El actual estado catastrófico de la industria petrolera venezolana es campo propicio para que se multipliquen fórmulas para su resurrección. Muchas de ellas, antagónicas entre sí, responden a posiciones ideológicas que pretenden vender un mundo luminoso, saltando sobre los escombros de la realidad y haciendo tabla rasa con la historia y las circunstancias que la determinaron.
En mis trabajos anteriores he expuesto una particular posición, ubicada en una de esas orillas conceptuales, cuya evaluación y crítica corresponderá a los lectores.
Sin pretensiones de ser portador de la verdad absoluta sobre un problema de carácter complejo y multifactorial, he combatido, sin embargo, al extremismo neoliberal, el cual propone como solución para todos los males del país la pulverización de la gestión estatal venezolana sobre los recursos de hidrocarburos de la Nación, liberándolos, cual morrocoy sin caparazón, a las fuerzas del mercado, ungido como supremo garante de la asignación más eficiente de los excedentes generados por su explotación e industrialización… en un mundo cuyo control se disputan a sangre y fuego los grandes… Estados. [2]
Pero en tiempo real, el debate debe continuar. En esta oportunidad debo referirme a otro trabajo incluido en el libro-recopilación del colega Luis Oliveros, ya citado en mi artículo anterior. [3]
Se trata del artículo "Aspectos Jurídicos de la reconstrucción de la industria petrolera: Hacia un nuevo marco para promover la inversión extranjera" de José Ignacio Hernández G.[4]
Tal como proclama este autor con legítimo orgullo en su primera nota al pié, (pág. 63),
"Este trabajo se basa en las investigaciones adelantadas desde el Centro Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Harvard sobre la reforma de la regulación de hidrocarburos en Venezuela".
Una referencia que explica casi todo: la búsqueda, en el contexto científico, cultural y político de Harvard, con todo su acervo ideológico, de una nueva legislación petrolera para Venezuela.
Desde luego que se trata de un ambiente mucho más glamoroso y técnicamente equipado que el de las subdesarrolladas instancias académicas y legislativas nacionales, pero cuyas carencias históricas y conceptuales se manifiestan de inmediato:
Un trabajo que ya en su segundo párrafo afirma que "el Gobierno eliminó la autonomía política de Petróleos de Venezuela…", sentencia que evidencia la profundidad de su bagaje en materia de jurisprudencia venezolana. La pregunta obvia es: ¿En cuál instrumento legal o constitucional venezolano se consagró, desde 1976 hasta nuestros días, que PDVSA tendría "autonomía política".
Por el contrario, esa afirmación sustenta la denuncia, hecha en su momento por políticos e investigadores nativos, entre ellos quien suscribe, de que PDVSA pretendió siempre comportarse como un Estado dentro del Estado, tomando decisiones de indudable interés nacional a espaldas de los poderes públicos.
De hecho, he dejado testimonio del más flagrante logro de esa conducta de "soberanía empresarial", al analizar la "Internacionalización", el programa de inversiones que llevó a la adquisición de 17 refinerías chatarra en el exterior, que se llevó a cabo eludiendo siempre el control público y legislativo en una materia de interés nacional por su magnitud, justificándola, de paso, con otra expresión de soberana voluntad empresarial: garantizar mercados para la producción triplicada de Venezuela… lo cual haría inevitable su liberación de las gríngolas de la OPEP según postulaban y aspiraban sus "escenarios productores" enfrentados al rentismo fiscalista que había animado, desde 1866 y hasta entonces, a todas las "ediciones" del Estado venezolano. [5]
Pues bien, y siguiendo el hilo de Ariadna que nos da el párrafo citado, en las siguientes páginas del texto in comento se espolvorea una lista de afirmaciones totalmente arbitrarias, con anacronismos similares al de los Picapiedras o Trucutú –trogloditas con usos, costumbres y valores de clase media norteamericana- sobre las cuales caben dos posibilidades: o una magistral manipulación interesada para sustentar su posición ideológica o un supino desconocimiento de la historia social, política y económica de Venezuela, de sus fundamentos constitucionales, del origen de su jurisprudencia minera y petrolera y, en general, de su conformación como Nación soberana.
