Mañana 2 de diciembre se cumplen 15 años del inicio del Paro Petrolero Golpista que se desarrolló entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, durante más de 60 días, tratando de derrocar al gobierno de Hugo Chávez y de acabar con la revolución bolivariana. El pueblo venezolano soportó estoico más de dos meses de privaciones, y los propios trabajadores de la industria la retomaron para que volviera a funcionar en beneficio de los más altos intereses de la patria soberana.

Luego de derrotado el paro, la industria petrolera fue sometida, supuestamente, a una profunda transformación que implicó, en primera instancia, la sustitución de toda la meritocracia golpista y pitiyanqui que había saboteado la empresa y abandonado sus instalaciones. Luego se produjeron innumerables esfuerzos de formación ideológica y técnica (de los cuales participamos y diseñamos numerosos espacios de formación sociopolítica) orientados a garantizar que nunca jamás volviera a surgir una elite petrolera antinacional como la que se había hundido con el paro.

Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, y con la fuerza contundente de los últimos acontecimientos relacionados con la amplísima trama de corrupción que viene reventando por todas las altas esferas de la empresa petrolera, que todo ese esfuerzo de quince años se perdió.

Lo que está develándose en PDVSA tiene más de una década denunciándose, pero la burocracia gubernamental, aún en tiempos de Chávez y continuando con Maduro, se hizo oídos sordos a lo que era vox populi y se le dieron inexplicables votos de confianza a los que hoy están, por los momentos, detenidos y procesados por múltiples acusaciones de manejos corruptos y antinacionales en la industria.

Según palabras de Maduro hoy, más de 100 altos gerentes de PDVSA se encuentran procesados y la mayoría de ellos detenidos, incluyendo a los que fueron en estos años de gobierno madurista ministros de petróleo y presidentes de la industria, agregando al presidente y directivos de CITGO, a los principales gerentes de las divisiones de Oriente y de Occidente, y de muchos otros proyectos y estructuras de la empresa.

Creo que en el mundo nunca se había presentado una situación similar en empresa petrolera alguna. Reconocer que un esfuerzo organizativo de tres lustros ha fracasado totalmente es algo bastante inusual, sobre todo cuando durante ese período se ha estado pregonando todo lo contrario, destacando los supuestos logros que parece que nunca fueron alcanzados. Es sin dudas un hecho histórico de enorme relevancia y cuya trascendencia está por verse.

Ni siquiera cuando el gobierno de Chávez resistió el paro golpista del 2002-2003 se produjo una detención similar de más de 100 altos gerentes de la industria. Los gerentes pitiyanquis de "Gente del Petróleo" (organización golpista que condujo el paro), que se merecían que cayera sobre ellos todo el peso de la ley, nunca fueron sometidos a los procedimientos judiciales que el gobierno de Maduro se ha visto obligado a ejecutar contra sus propios funcionarios de confianza que por 15 años dirigieron la empresa.

La increíble forma de detención ejecutada contra Delpino y Martínez, con comandos fuertemente armados y asalto a sus viviendas tipo SWAT, como si fueran peligrosos terroristas, cuando hasta hace pocos días eran funcionarios de la más absoluta confianza del presidente Maduro, le quita seriedad a toda esta trama corrupta y termina convirtiéndola en tramoya.

Esto nos lleva a preguntarnos por qué el gobierno de Maduro se ha visto obligado a proceder de esta manera contra un montón de corruptos que todo el país sabía que existían pero que nadie tocaba ni con el pétalo de una rosa. Porque desde las denuncias contra José Luis Parada desde hace una década (realizada por el hoy difunto diputado revolucionario Luis Tascón, defenestrado por el PSUV y por el propio Chávez, y que la señora Varela hoy se adjudica olvidando que ella misma fue artífice del silenciamiento de Tascón y de su muerte inducida por una burocracia que no admite militancias dignas y de mente soberana en sus filas), por lo menos aquí en el Zulia denunciábamos de manera constante en la prensa y televisoras regionales, más incontables foros y conferencias, como se desarrollaba en el estado una mafia contrabandista que naciendo de la alta gerencia de PDVSA y del propio ministerio de alimentación, terminaba en territorio colombiano, con gruesos eslabones en las propias fuerzas militares supuestos custodios de nuestras fronteras.

La detención de José Luis Parada a comienzos de 2015 era un elemento ya suficiente para iniciar toda una purga contra la alta gerencia de PDVSA, sometiendo a investigación al propio Rafael Ramírez y el resto de altos funcionarios de la empresa. Más nada se hizo, incluso en 2016 se corrió la voz de que habían dejado huir a Parada al extranjero, como lo hicieron con Ricardo Coronado, otro de los capos que florecieron en la corrupción mientras dominaron la empresa luego de ser "retomada por la revolución". Hoy hago la pregunta pública: ¿dónde está José Luis Parada y cuál ha sido el desarrollo de los juicios que se seguían contra él y otros altos funcionarios de la industria?

