Hoy en día en pleno siglo XXI, es impensable la reproducción de la vida o el desarrollo de actividad económica alguna sin tomar en cuenta la importancia que tiene para ello el acceso a la energía eléctrica. La constatación de esta afirmación la vivió y vive, desde hace cierto tiempo el pueblo venezolano, aunque el problema se ha hecho critico a partir de los apagones eléctricos que se iniciaron a nivel nacional el pasado 7 de marzo, lo que indudablemente viene a sumarse a la emergencia social compleja de carácter sistémica que vienen padeciendo los venezolanos como producto de la profunda crisis que, lamentablemente e injustamente, embarga al país desde hace unos cuantos años atrás.

La pregunta obligada es: por qué y cómo llegamos a este nivel de colapso en el sector eléctrico? Cuando Venezuela a fines de los años 70 del siglo XX tenía el sistema eléctrico más moderno y eficiente de América Latina, logrando la electrificación del 92% de la población a nivel nacional. Una evidencia de ello, es el hecho de que el Guri es la 4ta central hidroeléctrica más grande del mundo[1], la misma se comenzó a construir en 1963 y se terminó en dos etapas: la primera fase se culminó en 1973 y la segunda fase en 1986, cuando para esos años la población venezolana en su totalidad no llegaba ni remotamente a ubicarse en los 20 millones de habitantes, y las industrias de Guayana presentaban una importante actividad operativa que como sabemos, requieren de significativas cantidades de energía eléctrica.

Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el problema en el tiempo. De acuerdo con los expertos en la materia, a finales del siglo XX era palpable el proceso de desinversión en el sistema eléctrico nacional, aunado a la falta de mantenimiento y de hechos de corrupción. Un caso emblemático de esto es la famosa Tragedia de Tacoa[2] (planta termoeléctrica privada “Ricardo Zuloaga”) donde fallecieron más de ciento sesenta personas (trabajadores, bomberos, habitantes de la zona) sin que se señalaran, ni establecieran castigo a los culpables. Esta situación del sistema eléctrico se problematiza -como es obvio- por una población que venía creciendo, realidad que ameritaba una discusión para el desarrollo de una estrategia coherente y alineada con los intereses del país, asunto que si bien se abordó en su oportunidad, no tuvo, por parte del Gobierno nacional, la conciencia, honestidad, responsabilidad ni los frutos esperados. En este sentido, en 1999 el propio presidente Chávez planteo y Decreto la Ley del Servicio Eléctrico[3] donde, para la época, ya se hablaba de la necesidad de invertir en el sector por su inminente colapso ante un proceso de crecimiento del consumo y el rezago que venía ocurriendo en la oferta eléctrica nacional. Dicho Decreto Ley, tal como lo menciona José Ignacio Hernández[4],  no fue instrumentado y peor aún, en el 2007[5] se toma la decisión de fusionar a todas las empresas eléctricas en un solo ente: la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, esta fusión, lejos de ser una solución al problema, acrecentó los males: administrativos, de corrupción, de deterioro de la infraestructura eléctrica y de ineficiencia que, como señalamos anteriormente, venía arrastrando el sistema eléctrico nacional.

Lo segundo que tenemos que precisar es el hecho cierto de que la causa de colapso del sistema eléctrico nacional, no ha sido por falta de: información, conocimiento ni de experticia en la materia, como tampoco de recursos para acometer tanto el mantenimiento como las obras que requería y requiere el sector, para comprender esto solo basta con revisar las diversas memorias y cuentas entregadas durante el 2000 al 2017 por parte del ente rector, donde se refleja y se sustentan las inversiones realizadas y los recursos asignados.

Como tercer punto tenemos que la situación actual que tiene el sector es profundamente compleja y precaria, y es que a pesar de que el país ha tenido una caída en aproximadamente un 50% de su PIB durante los últimos 4 años lo que indudablemente disminuye el consumo eléctrico, se ha venido haciendo crónico el descalce entre el potencial energético estimado en 34.800 megavatios (plantas termoeléctricas e hidroeléctricas) y la disponibilidad real de generación, estimada entre 12.000 a 13.000 megavatios[6], de los cuales lo que se denomina el sistema del bajo Caroní representa 11.000 megavatios, lo que refleja la alta dependencia y vulnerabilidad que tiene el país de este Sistema.  Por otra parte, tenemos el caso emblemático de la Central Hidroeléctrica Tocoma, la cual se proyectaba que su puesta en marcha aportaría al sistema 2.160 megavatios, teniendo un importante rezago en su culminación y puesta en operaciones, sin que, hasta los momentos, se le explique con claridad al país cuál es su situación real y el porqué de su retraso.

