Cierto que a Venezuela se la identifica como una sociedad burguesa, o sea, una economía típicamente capitalista. Según esa apreciación, podríamos hablar de un Producto Interno Bruto fabril, de una renta nacional de la cual derivarían las demás rentas laborales y empresariales y tributarias, es decir, los salarios, los impuestos municipales y nacionales, los intereses financieros, la ganancia comercial y los dividendos fabriles, y hasta los fondos de capital para nuestro crecimiento.

Porque, si así fuera, hasta dispondríamos de capital propio y podríamos asumir actividades financieras internacionales. La experiencia desdice todo eso porque, bien miradas las cosas, desde hace más de 70 años, literalmente, Venezuela vive anquilosadamente del petróleo; lo ha explorado con manos ajenas, lo ha recolectado con manos ajenas,   entubado con manos ajenas, y lo exporta hacia otros países. Su valor en dólares mueve la economía nacional de la manera más parasitaria que pueda imaginarse, además de que la mayor parte de esos dólares retornan a los países clientes a los que se les vende este recurso energético.

Nuestra pequeña clase burguesa y la jerarquía políticas y eclesiásticas han vivido con cargo al capital originario de los petrodólares o renta petrolera (RP), y como si fuera poco, Venezuela, lejos de rebajar sus necesidades de financiamiento extraordinario exterior, lo incrementa con periodicidad y constitucionalmente. Basta pasearse por el texto de la vigente Constitución nacional para verificar que tenemos una sociedad regularmente dependiente y prestataria de los grandes fondos financieros internacionales. Desde hace muchas décadas no se elabora un proyecto de Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos que no prevea el “endeudamiento público” con el cual cubrir- descaradamente- parte del crédito ya recibido.

Venezuela, más que un país capitalista es un cliente capitalista con un alto poder de compra derivado de su recolección de materias primas y recursos naturales energéticos. Tanto vive de la RP y sigue siendo el Estado el magnífico empleador que hasta los salarios son fijados al arbitrio y capricho del Presidente de turno, hecho que se viene cumpliendo religiosamente los primeros de mayo de c/año. El tupé de los gobernantes conocidos se ha desbordado cuando inicia una lucha frontal contra el empresario privado en un intento por, en algunos casos, nacionalizar la poca empresa privada que ha operado con capital propio, y en otros casos más “revolucionarios”, dar saltos hacia un supuesto Socialismo sin pasar por el capitalismo que, como sistema, reafirmamos, no ha sido precisamente el modo de vida predominante en nuestra sociedad.

No en balde las actividades comerciales y financieras ocupan los primeros lugares estadísticos en el Producto Interno Bruto. Alrededor de 50% de este PIB es alimentado directamente por la RP, y el resto lo hace indirectamente ya que la mayor parte de la demanda doméstica es efectuada por la burocracia nacional, con el gobierno incluido.

Por esa razón, hablar en Venezuela de explotación capitalista no es muy profesional porque la participación del sector no petrolero carece de vida autónoma, no crea su propia demanda, esta deriva del ingreso petrolero, sobre todo desde los años 40 del siglo pasado cuando se importó la conseja keynesiana de ayudar a unos empresarios carentes de capital propio e incipientes en materia de producción fabril industrial. El capitalismo mercantil ha sido el fuerte de esa modalidad económica.

Desde ese entonces, el Estado se ha volcado hacia gestiones nacionalizadoras, al punto de que sus presupuestos nacionales suelen dividirse en “gastos sociales” e “inversiones”. Este hecho sirve de estriberón al empresario privado para alimentar sus apetitos lucrativos, poco le  ha importado sus pésimos niveles de   productividad ni la calidad de su menguada oferta. Súmese a esto que el Estado se ha mostrado muy elástico en cuanto al facilismo crediticio, y las frecuentes condonaciones de los pasivos empresariales ha beneficiado frecuentemente a un empresariado tartufiano que a tales efectos no se hace esperar. Así como EE UU socorre su banca privada, aquí el Estado socorre a los capitalistas privados y en paralelo y contradictoriamente luego quiere someterlos con leyes y reglamentos que frenan el ejercicio capitalista, libérrimo por excelencia. Este, como sabemos, sólo funciona con máximas libertades, incluidas las especulativas que sólo controla su correspondiente clientela.

El caso más patético se refleja en unas reservas internacionales que sólo garantizan pago de deudas y el país sigue cada año dependiendo casi unilateralmente de la recolección de este recurso natural. Los impuestos, por ejemplo, son parte de la misma renta ya trasegada al contribuyente. Los presupuestos nacionales de Ingresos y Gastos tienen como piso monetario el ingreso petrolero, al punto de que la cuantía de la fuente del ingreso anual queda vinculada al precio del dólar. Este precio, durante los últimos 4 años, ni siquiera responde a criterios objetivos, sino a una supuesta política prudencial ante los vaivenes sorpresivos que viene sufriendo el precio de este energético que es el más demandado, más barato y menos riesgoso hasta ahora.

Prueba de que esta sociedad no ha sido capitalista en términos marxistas, de que su plusvalía ha sido mínima, es que los trabajadores venezolanos de los últimos 70 años, sus asalariados, han venido disfrutando de unas relaciones obreropatronales reguladas por el Estado, desde su jornada, como su salario mínimo, vacaciones, prestaciones sociales, etc., privilegios que ya quisieran los asalariados de las sociedades europeas disfrutar para sí.

20/11/2011 22:19:29