En esta semana que termina la estrategia opositora ha contado con la incorporación de las autoridades universitarias y de sectores del profesorado, tanto de universidades públicas como privadas. Pensamos que las consignas de libertad y democracia que los universitarios vienen enarbolando, deben asumirse por los revolucionarios para promover un debate al interior de las mismas universidades autónomas y privadas.

Hay algunos aspectos que merecen ser resaltados:

¿Quién elige a los rectores de las universidades privadas? Aquí en Maracaibo, la Universidad Belloso Chacín (URBE), una de las más belicosas en las protestas, tiene el mismo rector desde que fue fundada, hace unos 20 años, el ex-diputado copeyano Oscar Belloso. Igual debe ocurrir en el resto de universidades privadas del país.

¿Existe libertad de cátedra en las universidades privadas? ¿Hay intelectuales revolucionarios impartiendo clases en esas instituciones? La respuesta debe ser negativa. Las universidades privadas no contratan intelectuales ni investigadores de izquierda, salvo alguno que otro izquierdista “light” que generalmente son tecnócratas y neoliberales.

¿Hay democracia en la forma de elegir a los rectores en las universidades autónomas? El voto de un profesor vale lo mismo que el voto de 50, 60 y hasta 80 estudiantes. Los empleados y obreros universitarios no votan ni tienen representación en los Consejos Universitarios.

Los Consejos Universitarios concentran todo el poder, se pagan y se dan el vuelto. No existe contrapeso o equilibrio de poderes. Los CU designan, por ejemplo, a las comisiones electorales. Cuando las comisiones electorales deciden algo que no es apoyado por la mayoría dominante en el respectivo CU, proceden a destituir a la comisión electoral, y designan otra más dócil y obediente. Así ha ocurrido en LUZ en varias oportunidades en años recientes. En diciembre de 2005, la comisión electoral de LUZ desproclamó al cuerpo rectoral; el consejo universitario procedió en menos de 24 horas a destituir a esa comisión electoral, y nombró a otra que nuevamente proclamó al actual cuerpo rectoral. En las elecciones rectorales del 2000 ocurrió algo parecido.

¿Hay transparencia en la ejecución presupuestaria de las universidades autónomas? Las universidades autónomas ejecutan anualmente varios centenares de millardos (LUZ 600 millardos, ULA 400 millardos, UCV más de 700 millardos). Incluso las universidades privadas reciben subsidios del estado venezolano. El gasto presupuestario es discrecional de las autoridades rectorales y consejos universitarios. Incluso hay una especie de “partida secreta” para cada autoridad rectoral, bajo la denominación de “gastos de representación”, que alcanzan a varios centenares de millones al año.

¿Quién evalúa a los docentes universitarios? El gobierno bolivariano acaba de aprobar un nuevo aumento de salarios para el personal universitario. Pero resulta que en las universidades nacionales un cierto porcentaje de los docentes “echan el carro” en sus responsabilidades docentes, mantienen cargos en otras instituciones o ejercen su profesión libremente aún siendo a dedicación exclusiva. El sector burocrático que gobierna las universidades autónomas, integrado por unos 200 profesores por cada una de las instituciones, se reparten todos los cargos directivos mediante componendas entre los distintos grupos mafiosos que se ocultan en una pretendida “academia”, generalmente no dictan clases porque les dan permiso para ello, y tampoco investigan ni realizan extensión (y, por supuesto, cobran además la respectiva prima directiva). En LUZ, los profesores que son responsables del programa Francisco Ochoa, plan educativo del gobernador golpista Manuel Rosales, nos han informado que cobran dos millones de bolívares mensuales además de su respectivo sueldo como docentes.

Los profesores jubilados deciden las elecciones rectorales. En las universidades autónomas, más de la mitad de la nómina docente está conformada por jubilados. Estos tienen derecho a voto, aunque desde hace años o décadas ya no tienen nada que ver con el quehacer académico de la institución. Sus lealtades políticas son de la cuarta república, y siguen respondiendo al clientelismo adeco-copeyano que ejercieron mientras eran docentes activos. El cuerpo rectoral de las universidades autónomas termina siendo designado por individuos que nada saben de la realidad universitaria actual. Si un doctorado o maestría tiene un plazo de 4 ó 5 años para culminarse, por aquello de la actualización del conocimiento, con mucha más razón los jubilados no deberían tener derecho a votar, pues su obsolescencia académica tiene en algunos casos más de dos décadas.

Las autoridades universitarias son políticos profesionales. En LUZ, quienes ejercen cargos rectorales no son precisamente quienes se han destacado como investigadores y representan a la excelencia académica. Ser presidentes de cajas de ahorro e institutos de previsión parece ser la norma para aspirar a dirigir el principal centro de producción y transmisión de conocimiento del occidente del país. El currículum de los dirigentes universitarios carece de investigaciones, de publicaciones, de pertinencia social.

Las autoridades financian sus propios grupos armados. En LUZ se llegó incluso a cancelar una beca mensual de Bs. 300.000 a un grupo de 40 estudiantes “violentos”, durante un lapso aproximado de 18 meses. Esta información, con lista y todo de beneficiados, la tienen diputados bolivarianos de la AN que, lamentablemente, han optado por ocultarla. Aparte de esta vacuna “oficial”, cada grupo o mafia profesoral tiene su propio grupo de choque, reclutado entre las bandas delincuenciales que controlan el narcotráfico, el robo de vehículos y el cobro de vacuna dentro de la universidad.

