“Dios se fue de la Escuela”. Con esta sensacionalista y sensiblera declaración el cardenal Jorge Urosa Sabino, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, reaccionó ante la aparición de la nueva Ley Orgánica de Educación surgida en Venezuela el pasado 15 de agosto, marcando así la matriz con la que toda la derecha del país valoró la nueva norma jurídica. Se contribuye así a dividir, una vez más, toda la sociedad entre “chavistas” y “antichavistas”, reafirmando que las luchas de clases (que siguen al rojo vivo) se expresan en todos los campos, también el educativo. Reacción, por cierto, enteramente visceral, absolutamente cargada de tirria ideológica, que indica que: o ni siquiera se ha leído a profundidad el texto de la nueva normativa jurídica (dudoso), o que el odio de clase en juego no permite ser objetivo (nos inclinamos por esto). Reacción, por otro lado, que además de movilizar en bloque a la más conservadora y retrógrada derecha local, hizo reaccionar a lo más conservador y retrógrado de la derecha del mundo. Para muestra, la nota publicada en el católico reino hereditario de la real casa de los Borbones –más conocido como España– por el diario El País, titulado “Las trampas de Chávez”, apenas unos días después de conocida la nueva ley, y que marca el talante en juego: “El presidente Hugo Chávez sigue adelante con la progresiva demolición del Estado de derecho en Venezuela en nombre del socialismo del siglo XXI. (…) El texto no sólo se dirige a regular los programas educativos y los centros de enseñanza, sino también a formar a los ciudadanos de la sociedad que se propone construir la revolución bolivariana”.
¿Acaso una ley nacional no está para eso, para regular? ¿Acaso la educación, cualquiera sea, no se dirige justamente a formar a los ciudadanos sobre los que actúa? ¿Podría ser de otra manera quizá? ¿Por qué esta reacción? ¿Qué tiene de tan “maléfica” la nueva ley? En realidad: nada. Es un instrumento que se enmarca enteramente en los lineamientos contemporáneos acerca de la educación como bien público, como derecho humano que impulsan los organismos rectores en la materia (por ejemplo, el Manifiesto “Educación para Todos” de la UNESCO, Dakar, Senegal, del 26-28 de abril de 2000: “La educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida mundialización”). Es decir, la ley está lejos de ser un arma de adoctrinamiento socialista como se la presenta desde la visceral y maniquea visión del mundo de la Guerra Fría, que evidentemente no ha desaparecido de la cabeza de mucha gente, especialmente los ideólogos de la derecha.
La ley, en verdad, ni siquiera habla de formación socialista; de hecho, en ningún lado tan siquiera roza la ideología marxista; muchos menos se la menciona en forma explícita. Muy claramente, en su artículo 1 dice que la educación se realizará “de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores ético humanistas” –¡humanistas!, lo cual es tan amplio que puede dar para todo; humanistas, pero no socialistas, nótese bien–. Se entiende que hay una preocupación social, una búsqueda de igualdades, pero en ningún lado se habla de abolición de la propiedad privada, de construcción revolucionaria de un nuevo orden, de abierta lucha anticapitalista ni antiimperialista, de pueblo en armas defendiendo sus conquistas o algo que pudiera erizar la piel para alguien no familiarizado con un discurso de izquierda. Por el contrario, es una ley bastante “neutra” en términos políticos. Una vez más: ¿por qué esa reacción tan visceral desde la derecha católica?
Dos de los tres elementos que pudieran ser el núcleo de esa abierta oposición de la derecha conservadora: la educación privada y la enseñanza religiosa, se respetan íntegramente. En ningún lugar de la nueva ley queda abolida la enseñanza privada. En todo caso queda claramente dicho que el Estado habrá de regular el ámbito de la educación, incluidos los centros privados, tal como cualquier Estado capitalista hace en cualquier parte del mundo con cualquier empresa privada (¿para qué otra cosa está el Estado sino para fijar normas de funcionamiento? ¿O apostamos por la mano invisible del mercado como principio ordenador supremo?) A propósito: ¿quién reaccionó por la “socialista” medida de la actual administración de Washington cuando recientemente el Estado salió a auxiliar bancos privados en bancarrota o a la quebrada General Motors Company en el medio de la crisis financiera? En materia de educación son más estatistas muchas constituciones de países europeos, por ejemplo, que la de Venezuela. De hecho el Estado venezolano sigue subsidiando a los colegios y universidades privadas con un entre 40 y 70% de su presupuesto general, y la nueva ley no cambia esa situación. ¿Por qué entonces esta reacción de desaprobación?
En cuanto a la enseñanza religiosa, de ningún modo queda condenada ni se promueve un presunto ateísmo de Estado. En todo caso, siguiendo una tendencia moderna y progresista de la humanidad, “el Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Constitución de la República”, según puede leerse en el artículo 7 de la ley. Laicidad, valga remarcar, que está constitucionalmente garantizada en el artículo 59. En Venezuela como en cualquier parte del mundo, una ley de educación debe garantizar que cualquier persona pueda acceder sin discriminación de ningún tipo, ni religiosa, ni étnica, ni de género, ni de nivel socio-económico, a una educación digna, de buena calidad, rigurosa y veraz. Ese carácter universal del derecho a la educación implica que la enseñanza debe ser laica, por ser esa la única opción neutral no imbuida de conceptos religiosos de signo alguno que, en todo caso, pueden derivar en fundamentalismos. Una educación laica y objetiva es garantía, quizá la única, de una sociedad más equilibrada. Y eso es lo que hace la nueva ley, no otra cosa. Que es lo que hizo ya la Revolución Francesa hace más de 200 años atrás, sin ser socialista precisamente.
