Mucho han dicho los oposicionistas sobre el nuevo texto de ley, tanto como nunca habían opinado en todos los años de democracia representativa, y como no hablaron en el momento en el cual, Venezuela ratifico la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando firmo un compromiso de asumir unas normas antagónicas a la ley vigente: De la ley tutelar del menor, en la cual se criminizaba la pobreza y se negaba explicita y sistemáticamente los principios básicos del derecho; a una Doctrina de Protección Integral, que garantizaba la defensa y promoción de los derechos humanos específicos a Todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna, En el Art. 4 dicta la Convención sobre la Participación: La Convención distribuye la responsabilidad de proteger al niño entre tres actores: El Estado, la Familia y la Comunidad. Cuando estos no asumen la cuota de responsabilidad que les corresponde para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos del niño son ellos, los actores, quienes estarán en situación irregular.
Para hacer efectivos los derechos que la Convención consagra es necesaria la plena participación y control de las personas, de las familias, de las sociedades organizadas y del propio niño y adolescente. Solo la observancia de este principio hace posible la creación de los mecanismos efectivos de exigibilidad que garanticen el cumplimiento de los derechos. La Participación de la sociedad como corresponsable de la protección de la infancia, no solo impone la adopción de una nueva ética social y de significativos cambios en la estructura institucional del Estado sino que, de esa participación depende el éxito del nuevo paradigma. La Convención obliga a los Estados parte a formar un sistema de protección con la participación de la comunidad y expresa la responsabilidad prioritaria de la familia como célula fundamental de la sociedad. Este compromiso de Estado esta reflejado en el Art. 5 y 6 de la LOPNA y en el Art. 78 de la CRBV. En el cual se establece la creación de un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Educar para transformar lo negativo del entorno en algo útil, educar para la construcción de espacios que posibiliten, el desarrollo de capacidades y compromiso social, con capacidad crítica y protagonismo democrático, la participación comunitaria, a través de los Consejos Comunales, es a esto a mi manera de entender las posiciones contrarias, lo que les disgusta y lo que combaten en el nuevo instrumento, porque en un futuro los jóvenes que emprendan por si mismos la construcción de su ser, no serán manejables para intereses de otros; la nueva ley no contradice lo que en el año1989 aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto los oposicionistas no lo dicen.
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