La construcción de una nueva institucionalidad jurídico-política que responda y se adecúe a los postulados fundamentales de la democracia participativa y protagónica genera, forzosamente, contradicciones con el orden existente. Contradicciones que deben ser confrontadas sin temor alguno por los revolucionarios, especialmente cuando su accionar se orienta al logro y la consolidación de este objetivo estratégico para la revolución socialista. Sin embrago, vale aclarar que tal institucionalidad no puede derivarse nada más que de las leyes aprobadas por el poder legislativo ni por la iniciativa exclusiva de la jerarquía gobernante, sino de la movilización y las demandas de los sectores populares, puesto que los mismos se mostrarían mejor dispuestos a crearla y a sustentarla que aquellos que ahora ocupan cargos de dirección política y de gobierno, al estar presionados a mantener la cuota de poder alcanzado, es decir, al someterse a las razones de Estado y los procesos burocráticos, tan típicos de la administración pública.
Hay que reflexionar seriamente sobre este aspecto, sobre todo, los efectos sociales que pudieran derivarse de la falta absoluta de esta nueva institucionalidad, dado que muchos de los elementos que han caracterizado la crisis social, política y económica que arrastran desde hace mucho tiempo los países de nuestra América se mantienen campantes, sin una solución estructural que los reduzca y elimine. Bajo una concepción indudablemente revolucionaria, esto supone, por lo tanto, proponerse la necesidad de elaborar teóricamente el problema del Estado de una forma integral y no meramente reformista o a medias, cuestión que no lo hará nadie moldeado por los códigos de la democracia burguesa-representativa sino por quienes estén plenamente convencidos que ello es un paso significativo, definitivo y necesario para la transición de una sociedad marcada por el capitalismo a una sociedad postcapitalista, igualitaria y emancipatoria. Aunque otros quizás lo nieguen, el problema del Estado afecta la marcha y profundización de cualquier proceso revolucionario en el mundo. No puede exaltarse simplemente el papel protagónico y la participación de los sectores populares si no existe la disposición revolucionaria de someter las diversas estructuras que integran el Estado a una transformación radical y efectiva, de acuerdo a lo que sería entonces una revolución socialista, con un alto contenido popular. En este caso, deben derrumbarse los múltiples prejuicios que rodean la existencia del Estado tal como lo conocemos, evitando así que, desde el interior del mismo, pueda organizarse una resistencia burocrática que haga imposible cualquier cambio planteado.
Por consiguiente, cualquier alusión a una transición gradual y pacífica de la sociedad -teniendo al Estado en un primer plano- mediante solo leyes, constituye una posición reformista contraria al espíritu revolucionario. De ahí que, como alternativa revolucionaria, el socialismo resulte incompatible con dicha posición, siendo imperioso que los revolucionarios la combatan en cualquier terreno y en todo momento. Para ello resulta decisivo la participación y el protagonismo del pueblo, sin menoscabo de la vanguardia revolucionaria que pueda orientar la acción popular con la suficiente claridad política e ideológica. De igual forma, es absurdo situar la institucionalidad jurídico-política vigente, ajustada a los intereses de una clase hegemónica minoritaria, por encima del interés general del pueblo. En consecuencia, sin una nueva institucionalidad jurídico-política, fundamentada en el poder revolucionario de las mayorías, la revolución socialista podría perderse, convertida en simple consigna, sin ninguna trascendencia para el logro de una sociedad emancipada y emancipatoria, más justa y avanzada que la actual.-
*Maestro ambulante.
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