El tercer elemento de discordia para esta visión conservadora de la derecha que ahora protesta airada no es, en realidad, en modo alguno objetivo sino que asienta en un profundo odio de clase. Así de simple. Ese otro elemento que hace parte del ataque está dado por la ya monotemática acusación de autoritarismo antidemocrático del gobierno bolivariano encabezado por el presidente Hugo Chávez. Dado que la ley toca directamente los medios de comunicación social, a los que incluye como elementos educativos en tanto servicios públicos buscando su regulación, eso es la gota que derrama el vaso y transforma el nuevo instrumento jurídico, según la crítica de toda la derecha, en una demostración de fascismo, de autoritarismo supremo, que sólo servirá para el adoctrinamiento castro-comunista transformando cada alumno venezolano en un potencial pichón de terrorista internacional. Dice la ley en su artículo 9 que “los medios de comunicación social públicos y privados en cualquiera de sus modalidades, están obligados a conceder espacios que materialicen los fines de la educación. [Y además que] orientan su programación de acuerdo con los principios y valores educativos y culturales establecidos en la Constitución de la República, en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente”. ¿Es eso fascismo autoritario? ¿No debe marcar líneas el Estado? ¿Para qué está, si no?
“La Ley Orgánica de Educación –dice en la referida nota el diario “El País”– pone de manifiesto más que otras medidas hasta qué punto el proyecto chavista es tributario de las ideologías autoritarias del pasado, por más que se escude en las invocaciones al futuro. Desde esta perspectiva, no son nuevos los disparates que contiene la nueva norma. La educación no puede ser un instrumento para que los ciudadanos encajen a la fuerza en una sociedad diseñada desde el poder, sino para que sean libres en la sociedad en la que viven”. Hay ahí una (fingida) incomprensión de los procesos sociales (la educación enseña siempre los valores de las clases en el poder, “la ideología dominante es la ideología de la clase dominante”, eso no puede ser de otra manera. Y los medios de comunicación social, ¡ni se diga!). Pero además, en la reacción de la derecha se evidencia su profundo y nada enmascarado odio social, de desprecio por el pobrerío que ahora, mal que bien con la Revolución Bolivariana comienza a levantar la voz, aunque esa preocupación se disfrace de “democrática”: ¿protesta así esa derecha por la propaganda de la Coca-Cola? ¿Protesta esa derecha por las interminables transmisiones de fútbol que ya, por lejos, pasaron a ser la principal droga social, el nuevo “opio” tecnológico con el que se maneja a las masas planetarias? ¿Protesta esa derecha por la descarada propaganda ideológica de CNN? La comunicación de masas, un instrumento que día a día se transforma en uno de los principales agentes de educativos de las sociedades, ¿debe funcionar también regida por la mano invisible del mercado? Dicho sea de paso, según estimaciones de la UNESCO, en pocas generaciones los medios audiovisuales irán reemplazando a la escuela formal en la tarea educativa. ¿Apostamos por la absoluta liberalización del asunto dejando que cada empresa privada de comunicación (léase: las grandes cadenas televisivas básicamente) sean las que eduquen a las futuras generaciones? ¿Optamos por la desaparición del Estado entonces?
La nueva ley, además, contiene importantes mejoras en las relaciones laborales de los trabajadores de la educación. Al respecto, en su Artículo 42 se establece que: “El personal docente adquiere el derecho de jubilación con veinticinco años de servicio activo en la educación, con un monto del cien por ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido en la ley especial [de regulación laboral en el ámbito educativo]”, lo cual representa un paso adelante en términos sociales. ¿Es contra eso que adversan quienes se oponen a la nueva normativa? Seguramente dirán que no, pero en definitiva el espíritu de toda la normativa, enmarcada en el proceso político que vive el país, apunta a eso: al mejoramiento de las condiciones sociales de las grandes masas siempre excluidas. Cuando decíamos más arriba “odio de clase”, pues a esto nos referíamos. ¿Quiénes son los que salen airados a protestar y manifestar en las calles contra esta ley?: por supuesto no son los sectores pobres, los que nunca llegaron a las universidades, los que miran resignados que otros van a centros privados de excelencia. ¿De qué autoritarismo hablamos entonces: el del “dictador” Chávez o el de la dictadura del mercado que mantiene en el límite de la pobreza a grandes masas históricamente marginadas?
En definitiva, la nueva ley de educación surgida en la República Bolivariana de Venezuela, sin ser una abierta declaración anticapitalista, es un paso firme para la construcción de más espacios de participación popular, y el hecho que los medios de comunicación queden más sujetos a control del Estado es, en todo caso, una buena noticia para el campo popular, porque puede facilitar mayor profundización del proyecto revolucionario, en beneficio de los más y no de los menos, obviamente. Si alguien reacciona ante eso… como dicen que dijo don Quijote (cita que realmente no figura en el texto cervantino, pero que vale igualmente): “ladran Sancho, señal que cabalgamos”.
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