Un Estado que no sea capaz de aplicar los términos de la Constitución y las Leyes a todos sus ciudadanos y ciudadanas, pero a sus más enconados enemigos (que no adversarios) con mayor razón, tiene marcado un destino poco alentador. La impunidad ha caracterizado la relación de la Revolución Bolivariana con sus enemigos declarados. A lo largo de estos once años la burguesía venezolana, de la mano del Departamento de Estado, ha conspirado, asesinado personas, ejecutado golpes de estado, sabotajes criminales, utilizado los espacios de poder que aún controlan para lanzarlos contra el gobierno bolivariano, violado la Constitución Bolivariana desde su nacimiento, jugado con las leyes a su libre albedrío, sin que absolutamente nada les haya hecho conocer el peso de la ley.
En su oportunidad, la burguesía y el imperialismo utilizaron el poderoso y determinante espacio de la estatal petrolera PDVSA. Convertida en un estado dentro del Estado, el poder que proporcionaba el control de la más importante fuente de ingresos de la República, fue utilizado grosera y abiertamente contra el propio Estado venezolano. De poco sirvió el anuncio de castigo a los arrogantes meritócratas poco antes del golpe de estado de abril de 2002. No bien concluyó el criminal golpe de Estado, el genocidio real y el intento de magnicidio, la nómina mayor de PDVSA, sus más altos ejecutivos comprometidos con la conspiración fueron restituidos en sus cargos, el resultado no se hizo esperar, esa misma gente fatalmente perdonada montó el criminal paro-sabotaje petrolero. Más que la diligencia revolucionaria, la infinita torpeza de esta contrarrevolución meritócrata la condujo a su castigo. Hoy, al fin, la inmensa mayoría de aquellos meritócratas apátridas están fuera de la industria petrolera sin más poder que el que puedan desarrollar a través de sus desacreditadas intervenciones en los medios de la contra.
Hoy, acaso el más importante foco de contrarrevolución apátrida, se encuentra en ese otro reducto intolerable constituido por las Universidades Autónomas y Privadas convertidas en otro estado dentro del Estado. No siendo suficiente el daño que le infligen a la patria al haber excluido de esos espacios al pueblo humilde reservándolo para la formación de pichones al servicio del capitalismo, generando profesionales envenenados por los antivalores capitalistas, estudiantes desnacionalizados concienzudamente hasta borrar en ellos todo sentimiento de amor patrio, de solidaridad humana o conciencia del deber social, las mafias que han privatizado las universidades con los propios dineros del pueblo se entregan hoy, validos del poder que impune e ilegalmente han amasado, a la tarea de armar su falange, su punta de lanza contra el gobierno revolucionario, contra el proyecto de patria y contra el propio pueblo.
Ya esto sería muy grave por sí mismo porque desde luego aleja cualquier posibilidad de paz social en el futuro más cercano. Un sistema que no se proporciona a sí mismo una educación en los valores que lo animan tiene entre sus manos un cuadro de agitación permanente. Ahora bien, esto, que por sí mismo debería ser objeto de profunda revisión, es dolorosamente intolerable cuando ocurre en el marco de la violación impune de la Constitución y las Leyes. Esa misma Constitución y esas Leyes que, desde el Presidente de la República hasta cualquiera de los altos funcionarios, juraron cumplir y hacer cumplir.
