De lo expuesto en mis tres artículos anteriores pretendo alcanzar dos conclusiones básicas: a) PEMEX ha sufrido un grave deterioro en su capacidad de beneficiar el patrimonio nacional del subsuelo, lo que obliga a una profunda reforma estructural y b) que tal deterioro es producto intencional de una trama orquestada desde los organismos financieros internacionales y aplicada puntualmente por la nefasta tecnocracia gobernante de los últimos treinta años. En la primera conclusión existe un amplio consenso nacional, pero habrá que debatir a profundidad la segunda conclusión para lograr los mínimos de acuerdo requeridos para el diseño de la reforma a aplicar.
El Pacto por México signado entre el Gobierno Federal y los dirigentes de los tres principales partidos dispone: “Se impulsará una reforma energética que convierta al sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor”. Excelente postulado en el entendido de que el crecimiento económico del que se trata es el de México, dado que en los últimos años se ha tratado del de los Estados Unidos.
En el nivel de las acciones el Pacto define: “Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación. Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de los hidrocarburos”. Vale la confirmación de lo establecido por la Constitución, pero ya se muestra la posibilidad de que terceros realicen las tareas de exploración y explotación de pozos.
Agrega el Pacto: “Se realizarán las acciones necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el sector energético y fiscal, para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial”. Suena bien la propuesta pero lleva implícita una contradicción con el postulado original: se prioriza la competitividad de la empresa por sobre su papel como promotor del crecimiento económico nacional. Continúa el Pacto: “Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y explotación de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado Mexicano”. Se confirma el afán de contratar con particulares la tarea que es sustantiva de la empresa pública: la exploración y la explotación.
Sigue diciendo el Pacto: “Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX”. En efecto, no se privatizarán las instalaciones de PEMEX sólo se privatizará la actividad; nadie se pelea por los fierros de las refinerías obsoletas, lo que les importa es el negocio de los combustibles. Esto, además de ser contradictorio con el postulado original y con el espíritu de la Constitución, acarrea el caballo de Troya de la desnacionalización petrolera.
Analizada la letra del Pacto por México en lo tocante a la reforma energética no queda más que confirmar que el afán no es otro que el de entregar la actividad petrolera a los particulares, obviamente extranjeros, en perjuicio del interés nacional, aunque venga envuelto para regalo con una redacción engañosa.
Habrá que dar una intensa lucha en defensa del patrimonio que es de todos. México necesita desarrollar su producción energética conforme al interés nacional y no entregar el recurso natural de excelencia al interés de los particulares y de los poderes externos que los promueven. Se necesita la protesta en la calle y el debate a profundidad en las mesas; hay una historia que muestra el camino a seguir y los errores a evitar, hay que hacerla valer. Está en juego la capacidad de ser una Nación independiente, soberana y próspera.
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