Por varias vías los jubilados de la industria petrolera venezolana han elevado sus quejas al actual ministro de Petróleo y Minería, al presidente y la Junta Directiva de Pdvsa, a los directivos de AJIP (Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera) y FUTPV (Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela) ante la actual situación económica que atraviesan - al igual que todos los venezolanos - la cual ha quedado al desnudo gracias a la actual guerra económica que vive el país.

Son muchos los problemas que se han acumulado en el tiempo en especial el monto de las pensiones devengadas, que como lo hemos señalado en anteriores escritos para esta página de Aporrea, se han congelado en el tiempo.

Muchos pudieran pensar que los trabajadores del petróleo - como se vociferaba en el pasado - después de dedicar largos años de su vida, sacrificar su familia y dedicar largas horas de entrega a la industria que mueve la economía del país, salían ricos o a llevar una dulce vita con las pensiones asignadas.

Esa mentira (que tiene patas cortas) se ha develado en los últimos años y actualmente muestra su verdadero rostro con pensiones de lástima, a pesar de que en Revolución, por la vía de los bonos y atajos salariales, se ha tratado de paliar la situación económica generada por los altos precios y por la hiperinflación inducida que sacude los cimientos de la economía del país y que tiene un trasfondo político (ver índice de la canasta familiar del BCV).

El asunto es que motivados por los reclamos los jubilados de la industria de manera espontánea se han ido organizando, rebasando incluso organizaciones como AJIP y las mismas Federaciones Petroleras, quienes no han incluido en sus contratos colectivos a los jubilados; al contrario de lo que ocurre con otras organizaciones sindicales en instituciones del Estado, como la del Ministerio de Educación con los maestros, profesores universitarios; Ministerio de la Defensa con los militares, Ministerio de la Energía Eléctrica con los trabajadores de la electricidad, Cantv o las empresas básicas de Guayana, entre otras.

Hay mucha tela que cortar en la industria petrolera con relación a los jubilados. Trabajadores de empeño y dedicación, incluso en su mayoría con mucha capacidad para darle todavía al país sus aportes, pero hoy son despreciados y hasta calificados como desechos por algunos “enchufados” dentro de la industria, a quienes se les olvida que algún día también pasarán a ser jubilados.

Actualmente esta masa laboral, cansados de exigir justicia y esperar, podrían tomar acciones de presión impulsados por sus justos reclamos. Han planteado reiteradamente a la actual Junta Directiva de Pdvsa y a su Organización de RRHH, con su rimbombante calificativo de Calidad de Vida, para que revisen su devaluada pensión de jubilación.

Se da el caso de jubilados, ya en avanzada edad y enfermos, a quienes sus pensiones están por debajo del salario mínimo; cosa que es ilegal y exige justicia inmediata. Igualmente está el caso del Fondo de Pensiones de los jubilados de la industria, el cual es todo un misterio y una caja de pandora; por no decir caja negra, término muy acuñado en la vieja Pdvsa de la IV República.







El Fondo de Pensiones de Pdvsa ha resultado todo un episodio de amor y dolor y ha aterrizado en los tribunales norteamericanos (ver caso Illaramendi), por tomar el camino que por herencia se conserva de las viejas trasnacionales y filiales petroleras, quienes jugaban con el dinero de los trabajadores y lo ponían en pico de zamuro en las garras de los fondos buitres y bancos extranjeros a ganar intereses y luego, como “baño de manguera”, eran repartidos entre los jubilados petroleros inspirados en la bonanza de la meritocracia y de la “gente del petróleo”.

Es bueno recordar la información que sobre el Fondo de Pensiones se asomó por los medios de comunicación, incluso en comunicado de Pdvsa. Este tema lo abordamos en anterior artículo para Aporrea y hoy lo traemos de nuevo a colación para la opinión pública.

“Recientemente se dio a conocer la información, de que una Corte de los Estados Unidos, exactamente en el Distrito de Connecticut, designó el abogado John J. Carney, supuestamente, para proteger los bienes congelados del banquero venezolano - norteamericano y ex funcionario de Pdvsa - Francisco Illaramendi, demandado por el desvío de 53 millones de dólares pertenecientes al fondo de pensiones de los trabajadores jubilados de la industria petrolera venezolana.

Más allá de esas triquiñuelas y manejos dolosos, heredados de la IV República, la actual junta directiva de Pdvsa ha tratado por todos los medios de rescatar tales montos. En reseña periodística, escrita por Erika Hidalgo López, se conoció que “el Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) obtuvo una utilidad neta de 2.245 millones en bolívares al cierre del 2012”, esto fue expresado en un comunicado de prensa de la empresa Pdvsa en julio del presente año.

De acuerdo a la información, para las esperanzas de los jubilados congelados de la nueva Pdvsa, “el informe presentado por José Pereira, director ejecutivo de Finanzas y Rafael Salazar director ejecutivo de Recursos Humanos, los activos del fondo alcanzaron un monto de 10.663 millones en bolívares, una cifra superior al 23% de lo registrado del 2011”. (Ver las fechas)

Ha transcurrido (4 años) y desde entonces nadie informa a los jubilados petroleros sobre los intereses devengados por dicho fondo y mucho menos se ha recibido su pago.

Como la actual situación ahoga y no hay tiempo que perder, sería sano que algún vocero autorizado de la Junta Directiva de Pdvsa informe oficialmente sobre el tema; antes de que pescadores en rio revuelto se aprovechen de la situación y de la angustia sentida de una población que hoy ronda los 27 mil jubilados en todo el país. (Sin contar sus familias)

Paralelamente a los intereses del Fondo, del cual por cierto también debe conocer toda la opinión pública y el Presidente de la República Nicolás Maduro, porque parece un secreto bien guardado su operatividad, se debe acelerar su pago y presentar públicamente y a través de los medios de comunicación los estados de cuenta como lo exige la Ley.

La homologación es otro de los retos sobre los cuales se espera se haga justicia para los jubilados petroleros. Su actuación los llevó en el pasado reciente al famoso “bastonazo”, el cual fue reprimido en las puertas de La Campiña por órdenes del presidente de la Pdvsa de entonces. Esta situación no debe repetirse y mucho menos, haber jubilados de primera como los del Ministerio de Petróleo y Minería y de segunda como los de Pdvsa.

En la actualidad la misión de AJIP, Asociación de Jubilados Petroleros creada por las filiales para fines recreacionales, ha sido rebasada y reclama otra misión y otros objetivos adaptados a los nuevos tiempos; por eso no luce descabellada la idea de sindicalizar a los jubilados, para hacer realidad sus justos reclamos en la contratación colectiva petrolera. (CCP)





Toda esta modalidad de desprecio hacia la fuerza laboral que sirvió al país y a la industria petrolera es una rémora que fue trasladada a Pdvsa y hoy ha sido condenada al ostracismo, por la herencia de las trasnacionales las cuales no tienen corazón sino intereses mercantiles y capitalistas.

Esta herencia la estamos pagando hoy los jubilados y por eso se ponen al desnudo las injusticias de la IV República y que ahora en la V arrastran (y me cuento) los trabajadores jubilados de Pdvsa, quienes con mucha razón y apoyados en las leyes de la República reclaman sus derechos y ¡justicia laboral ya!

¡Amanecerá y veremos!