Esas páginas son las que trajeron a mi memoria la técnica del ritornelo inquietante, utilizada por Edgar Alan Poe en su poema "El Cuervo":
Tal como el pajarraco del poema, que replicaba, ante cada triste y nostálgica reflexión del relator, con un desesperanzador "never more", -"nunca más", según la traducción de José Antonio Pérez Bonalde, o "jamás" según otras versiones- en las primeras 10 páginas de su trabajo Hernández menciona 84 veces las palabras Estado y Gobierno, con abierta intención peyorativa, en un continuo sin solución, desde 1914 hasta 2019, en el cual relata la historia de los arbitrarios intentos de ese Estado para entrometerse en los negocios de "la industria", ente mitológico lleno de bondades, Caperucita Roja asediada por el malvado lobo estatista.
Así por ejemplo, el autor obvia los orígenes de nuestra legislación minera, -reminiscencia absolutista feudal según algunos- y tergiversa, de paso, el sentido del Decreto del Presidente de Colombia en 1829, transfiriendo a la República la soberanía sobre sus minas, hasta entonces ejercida por los reyes de España, y elude referirse al ejercicio de esa soberanía estatal durante el Siglo XIX:
- Las fallidas concesiones de 1866 en los Estados Nueva Andalucía y Zulia.
- La concesión de 1878 a Petrolia del Táchira, primera compañía de propiedad privada venezolana, que se instaló rudimentariamente, pero produjo, refinó y exportó hacia Colombia por 52 años, hasta 1930.
- La explotación y exportación masiva del asfalto de Guanoco, desde 1885 por la New York and Bermúdez, compañía concesionaria de ese lago hidrocarburífero, la cual financia en 1899 la "Revolución Libertadora" de Manuel Antonio Matos -la última guerra con miles de muertos sucedida en este país- contra Cipriano Castro, por haberle éste cobrado 14 años de impuestos impagos, que es derrotada junto a su "revolución" en 1902 y resucita en 1908, al propiciar la instauración del primer Presidente petrolero venezolano, Juan Vicente Gómez.
Pese a esos antecedentes, nuestro autor sostiene que "la historiografía señala como fecha de inicio de la industria petrolera venezolana el año 2014.[6]
Ergo: la verdadera historia sólo comienza cuando se ajusta a mi particular concepción del mundo, a mis argumentos y a mis protagonistas preferidos. Fue entonces, cuando…
"…las empresas internacionales comenzaron a interesarse por el petróleo venezolano".[7]
Pero nuestro citado no se da pausas: reconociendo la vigencia del principio concesionario en esa época auroral de "la industria", sostiene sin embargo, que en ese entorno político, favorable entonces a la inversión extranjera, la concesión…
"…era considerada como un contrato regido por el derecho privado que otorgaba ‘derechos de propiedad’ sobre los yacimientos con pocas restricciones estatales. Por lo anterior, el marco regulativo era claramente liberal" [8]
Baste señalar la pequeña incongruencia, de concebir una concesión temporal que otorga derechos de propiedad eternos sobre los yacimientos.
