos de universitarios íntegros. Ecos de esos esfuerzos todavía se sentían antes del año terrible de 2020 con su pandemia. De ahí para adelante, fue el diluvio…y sin Noé ni arca. Ya nos referimos a las actitudes "insurreccionales" y "militantes" de las autoridades ¿Qué más podía salir de ahí?
Hoy, hay que saludar las elecciones universitarias como signo de una normalización institucional deseable. Además, hay que insistir en la lucha por la autonomía administrativa. En lograr mejorar los ingresos de los docentes. Resolver el problema de la seguridad social y la salud de la comunidad universitaria. Bregar por mejorar el presupuesto y recuperar los niveles de producción científica. Tratar de salir de esta muerte con algo más que voluntarismo: con una voluntad política compartida, claro, pero también con ideas claras y factibles. Incluso, es tiempo de pensar en una nueva Ley de Universidades o del sector, incluso se puede aprender de las experiencias de evaluación institucional, apoyo internacional, mejora de la calidad y autonomía responsable con presentación de cuentas (sea dicho de paso, recuperar o reconstruir datos). Debatir los grandes temas nacionales como son la recuperación de la Constitución, el modelo de desarrollo, la superación del rentismo, la grave situación social y económica, la crisis humanitaria que ha llevado a un éxodo nacional importante, etc.
Pero quien no evalúa lo vivido, quien no sabe de dónde se viene, nunca sabrá a ciencia cierta a dónde va.
