Transformar el orden establecido es infinitamente más difícil que perpetuarlo. La izquierda, históricamente constituida en torno a un proyecto de transformación social, está dividida en lo referente a las estrategias para alcanzarla. ¿Reforma o revolución ? El debate sindical de 1914 en Estados Unidos resuena actualmente en Latinoamérica, azotada por una “oleada rosa-roja”. En Europa, parece que la tímida regulación de la economía de mercado sea el único tema en el orden del día, dado que las cortapisas neoliberales orientan la iniciativa política. Las comunidades utópicas o las formas de participación propias de Italia tratan de ofrecer respuestas al estancamiento actual. Pero, ¿bastarán para aportar una perspectiva a las izquierdas europeas ?

¿Y ahora Perú ? Constituida en laboratorio del neoliberalismo a partir de mediados de los años 70, América Latina ha cambiado de cara en los últimos tiempos. Desde hace unos diez años, una gran parte de la región “se ha pasado a la izquierda”, un fenómeno a menudo descrito como una oleada. Ahora bien, sucede que la ola arrastra consigo un nuevo bastión de la derecha. La tarde de la elección presidencial peruana de junio de 2011, el candidato triunfante –Ollanta Humala, un hombre de izquierda– proclamaba : “Nunca más el gobierno servirá a los intereses de la elite que vende las riquezas mineras del Perú a las multinacionales. Todo esto debe cambiar”. ¿Ruptura ? En el mismo discurso, Humala prometía, con la misma firmeza, no cambiar nada en el modelo económico peruano.

La ola progresista que se ha producido en América Latina, suele ser calificada de “rosa” [“marea rosa”], debido a las diferentes corrientes que la atraviesan. Hasta el punto que algunos gobiernos de la región, que habían logrado la mayoría electoral movilizando a las clases populares, ahora se ven confrontados a una doble amenaza : por una parte, el resurgimiento de la derecha (a través de las urnas, como en Chile en 2010, o por la fuerza, como en Honduras en 2009) ; por la otra, movimientos de protesta alimentados por los ánimos frustrados de una parte de la población. Dos factores que, combinados, revelan ciertos límites internos y externos de los procesos políticos en América Latina. La mañana del 30 de septiembre de 2010, tratando de negociar con agentes de policía que ocupaban los locales administrativos en el centro de Quito para protestar contra una ley que preveía la reducción de sus beneficios salariales, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue atacado, secuestrado y luego retenido en un hospital militar antes de ser finalmente socorrido por medio de una operación de armas pesadas llevada a cabo por un comando de fuerzas especiales (1). Descartando la eventualidad de un golpe de Estado, algunos observadores analizaron entonces el acontecimiento como un “movimiento social”, desencadenado por el enojo de una parte de las fuerzas policiales. La acción, sin embargo, había estado coordinada : en todo el país, otras unidades de la policía y del ejército bloquearon tanto las autopistas como los aeropuertos internacionales de Quito y de Guayaquil, ocuparon el Parlamento y tomaron por asalto los locales de la televisión nacional, TV Ecuador. Entonces, ¿arranque de ira o golpe abortado en razón del débil apoyo del ejército… ?

Que la derecha ecuatoriana y los halcones de Washington hubieran querido ver a Correa apartado del poder no sorprende : al cerrar la base aérea estadounidense de Manta, en el territorio de su país, en octubre de 2007, el presidente había declarado que “la presencia de semejante base sólo sería considerable el día en que Estados Unidos permitiera la instalación de una base ecuatoriana en Miami”. Además, desde su ascenso al poder, consiguió reducir en 3.200 millones de dólares el peso de la deuda extranjera, al demostrar que ésta se contrajo ilegalmente. En fin, no contento con prometer la construcción del “socialismo del siglo XXI”, Correa hizo ingresar a Ecuador en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), una iniciativa de integración regional impulsada por Venezuela y Cuba.

