La Universidad, por mandato constitucional, debe propiciar la democracia y, en consecuencia, ser democrática. También se supone que debe dedicarse a la búsqueda de la verdad con el obvio propósito de ayudar a resolver los problemas que afectan a todos los venezolanos. Estas dos premisas son las que permiten justificar los enormes recursos que la Nación destina para el sostenimiento económico de la educación universitaria. Sin embargo la realidad nos muestra a las universidades nacionales autónomas y privadas como feudos de algunos pocos profesores, quienes pretenden, sin ninguna clase de rubor, que el Estado los mantenga financieramente y sin tener que dar cuentas de sus actividades. Para ello se amparan en un muy laxo concepto de lo que se ha venido en llamar “autonomía universitaria”. Así pues, en la práctica tenemos unos patéticos “reinados” divorciados del resto del país y de las modernas corrientes del pensamiento humano. Mientras las sociedades buscan el fortalecimiento de la democracia con base en la equidad y en la justicia social, nuestras universidades se aferran desesperadamente a un medieval régimen de castas en donde los trabajadores ocupan el último lugar. Fuenmayor desconoce que en muchos de los viejos y conservadores países europeos los trabajadores son tomados en cuenta para la elección de autoridades universitarias: Francia, Italia, Portugal, las monárquicas España y Bélgica, entre otros países, reconocen a sus trabajadores como miembros de pleno derecho dentro de la Comunidad Universitaria y se les permite tener representación en los órganos de dirección universitaria.
El ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro, en un artículo publicado en el diario Últimas Noticias (20 de febrero de 2008), considera un exabrupto “…extender el voto a los trabajadores de las universidades…”. En esta postura se aproxima al pensamiento mucho más reaccionario de Ernesto Mayz Vallenilla, quien llegó a proponer que sólo un pequeñísimo grupo de profesores “notables” constituyeran un senado que se encargaría de seleccionar de entre su propio seno a las autoridades universitarias de la Universidad Simón Bolívar. Ni siquiera los estudiantes tendrían derecho a elegir a los conductores de la universidad. Sin embargo no existen razones valederas para considerar que unos muy prestigiosos profesores académicos sean los únicos que puedan administrar eficientemente a una universidad. La historia pasada y nuestra vida contemporánea nos muestran a ilustres sabios universitarios produciendo armas de destrucción masiva y colocándose servilmente a la sombra del gran capital y en contra de las grandes mayorías.
Tampoco se entiende el temor de Fuenmayor por el voto de los trabajadores (no se refiere para nada al voto universal de los estudiantes), ya que las condiciones para poder ser candidato no las determinan ni los estudiantes, ni los empleados ni los obreros. Pareciera que no entiende que si un profesor es admitido como candidato por reunir las condiciones exigidas, debe tener el pleno derecho a ser considerado potencialmente como autoridad universitaria. Es precisamente el método que defiende Fuenmayor el que, como él mismo lo reconoce, facilita la poca transparencia del acto electoral. Además, mientras más personas participen en un proceso electoral menos posible será manipular fraudulentamente a los electores.
El problema no es que voten los trabajadores, a quienes también les preocupa la Universidad, el problema es la marcada orientación derechista que caracteriza a un grueso sector “académico”. Ellos son los causantes de la elitización de la educación superior, de su escaso patriotismo y de la inmoral exclusión de los estudiantes que no proceden de la educación privada. Estos “académicos” son activos agitadores políticos que lanzaron a los estudiantes a las calles en contra de la reforma constitucional bajo falsos argumentos y, lo que es peor, estimularon a estos jóvenes a defender a un canal de televisión canallesco y chabacano (nada que ver con la academia), a los que engañaron argumentando un cierre que jamás se produjo. Mientras tanto se regocijan con la agresión que sufre todo el país a manos de la Exxon (¿dónde están los estudiantes pro RCTV?). El problema está en la falta de patriotismo y en la insensibilidad social de los “académicos” que defiende Fuenmayor, actitud que explica la escasa contribución, en el tiempo, de las universidades nacionales al progreso de nuestra patria. Requerimos, por el contrario, una universidad más abierta y más identificada con nuestro pueblo, en donde todos podamos entender que cosa es la Academia y en donde ella esté al servicio de todos y no como ocurre ahora, el pueblo al servicio de la “Academia”.
Concluyo afirmando que es mucho mejor que la administración universitaria se parezca a un gobierno republicano y no a una trasnochada monarquía feudal llena de “sabios incomprendidos” dedicados a despreciar a las masas populares y a todos aquellos que no sean considerados “sus pares”.
Enrique Braña
21 de febrero de 2008.