Lo cierto es que el actual colapso eléctrico, nos confronta con una terrible realidad y es que por lo visto, nada se escapa al modelo mafioso de captura de capitales. Solamente en términos de endeudamiento y revisando las diversas leyes que fueron aprobadas durante el periodo 2000 - 2017, observamos que el monto total de endeudamiento en el que incurrió la república para destinar recursos al sistema eléctrico nacional, asciende a la cantidad de 13.779.558.773,04 USD[7]. En el siguiente cuadro, podemos evidenciar que entre los proyectos emblemáticos y que representan más del 50% de los recursos asignados están: la Central Hidroeléctrica Tocoma[8] con un monto total de USD 3.363.617.191,88, la rehabilitación del Guri con un monto de USD 1.750.386.270,38, el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Uribante Caparo  con un monto de USD 1.385.975.077,80  y la Planta Termozulia III con un monto total asignado de USD 1.331.667.433,30.

Recursos de las leyes de Endeudamiento Destinados al SEN 2000-2017

(Monto USD)[9]

En este mismo orden de ideas, de acuerdo con el informe presentado a fines del 2018 por Transparencia Venezuela[10], cuyo título es: Venezuela en Apagón[11], durante el período 1999 – 2014 se destinó al sistema eléctrico nacional la cantidad de 37.691 millones de USD a ser ejecutado a través de 40 proyectos que incluían, en mayor cuantía, la compra de equipos y la construcción de instalaciones para las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Si partimos del hecho de que ese monto en dólares incluye como fuente de financiamiento, la cantidad de 11.908.577.995,96 USD[12] que suma el total de recursos que durante ese mismo periodo se aprobó para que la republica se endeudara, podemos inferir que del monto total al que hace referencia la ONG, el 32% pudiera corresponder a deuda. De igual modo, tenemos que de los 37.691 millones de USD destinados al sector durante el periodo mencionado anteriormente, por razones de sobreprecio, desfalcaron al país la cantidad de 23.033 millones de USD, lo que equivale a decir que del total de recursos asignados al sistema eléctrico nacional el 61.1% le fue expropiado al pueblo venezolano.    

Es así como, en pleno siglo XXI, el país presenta injustamente e indignantemente una crisis profunda en el sistema eléctrico nacional, como resultado, entre otros factores, de que gran parte de los recursos que se destinaron para el sector simplemente forman parte de los patrimonios privados[13], porque es así como actúa la corrupción: privatiza los bienes comunes,  de algunos funcionarios y empresas que tuvieron responsabilidad en la administración y gestión de dichos recursos. Es larga la lista de los implicados en el manejo delictivo de los recursos del Estado, solamente “para muestra un botón”, podemos mencionar como implicados, los entes que van desde la empresa brasilera Odebrecht[14] hasta el caso emblemático del viceministro de Energía y Minas Nervis Villalobos, vinculado a escándalos de lavado de dinero, del sistema eléctrico nacional, en paraísos fiscales, así como también los casos asociados a los denominados “bolichicos” relacionados con la empresa Derwick & Associates[15] que durante el periodo 2000 -2014, le fueron asignados proyectos por un monto total de 5.044 millones de USD los cuales, de acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela, contenían un sobreprecio estimado en un 42% de su valor real.  

Todo ello, nos lleva a reafirmar que no es ocioso seguir insistiendo en que el país exige la realización de una auditoria publica y ciudadana de la deuda, pero también a la urgente necesidad de buscar, hasta “debajo de las piedras” si es necesario, el dinero que le han desfalcado a la república y a la par solicitar castigo ejemplar a los culpables. Venezuela necesitará para su construcción, recuperar los recursos robados y con ello, poner fin a un largo camino de saqueo continuado.