Un amigo dice que esta tramoya anticorrupción se deriva de las presiones del gobierno chino, quienes estando en conocimiento de todo el desmadre imperante en nuestra empresa petrolera, vienen exigiéndole a Maduro garantías de que sus cuantiosos y numerosos préstamos van a caer en buenas manos, además de que es imprescindible que se produzca petróleo en Venezuela pues nuestros pagos son en especies, con barriles a futuro. Obviamente Maduro tiene por lo menos que aparentar que PDVSA tiene futuro, para que puedan pagarse esos barriles en años venideros.

Es evidente que lo visto hasta ahora con estos 100 gerentes de PDVSA procesados y detenidos es sólo la punta del iceberg de una trama de corrupción que se extiende a otras importantes industrias del estado venezolano y a numerosos ministerios e instituciones.

Nadie en Venezuela se va a tragar el cuento de que Maduro se enteró la semana pasada que Del Pino, Martínez y demás gerentes eran corruptos. Recordemos que incluso Maduro llegó a designar a un sobrino de Cilia Flores, Carlos Malpica Flores, como administrador de PDVSA y quién ejercía simultáneamente en 2015 el cargo de tesorero de la nación. Si ese sobrinito no se enteró de toda esta trama corrupta dentro de PDVSA es para sospechar de él mismo como administrador, y es obvio que las investigaciones actuales deberían tenerlo en la mira por lo menos para que aporte todo su conocimiento interno de la empresa que administró.

La bola de "nieve" (para no ser groseros) que se está levantando con esta trama corrupta de PDVSA parece que tiene que expandirse necesariamente hacia otros espacios de la administración pública, pues las malas mañas de los petroleros le "mojaron la mano" a más de uno en otros ministerios incluyendo las fuerzas militares. Dejar las cosas hasta aquí, como se dejaron en el pasado con la detención de Parada en 2015, será simplemente darle una nueva oportunidad de supervivencia para que el cáncer de la corrupción se mantenga y se fortalezca dentro del Estado venezolano.

El mismo Nicolás Maduro debe explicar ante el país por qué no solicitó investigar las numerosas denuncias de corrupción dentro de la industria petrolera, denuncias que siempre apuntaron a la cabeza y que hacían sospechar todos estos años de que el jefe de la banda en PDVSA era el propio Rafael Ramírez, como todo indica (y como confirmó la señora Varela al decir que la investigación contra Ramírez está en desarrollo). Explicar si al destituir a Ramírez del control de PDVSA en 2014 ya estaba en conocimiento de esta trama de corrupción que hoy se ha hecho pública. Pues no haber actuado judicialmente durante estos tres años es una forma de complicidad, de tolerar un desfalco gravísimo contra la nación, algo inadmisible en un jefe de estado.

Y el cuento chino de que hizo la denuncia ante la fiscal y ella se negó a actuar tampoco se lo traga nadie. La presión pública de Maduro para investigar PDVSA era imposible que fuera bloqueada por la fiscal por más cómplice que ella fuera con esa corrupción. Nunca Maduro dijo públicamente algo relacionado a manejos corruptos en las altas esferas de la petrolera. Por lo menos yo no recuerdo, y si llegó a decirlo, por favor me lo recuerdan que para eso deben haber videos por todas partes.

Lo que prevaleció todos estos años, es lo que observamos que se intenta prevalecer hoy ante la evidente corrupción en otros espacios institucionales: un manto de silencio, mirar para otro lado, cambiar de cargos a los acusados de corrupción (como se viene haciendo de manera descarada con Carlos Osorio, que en su caso todo apunta también a ser la cabeza de la mayor trama de corrupción relacionada con el contrabando de alimentos y desfalco a la nación en la entrega de dólares preferenciales vinculados a la alimentación), y que todo siga igual, aparentando "normalidad" en un país en el cual desde hace tiempo no existe nada "normal".

El combate a la corrupción apenas comienza. No basta con condenas ejemplares a los altos jerarcas responsables de haber saqueado el erario público. Hay que recuperar lo robado. Repatriar los miles de millones de dólares que hoy están en cuentas bancarias de Europa, los Estados Unidos y paraísos fiscales. Expropiar todas las propiedades de estos traidores a la patria, incluyendo las que puedan estar en manos de testaferros. Y meterle el ojo a otras empresas como Corpoelec, las empresas de la CVG, ministerio de alimentación, industrias militares, custodios fronterizos y otros espacios institucionales de los cuales se viene denunciando con fuerza desde hace años.

La trama corrupta en PDVSA es una caja de pandora que se ha abierto y que ha soltado demonios que por ahora nadie va a poder controlar.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 1º de diciembre de 2017