Pero en esos mismos tiempos comenzaron a aparecer signos inquietantes para el gusto de J. I. Hernández, razón por la cual, en su historia, se incrementa la frecuencia ominosa de la mención Estado, hasta convertirla en ritornelo amenazante al estilo Poe, como puede observarse en el subrayado mío en las siguientes frases:
"…el crecimiento de la industria, y de los ingresos públicos que ésta generaba, impulsó al Estado a interesarse más en el control del sector. En 1920, bajo iniciativa de Gumersindo Torres se dictó la primera ley sobre el sector de hidrocarburos…"[9]
A finales de la década de los treinta, el Estado decidió asumir la realización de ciertas actividades económicas…
… con ello se inició en Venezuela la era del Estado empresario esto es, la técnica de intervención del Estado en la economía
… Luego, en 1939 el Estado decidió ampliar su rol regulador… surgió entonces el Estado regulador
…Todos estos cambios… estuvieron acompañados de un debate crítico orientado a promover una mayor participación del Estado sobre el sector petrolero
…Todo lo anterior marcó el fin del modelo económico liberal, basado en el principio según el cual la intervención del Estado debe ser mínima. Ahora, el Estado comenzó a asumir nuevos y crecientes cometidos por medio del Estado empresario y el Estado regulador. Este cambio se trasladó al sector de hidrocarburos ante la necesidad de ampliar la participación del Estado… (cinco veces en un párrafo)
…El mejor reflejo de este progresivo cambio lo encontramos en la Ley de Hidrocarburos de 1943 que, aunque mantuvo el modelo de concesiones, reconoció mayores responsabilidades al Estado.[10]
Para no seguir estresando los nervios del angustiado y fastidiado lector, baste decir que en la siguiente página, la terrorífica palabra, a la cual deberíamos aplicar la maldición de Lord Voldemort, se menciona impíamente, junto con su variedad también satánica, Gobierno, 14 veces, en la siguiente 9 y así sucesivamente, hasta completar las señaladas 84 menciones en 10 páginas.
Obsérvese que en esa reláfica de 105 años el Estado es un ente ahistórico, intemporal, un ectoplasma que trasciende conflictos ideológicos, políticos y sociales y se convierte en una permanente y diabólica presencia amenazante para el emprendimiento privado sin restricciones, para el mercado como mecanismo óptimo de asignación de los recursos, única fuente real de riqueza y progreso.
No quisiera cargar las tintas con referencias ad hominem, ofensivas para el autor que comento, pero en mi opinión, ese conjunto de afirmaciones arbitrarias, colocadas una al lado de la otra sin relación de causalidad y sin fundamento histórico, no puede merecer el título de "Aspectos jurídicos de la reconstrucción de la industria petrolera" que presume.
Lo que si expresa abiertamente es la voluntad de liquidar el actual régimen legal y constitucional que rige la materia de hidrocarburos en Venezuela, voluntad que se ha venido manifestando recientemente y cada día con mayor intensidad, dada la agudización de la crisis que vive el país, desde los polos generadores del pensamiento neoliberal. Sobre ello he emitido mi opinión en los trabajos citados en la nota al pié número 2, de estas páginas.
De manera específica, he comentado el novedoso proyecto de Ley de Hidrocarburos introducido en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, al cual me refiero en mi artículo "Proyecto de Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela", [11] del cual reproduzco de seguidas algunos párrafos pertinentes a la discusión que estoy planteando, en los cuales aludo...
"… a los pescadores en río revuelto, aquellos que se adelantan a proponer la construcción de un futuro petrolero para Venezuela centrado en el aprovechamiento privado del patrimonio colectivo."
"…quienes continúan difundiendo, como señuelo demagógico, definiciones trucadas de los conceptos Estado-Nación, Gobierno, propiedad pública, propiedad colectiva y propiedad privada, para proponer que, como "la Nación somos todos", podemos repartir ese patrimonio entre los vivos mayores de 18 años, despojando al futuro."
De manera particular, destaco el siguiente párrafo,
Los términos de este anteproyecto desconocen todos los aportes de Gumersindo Torres, en tiempos de Gómez, de Nestor Luis Pérez Luzardo en tiempos de López Contreras, de Manuel Egaña en tiempos de Medina Angarita, para no hablar de Juan Pablo Pérez Alfonzo, demoníaco estatista que hasta se atrevió a proponer y constituir una compañía petrolera auténticamente nacional, la CVP, de cortos 15 años de mal ejemplo, porque fue desmantelada en 1976 para fundirla con las "culturas corporativas" herederas de las concesionarias Mobil y Gulf, en Corpoven, munida de sus respectivos convenios de asistencia técnica y comercialización, y así borrar, de paso, todo vestigio de la anterior administración petrolera, autóctona y alineada con los intereses de esa "Nación que somos todos".