Pero esta Administración no incomoda únicamente a las elites. Desde su elección, el presidente ecuatoriano poco a poco se distanció de las organizaciones indígenas, los sindicatos y las asociaciones populares que lo llevaron al poder, y que constituyen todavía la base de su electorado. Al mismo tiempo que dirigía públicamente la tentativa del golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 (y señalando con el dedo a “las fuerzas imperialistas” y los movimientos de derechas que lo habrían fomentado), la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la tarde del acontecimiento, declaraba en un comunicado : “Un proceso de cambio, por tímido que sea, corre siempre el riesgo de ser contrarrestado, e incluso recuperado por la derecha, si el Gobierno no establece o no refuerza progresivamente la alianza con las organizaciones constituidas y la sociedad civil”. Agregaba que la política de Correa, demasiado complaciente respecto “de los sectores más reaccionarios y de los intereses financieros emergentes”, los había dejado lo suficientemente poderosos como para tratar de derrocarlo. Por su parte, Cléver Jimenez –miembro de Pachakutik, el brazo político de la CONAIE– ordenaba “al movimiento indígena y a los movimientos sociales constituir un solo frente nacional para exigir la partida del presidente Correa (2)”. A riesgo de quedar asociado, de hecho, a la tentativa de golpe.

En Venezuela, la oposición registró un avance espectacular en el momento de las elecciones legislativas de 2010, al juntar cerca del 50% de los sufragios (3). Aunque el partido del presidente Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consiguió mantenerse, no logró conservar la mayoría de los dos tercios en la Asamblea Nacional. Este éxito de la derecha no es totalmente ajeno a la incesante campaña de desestabilización que lleva adelante Estados Unidos a través de todo el país : el periodista Jeremy Bigwood reveló recientemente que entre 2007 y 2009, el Departamento de Estado estadounidense había pagado varios millones de dólares a periodistas latinoamericanos, especialmente en Venezuela (4). Pero el resultado del escrutinio de 2010 refleja también la desmovilización de una parte de los partidarios de la “revolución bolivariana”. Las razones son múltiples : dificultades económicas (debidas en particular al descenso de los ingresos del petróleo), inseguridad (5), corrupción endémica, oportunismo dentro de las elites “revolucionarias”, lentitud del proceso de transformación de la sociedad, etc. En ese contexto, el anuncio oficial según el cual el presidente Chávez sufría de cáncer, el 30 de junio de 2011, puso de manifiesto otra de las debilidades del proceso venezolano : la concentración de poder en torno a la figura del jefe de Estado, que hunde a la izquierda en la duda respecto de los potenciales sucesores del dirigente actual.

En Bolivia, el presidente Evo Morales está enfrentado desde principios del año 2010 a una ola casi ininterrumpida de huelgas y de movimientos de movilización conducidos por sindicatos, comunidades indígenas y diversas organizaciones populares. Las más recientes, que denuncian la construcción de una carretera en medio de un parque nacional protegido en territorio indígena, fueron severamente reprimidas por las fuerzas del orden en el mes de septiembre de 2011 y condujeron a varios miembros del gobierno a presentar sus renuncias. Las reivindicaciones tienen que ver principalmente con los salarios, las medidas de austeridad y la falta de escucha por parte del gobierno respecto de los concejales y de la población, especialmente en el tema de la explotación de los recursos naturales. “¿Qué es lo que ha cambiado en el curso de estos últimos años ?”, se preguntaba recientemente, en tono de burla, el célebre intelectual neoliberal boliviano Roberto Laserna. “Mucho, si observamos el proceso en términos de discurso y de símbolos en una perspectiva a corto plazo. Pero muy poco, desde el punto de vista estructural o de las tendencias económicas y sociales, en una perspectiva a largo plazo (6)”. ¿Se trataba únicamente de una provocación ?

Se podrían citar muchos otros ejemplos. Uno por uno, los gobiernos progresistas de la región tropiezan contra la única opción que parece haber sido la suya : la redistribución en el marco del capitalismo (la cual, desde el estallido de la crisis financiera de 2008, se revela más delicada aún).

Sin embargo, reprocharles una eventual “traición” implica reconocer que hay países que podrían emanciparse más. Pero, ¿existen realmente ? Para sustraerse a la economía de mercado –a través de la nacionalización total de la economía que algunos exigen–, hay que poder contar tanto con las tecnologías que las casas matrices extranjeras permiten aprovechar a sus filiales en América Latina, como con los cuadros capaces de reemplazar a los CEO (director ejecutivo) despedidos (7) : los movimientos o partidos actualmente en el poder carecen de ellos y les resulta difícil formarlos. Además, la historia latinoamericana ilustra los peligros sufridos por los proyectos considerados demasiado “radicales” en Washington. Algunas semanas después de la elección de Salvador Allende, en Chile, el consejero en seguridad nacional, Henry Kissinger declaraba : “No veo por qué tendríamos que dejar que un país se vuelva marxista simplemente porque su población es irresponsable” (8).