Los grupos profesorales han pervertido a los movimientos estudiantiles. En las universidades públicas, los grupos políticos profesorales vienen practicando desde hace décadas un mecanismo perverso de comprar lealtades de los dirigentes estudiantiles a cambio de diversas prebendas dentro de la misma institución. Los apoyos electorales a determinados candidatos han sido pagados luego con permisos y facilidades para montar empresas dentro de la misma universidad (lo más común son fotocopiadoras y centros para dictar cursos “chimbos” con los cuales se estafa al estudiantado), dándoles locales y oficinas en el recinto universitario, empleos en cargos administrativos y hasta concursos para ingresar al personal docente. El mecanismo más utilizado es el simple reparto de dinero entre los directivos del grupo estudiantil respectivo, dinero que generalmente proviene del propio presupuesto universitario. Lamentablemente, algunas instituciones del nuevo estado bolivariano repiten la misma práctica corrupta, intentando montar un pseudo-movimiento estudiantil en base al reparto de prebendas.

La burocracia universitaria quiere introducirse dentro del chavismo. El gatopardismo se expande entre los líderes tradicionales de la burocracia universitaria, los cuales juegan a demostrar su aparente acuerdo con los cambios, con la intención de no perder los privilegios burocráticos que hasta el presente les ha otorgado el control sobre las universidades. La intención de la burocracia va más allá de plegarse a los cambios; su objetivo es encabezar los cambios. Si ello ocurriera, es obvio que las transformaciones serán más aparentes que reales, pues no se afectarían los intereses ni los aspectos que vienen deteriorando a las universidades.

Los gremios universitarios han perdido completamente el norte de su acción. La academia no es prioridad en las luchas gremiales de los profesores, empleados y obreros. Predomina el reivindicativismo más elemental. De esta forma, el perfil académico de la institución se pierde en una lucha de intereses grupales y sectoriales que no resuelven sino profundizan los problemas presentes.

Cada facultad, escuela, departamento, son un feudo aislado de la realidad social. Las universidades han involucionado hasta convertirse en un fin en sí mismo. Los grupos profesorales cooptan el nuevo ingreso docente, y reproducen eternamente los vicios actuales. No hay respuestas a las necesidades populares, se investiga de espaldas a las grandes mayorías sociales. Profesores encerrados en sus aulas y laboratorios predican un conocimiento desfasado que ignora totalmente lo ocurrido en Venezuela a partir de 1998. La transdisciplinaridad imperante en las tendencias epistemológicas actuales está ausente del pensamiento universitario. Cada departamento o escuela defiende y actúa en su parcelita, aislado del resto de componentes de la institución.

La universidad actual no forma profesionales identificados con el nuevo proyecto de país contemplado en la constitución bolivariana. En cinco años, LUZ ha egresado a 33.000 nuevos profesionales. Probablemente la gran mayoría de ellos se han formado sobre la base de los paradigmas tecnócratas y neoliberales que sustentan los docentes que les impartieron clases. Con este tipo de profesionales, difícilmente se pueda ejecutar el cambio de rumbo que implica la revolución bolivariana. La integración latinoamericana a través de iniciativas como el ALBA, el enfrentamiento y ruptura con los centros del poder mundial como el FMI, Banco Mundial y el propio imperialismo estadounidense, la democratización de la estructura productiva del país, la democracia participativa y protagónica, no son prioridades ni valores enseñados en el actual currículo universitario.

El ingreso de docentes responde a lealtades clientelares y a la meritocracia mercantil. Los concursos de ingreso de docentes son negociados previamente en los consejos universitarios, y repartidos entre las mafias burocráticas que dominan la institución. A esto se une la mercantilización de la educación que promueven las universidades privadas, en las cuales se obtienen títulos de posgrado más con los recursos económicos del aspirante que por sus méritos de conocimiento. De esta forma, quienes ingresan como profesores a las universidades son quienes son apadrinados por estas mafias, o poseen los recursos económicos suficientes para tener un currículum bastante gordo. Los pobres, los honestos y los revolucionarios no pueden ingresar como docentes, por más capacidad intelectual y sensibilidad social que posean. Por ello hemos propuesto la valoración cualitativa y no cuantitativa de las credenciales en los concursos docentes, medir su práctica social comunitaria (certificada) y sobre todo su desempeño en las pruebas orales y escritas. Esto puede realizarse por medio de una nueva ley de educación superior que establezca un único mecanismo de ingreso a la carrera docente universitaria.

Probablemente hay numerosos aspectos que se nos escapan de este análisis inicial. Pero lo dicho hasta aquí sirve para iniciar dentro de las instituciones un debate que puede confrontar perfectamente con los discursos que enarbola la oposición. Hay que abrir el frente de batalla en la propia retaguardia del enemigo, dentro de las universidades. La Constituyente Universitaria es el programa de cambios del movimiento revolucionario en la coyuntura actual.

*Prof. de LUZ.
Director de la División de Extensión
de la Facultad Experimental de Ciencias.
Historiador. PPI nivel II.