En cuanto al proyecto presentado destaco:
En mi opinión, la significación más importante de esta propuesta es el desconocimiento de todo el ordenamiento legal y constitucional que regula las asociaciones con capitales extranjeros, ofreciendo completo sometimiento del país a la legalidad corporativa internacional, garantizando rendimientos y e intangibilidad de los contratos, anulando toda la capacidad del Estado-Nación venezolano para legislar y darle rango constitucional a esta materia.
Y aquí vuelve mi remembranza al terror de Edgar Allan Poe:
Ese desmañado proyecto legislativo, cuyo fundamento se refleja en los "Aspecto jurídicos…" que estoy comentando, se presenta como el péndulo que mueve una cuchilla afilada y desciende lentamente sobre el cuerpo atado en el fondo del pozo del hereje, condenado en esta oportunidad por la inquisición neoliberal: El "estatismo" petrolero venezolano. [12]
Para mantener el "suspense" a la manera de las series televisivas, anuncio que "esta historia continuará…"
Pero antes, sin embargo, y para aportar un contexto particular a la crítica planteada en las líneas anteriores, trascribo de seguidas un material presentado en un ámbito de discusión y reflexión inusualmente abierta, en el cual intento resumir los fundamentos de mi posición sobre el tema abordado:
Notas para el Grupo de Boston:
En torno a los recursos de hidrocarburos de la Nación venezolana
En primer lugar, debo exponer mi opinión de que no se trata de "transformar" a la industria petrolera con novedosas –o ancianas- fórmulas mágicas, sino todo lo contrario, de restituir los fundamentos de su constitución como gestora del patrimonio público: re-institucionalizarla.
En ese sentido, sostengo que la tarea que se le plantea a la Nación, de manera inaplazable, es la de consolidar la condición legal y constitucional de los hidrocarburos en general como propiedad pública nacional, sobre los cuales la República, en ejercicio de su soberanía, establece los mecanismos para su administración, disposición, industrialización y operación.
Actividades que, en consecuencia, deben estar sujetas al control de los poderes del Estado –ejecutivo, legislativo, judicial, de control de gestión administrativa, etc.- de manera tal que se garantice a sus propietarios, vale decir a la Nación toda, -los habitantes actuales y por nacer en el territorio de la República- el óptimo, justo y equitativo aprovechamiento de ese recurso. (Hago esta puntualización para oponerme a la mistificación que pretende confundir a la Nación con una pequeña parte de ella, los ciudadanos, aquéllos quienes ostentan esa condición civil por ser mayores de 18 años)
Por ello, la organización operativa y ejecutiva que se establezca, debe tener un ineludible carácter estatal y debe ser capaz de llevar a la práctica, con los recursos técnicos y financieros requeridos, los fines de la Nación en esta materia
Desde luego, ello comporta un saneamiento del lamentable estado actual de su organización, en particular de su órgano ejecutor PDVSA y la restitución de los prácticamente desaparecidos instrumentos y órganos de control previo y evaluación de gestión de su "único accionista", la República.
Por todo eso es ineludible realizar un profundo diagnóstico de su funcionamiento actual, para erradicar las prácticas corruptas, la entronización de mafias, grupos de poder sectorial en las distintas fases del "negocio" y, sobre todo, el manejo a espaldas de la ciudadanía –en este caso sí- y de los órganos del poder público nacional de decisiones trascendentales.