¿Consecuencias ? Si bien muchas naciones de América Latina celebraron en el 2010 el bicentenario de su independencia, permanecen sin embargo profundamente insertas en el sistema económico planetario : después de todo, este sistema ha presidido su desarrollo económico y político desde la conquista, en 1492, hasta la era de la globalización liberal. Producción industrial, agroalimentaria, banca, turismo, comercio minorista : a principios del siglo xxi, la fuente de beneficios ya no se limita a la exportación mineral, pero los lazos con el “centro” del sistema-mundo no dejaron sin embargo de crecer. Un ejemplo : las cadenas de hipermercados internacionales controlan hoy el 70% del comercio de la región, contra el 10 o el 20% en los años 1990 (9).

En América Latina, quizá todavía más que en cualquier otra parte, esta evolución ha dejado su huella. Entre 1980 y 2004, la cantidad de personas que vivía bajo la línea de la pobreza se duplicó, y pasó de cerca de 120 millones a más de 210 millones. La suerte de las clases más acomodadas resultaba menos dolorosa en este continente que permanece como el más desigual del mundo. Estas transformaciones participaron tanto en la emergencia de importantes movimientos de protesta, como en la llegada al poder de gobiernos que prometieron el fin de las políticas de ajuste estructural.

Y las cosas cambian. Mientras que entre 1988 y 2003, 90.000 millones de dólares de bienes públicos fueron liquidados por los estados de América Latina (10), la “marea rosa” interrumpe las privatizaciones. Los gastos públicos aumentan –su monto por habitante, se triplica en Venezuela, en 1999 y 2008– y se crean programas sociales ambiciosos, o que se benefician con más recursos : “Plan de urgencia social” en Uruguay, “Bolsa Familia” en Brasil (11), “Asignación universal por hijo” en Argentina (12), etc. Por todas partes, los derechos de los trabajadores son mejor defendidos, el salario mínimo aumenta, y los presupuestos dedicados a la vivienda y a la educación se incrementan : el analfabetismo retrocede en toda la región. Mientras que Francia, a pesar de las manifestaciones masivas, imponía a la población un retraso de la edad de jubilación, Bolivia la hacía pasar de 65 a 58 años. Otro ejemplo : en Brasil, la parte de los salarios en el valor añadido aumentó un 3,6% entre 1999 y 2009, hasta alcanzar el 43, 6% (13). En el mismo periodo, retrocedió en la mayoría de los otros países del planeta. Los progresos son pues, incontestables (ver tabla “Menos pobres”).

Políticas como estas explican sin duda la popularidad que continúan teniendo en su conjunto los gobiernos provenientes de la izquierda latinoamericana. Pero, antes incluso de volverse más frágiles por la crisis y la reacción de las derechas, ¿bastaban, realmente, estas políticas para responder a las expectativas de las clases populares ?

Es cierto que los gobiernos progresistas redirigieron hacia la población más desfavorecida una parte de las ganancias generadas por la exportación de materias primas. “No se observa un cambio estructural, sino la reconversión de una vieja forma de acumulación, en la cual el Estado vierte una parte más importante de los beneficios generados por la extracción minera y petrolera, ejerce cierto control sobre las actividades de las multinacionales, y una parte más amplia de los ingresos de las exportaciones es redistribuida bajo la forma de programas sociales” (14), estima el economista boliviano Alberto Acosta, ex ministro de minas y de medio ambiente. “¿Cómo hacer de otra manera, para construir las carreteras, los centros de salud, las escuelas que nos faltan y para satisfacer las demandas de nuestra sociedad ?, responde Álvaro García Linera, vicepresidente del país (15).

No deja de ser cierto que a pesar de lo que se diga, cuando las reformas fiscales son tímidas, los cambios significativos del desigual sistema de redistribución de las riquezas, suelen ser más raros. En América Latina, la carga fiscal promedio sigue siendo débil : 22,9% del PIB (Producto Interior Bruto) frente al 36,2% para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Brasil, entre 2006 y 2007, “el número de individuos que poseen más de un millón de dólares de activos financieros se incrementó en un 19, 1%”, observa el economista Pierre Salama (16). El historiador Perry Anderson estima : “Lejos de ser una amenaza para los propietarios, el Gobierno [de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010)] los ha favorecido mucho”. Según él, “el capitalismo no tuvo jamás tanta prosperidad como bajo Lula. Los círculos financieros y los industriales brasileros se cuentan dentro de los sostenedores del gobierno de Lula. La bolsa brasileña superó a todas las demás plazas del mundo. Las subvenciones vertidas en el marco del programa “Bolsa Familia” no representan sino el 0,5% del PIB, mientras que los intereses de la deuda pública se incrementaron del 6% al 7%, y los impuestos se estancaron o disminuyeron” (17). Como otros países ubicados a la izquierda, Brasil no ha realizado verdaderamente una transformación estructural susceptible de erradicar las causas de la pobreza y las desigualdades : el mejoramiento de las condiciones de vida sigue siendo frágil, puesto que se basa en programas gubernamentales que podrían ser suspendidos –incluso suprimidos–, como consecuencia de un cambio de gobierno o de un plan de austeridad “impuesto” por una recesión económica… Por otra parte, la palabra “privatización”, prohibida por la Administración de Lula, reaparece en el discurso de su sucesora, Dilma Roussef.

