Al igual que muchos otros estudiosos del socialismo en el mundo, István Mészáros reconoce en su libro “La crisis estructural del capital” que “la transición hacia el socialismo en escala global que Marx concibió ha adquirido hoy una realidad histórica nueva y más urgente, en vista de la intensidad y severidad de la crisis en evolución”. Tal realidad -enmarcada por la hegemonía ejercida por las corporaciones de los países desarrollados en el sistema capitalista mundial- ha tenido su impacto sobre la pertinencia de la teoría socialista. Aunque pocos difundidos, los debates y análisis en torno al tema, todavía inconclusos, buscan orientar las actuales luchas anticapitalistas que, desde finales del siglo pasado, se han escenificado en nuestra América y gran parte del planeta. Todo esto ha facilitado, al mismo tiempo, un diagnóstico de la realidad global que nos envuelve, lo cual se constituye en el punto de partida para ubicar y definir el socialismo revolucionario del siglo XXI.
Sin embargo, al examinar con objetividad las medidas llevadas a cabo por algunos gobiernos autoproclamados progresistas o socialistas se notan ciertas contradicciones entre el discurso y la praxis anticapitalista, lo que ayuda a enredar más la comprensión y noción de este socialismo. En su mayoría, éstas se dirigen a beneficiar a las mayorías populares sin atacar realmente el orden capitalista, aplicando un populismo combinado con desarrollismo. Tal cosa pudiera contribuir a despejar incógnitas en relación con la implantación del socialismo. No obstante, el éxito de las reformas económicas tiende a reforzar la vigencia del capital y, junto con ello, el deseo del nuevo estamento político de continuar en el poder, lo que -a la larga- se harán elementos que aborten cualquier intento serio por producir la revolución socialista, tal como se vio en la historia de algunas naciones. Para que esto no ocurra, es preciso poner en práctica una política radical -como línea estratégica revolucionaria- capaz de transferirle al pueblo (organizado como entidad política independiente) los poderes y las funciones tradicionalmente asignados al Estado y a la burocracia política. Este hecho, en uno u otro sentido, ha conspirado siempre contra la posibilidad de crear las condiciones objetivas de un cambio realmente revolucionario.
En nuestro criterio, una de las propuestas primordiales de los movimientos revolucionarios actuales es luchar por la autodeterminación de los ciudadanos trabajadores frente al sistema capitalista. Con ella, sería factible la ruptura de la lógica del mercado imperante, un paso necesario para la transición hacia el socialismo que, no obstante, resultaría aún insuficiente si la misma no es acompañada por un cambio estructural del Estado. Esto influiría, sin duda, sobre la relación entre trabajo necesario y trabajo excedente. Como bien lo señala Heinz Dieterich Stefan, “el socialismo como inicio del proceso de liberación del sujeto de la sociedad de clases y de puente hacia el comunismo, no tendrá futuro si no se da ese paso trascendental de la dictadura económica hacia la democracia participativa económica”. Algo que quedó pendiente en los antiguos regímenes nominalmente socialistas o comunistas, siendo distorsionado por la camarilla gobernante en perjuicio de la liberación de los trabajadores, lo que explica su indiferencia ante la implosión de los mismos en la última década del siglo XX.
Lo ideal sería, entonces, desarrollar una fase político/social que, en la medida que se afiance, se extienda también al terreno económico. La reestructuración de los poderes y de las instituciones de toma de decisiones en función de la vigencia plena de la democracia participativa y protagónica constituiría, por consiguiente, una cuestión vital para la existencia y la profundización del socialismo. De tal modo, el socialismo comenzaría a tener asideros reales y podría dilucidar el viejo dilema entre el capital y el trabajo, dejando de ser una utopía realizable sólo en cien años, como lo han hecho entender algunos “revolucionarios” de nuevo cuño.
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