Veamos:
Los artículos 102, 103 y 109 de la Constitución Bolivariana establecen que: a) “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria… El Estado la asume como función indeclinable… Toda persona tiene derecho a una educación de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones… El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo… El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la nación”
A la luz de los mandatos constitucionales referidos, ¿en qué lugar el Estado concede a las Universidades el derecho a condicionar el acceso a la educación estableciendo mecanismos onerosos o de otra índole a cualquier ciudadano o ciudadana?, ¿En nombre de que derecho las Universidades Autónomas establecen costosas pruebas de admisión internas violando la condición de gratuidad e igualdad de condiciones de oportunidades establecidas en la Constitución?, ¿No resulta violación de la Ley de INDEPABIS, ofertar y vender miles de planillas para acceder a las pruebas internas cuando sólo se dispone de unos cientos de cupos?, ¿no es esto una oferta engañosa?, ¿quién o quienes se embolsilla esas decenas de millones?, ¿No ha sido mediante este mecanismo, unido al engañoso mecanismo de igualdad establecido en la PAA, como se fue transformando el componente del estudiantado en esas Universidades hasta convertirlo en los últimos 25 años en el grotesco secuestro de esos espacios para las clases económicamente pudientes?, ¿no fue así que la UCV pasó de 67% de estudiantes provenientes de los liceos públicos, en 1982, a menos del 15% en el 2006, invirtiendo la razón lógica por la razón capitalista?, ¿no ha sido mediante esta macabra combinación que la más cara Universidad de Venezuela (alumno por alumno), la Universidad Simón Bolívar, apenas tiene espacio para un 0.1 % (uno de cada cien) para estudiantes de clase socioeconómica D y E, mientras el 99% lo representa un estudiantado de origen socioeconómico A y B (ricos y clase media alta), ¿no es absurdo que el pueblo venezolano pague los estudios, caros, carísimos, a los pichones de la burguesía, gente con recursos suficientes para pagar sus propios estudios, mientras apenas se le proporciona menos del 10% de esos recursos (alumno por alumno) a los hijos del pueblo que estudian en las Universidades como la Bolivariana, la UNEFA, la UNESR, la UNERG, etc., etc.,?, ¿no se viola con ello el artículo 103 de la Constitución? Un alumno de la Universidad Simón Bolívar le cuesta al pueblo unos 27.000 BsF al año, uno de Misión Sucre apenas 3.000 Bs.F. Uno niñito de estos “manitas blancas” de la UCV, por ejemplo, nos cuesta (me incluyo en el pueblo) unos 24.000 BsF al año. Estos “manitas blancas” no regresarán a devolverle a la sociedad que les ha pagado los estudios, con sus experticias y conocimientos, la inmensa mayoría de ellos terminará prestando sus servicios a grandes empresas, lo harán en prohibitivos negocios particulares o se irán al exterior a ofrecer gratuitamente lo que el pueblo venezolano costeó.
Bien, todo esto tiene que terminar simplemente aplicando la Constitución y la LOE. Igual que a la temible y todo poderosa meritocracia de PDVSA a estas mafias hay que aplicarle la Ley.
a) Estas instituciones no pueden –sin darles más explicaciones- aplicar pruebas de admisión interna. El Estado debe organizar, instrumentar y decidir la admisión a las distintas universidades. (Ya han puesto a la venta las planillas y el Dr. Amalio Belmonte, Secretario General de la UCV, ha dicho, henchido de soberbia, “que sí, que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”
b) Estas instituciones tienen que destinar los recursos que reciben a Investigación que tenga por beneficiaria la patria venezolana y no a transnacionales, tal como lo establece el artículo 109 de la Constitución.
c) Estas instituciones tienen que aplicar de inmediato los contenidos del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, incluido –por supuesto- el derecho a voto paritario de absolutamente todos los miembros de la comunidad universitaria.
¿Qué puede ocurrir con esta grosera dirigencia universitaria y sus pichones?, ¿que vayan a una huelga?, terminarían sufriendo las consecuencias de su propia ceguera… si se declararan en huelga dejarían sin estudios a los hijos de la burguesía y acaso unos pocos de origen humilde a quienes se les resolvería rápidamente el inconveniente. Una huelga universitaria (Universidades Autónomas y Privadas) no afectaría para nada ni al estudiantado pobre ni al pueblo en su conjunto, ellos mismos (como con las guarimbas) se verían encerrados en las consecuencias de su propia soberbia.
Llegó la hora de ponerle el cascabel a este gato miserable. Sin prisas, sin aspavientos, pero con firmeza indeclinable… hagamos que cumplan la ley, lo demás dejémoslo a su propia arrogancia. Como otros antes que ellos, se cocinarán en su propia salsa.
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