La "caja negra" de la empresa estatal debe ser abierta a la evaluación de la colectividad nacional, la cual podrá decidir, en procesos de consulta democrática, los medios legales y operativos, dentro del marco de la Constitución vigente en cada momento, que conduzcan a un funcionamiento adecuado a los fines e intereses de la Nación.
Toda propuesta operativa, organizativa, de asociación con sectores privados nacionales e internacionales, de disposición de recursos para la inversión en proyectos en curso y prospectivos, debe ser encarada bajo estos principios.
Petróleos de Venezuela, Corporación Venezolana del Petróleo, o el nombre que se decida en un proceso de reestructuración de la industria, no debe ser una compañía anónima como tal, cuyas acciones se coticen en la Bolsa de Valores de Caracas o en Wall Street, aunque pueda tener en propiedad total o compartida entes que sí lo sean, sobre proyectos limitados y específicos que no comprometan la propiedad del recurso.
Con ello quiero decir que esa Corporación estatal podrá constituir empresas mixtas, o asociaciones de cualquier clase para operaciones en áreas "aguas abajo", sin mayores restricciones o para la inversión en proyectos de explotación de yacimientos con amplitud de criterios, pero con límites claros, sin comprometer nunca el patrimonio nacional sobre el recurso, el cual es de una magnitud tal, que desborda los parámetros temporales y las magnitudes físicas máximas de una operación económica a tiempo definido.
Lo contrario es el caso de una empresa estatal "sociedad anónima", cuyas acciones podrían cotizarse en bolsa y, en consecuencia, transferir a particulares la propiedad parcial, pero eterna, sobre recursos no cuantificables e inalienables.
En cualquier caso, las operaciones y transacciones que puedan comprometer el recurso por lapsos extensos y en magnitudes considerables, han estado siempre definidas como materia de interés púbico nacional y han requerido, aunque ello se ha eludido irregularmente, la aprobación previa de los poderes legislativo y judicial.
Finalmente, todo lo concerniente a esta materia estará sujeto a las disposiciones del marco constitucional vigente en cada momento en el cual se tomen decisiones de este orden.
cmp/16/11/2019
[1] Edgar Allan Poe es el precursor, denso e irrepetible, del "género negro" de la literatura, cuyas expresiones han proliferado, desde Stephen King y la excelsa maestría cinematográfica de Alfred Hitchcock, hasta la bazofia de muertos vivientes y vampiros que inunda las modernas cadenas televisivas. En primer lugar haré referencia a la utilización de una de sus técnicas, el ritornelo, en el debate político petrolero. https://es.wikisource.org/wiki/El_cuervo_(Traducci%C3%B3n_de_P%C3%A9rez_Bonalde)
[2] Refiero aquí los trabajos donde he abordado el tema, y contienen gran parte de los argumentos aquí esgrimidos: https://petroleovenezolano.blogspot.com y
https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella, específicamente los titulados "Ley para la regularización del comercio de esclavos en Venezuela", "La oportunidad la pintan calva", "El cartero llama dos veces", "Volver al Futuro IV" "Soberanía, delenda est" y "Política petrolera venezolana en tiempos de catástrofe".
[3] Oliveros, Luis, La Industria petrolera en la era chavista, crónica de un fracaso, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, UCAB, Caracas 2019.
[4] Op. Cit. Págs.. 63-92.
[5] "Citgo, la Internacionalización revisitada", última actualización resumida de un trabajo iniciado en 1989, e inserto parcialmente como capítulo de mi libro El Poder Petrolero y la Economía Venezolana, UCV-CDCH, Caracaas 1995. (Cap. V.2.3. págs. 211-242)
[6] Op. Cit. Pág. 64.
[7] Ibíd.
[8] Loc. Cit., pág. 65.
[9] Loc. Cit.
[11] https://www.aporrea.org/energia/a280531.html, https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/07/ley-organica-para-la-regulacion-del.html#.Xcw3lNJKjIU
[12] Edgar Allan Poe, "El Pozo y el Péndulo", 1842.