Las reformas han sido más profundas en Venezuela, donde se insertan en un proyecto ambicioso de transformación del Estado, de cuestionamiento de la noción de propiedad privada y de refuerzo de la participación popular dentro del sistema democrático. Al mismo tiempo que comprometía a su país en la vía de lo que llamó “el socialismo del siglo xxi”, a partir de 2005, Chávez trataba de constituir un bloque antiliberal aliándose con Cuba, y uniendo a su doctrina a algunos países vecinos, en especial la Bolivia, de Evo Morales y el Ecuador, de Correa. En los tres Estados, asambleas constituyentes designadas por referéndum se reunieron para reformar la constitución en beneficio de las clases populares, invertir las políticas neoliberales más emblemáticas, renacionalizar el sector de la energía y los recursos naturales con el fin de invertir en programas sociales.

Aunque en 2010 el sector privado seguía siendo responsable del 70% de la producción de la riqueza nacional, la Administración de Chávez, desde su llegada al poder, nacionalizó gran cantidad de sociedades en el sector de la energía, de las telecomunicaciones, de la extracción minera, de la alimentación, de la construcción o del sector bancario. Alentó también la creación de miles de pequeñas empresas agrupadas en cooperativas, y redistribuyó varios millones de hectáreas de tierra en beneficio de los agricultores (una etapa que todavía no han atravesado ni Bolivia ni Ecuador).

Estos gobiernos –denunciados como “radicales” por los observadores moderados y liberales– conquistaron el poder a partir de elecciones que los ubicaron al frente de Estados corruptos, clientelistas, burocráticos y oligárquicos. Una ruptura parece haberse producido tras cada votación : la amenaza más grande que pesa sobre estos países quizás proviene menos de la derecha, que del “interior” del bloque en el poder. Prebendas, nepotismo, baronías locales : cuando los cuadros competentes faltan, los “empresarios de la revolución” se hacen cargo. Ellos se muestran menos inclinados a transformar la situación que los promueve al rango de nueva clase privilegiada. Y luego, a medida que su nivel de vida progresa, una parte de la población afronta de manera diferente la urgencia de la transformación social…

Armados de banderas sobre las que se podía leer “Ni capital ni burócratas. Más socialismo y más revolución”, miles de sindicalistas, miembros de los partidos de izquierda y de representantes de los círculos asociados, desfilaron en las calles de las grandes ciudades de Venezuela a finales de 2010 y a principios de 2011 para pedir el refuerzo del código de trabajo, la prosecución del proceso de nacionalización de las industrias estratégicas, el refuerzo del poder de los obreros en el marco de las corporaciones sindicales, en particular sobre los sitios recientemente nacionalizados. Pero el capitalismo internacional no se deja apabullar fácilmente… Algunos parecen quedar satisfechos tomando nota (por lo menos por ahora). ¿Pero es así, realmente ?

Con la esperanza de compensar el desgaste causado por la crisis de 2008 y de generar ingresos atrayendo capitales internacionales, el presidente ecuatoriano firmó en 2009 una ley sobre las extracciones mineras que autoriza la explotación de los recursos mineros por multinacionales sin consulta previa con las comunidades, que podrían verse afectadas : una violación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una nueva ley acuerda también a las industrias mineras, petroleras y agroalimentarias un acceso preferencial al agua : resulta sospechosa de preparar la privatización de las redes de distribución. Las protestas entre las comunidades autóctonas provocadas por esta orientación, fueron a veces reprimidas por la policía y el ejército. Defender el medio ambiente, sus bases indígenas y el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la población no siempre es fácil. El proyecto ecuatoriano Yasuní ITT es revelador ; apunta a recurrir a la “comunidad internacional” para evitar que se exploten los recursos naturales en el corazón de un espacio especialmente importante para la biodiversidad. Ahora bien, los fondos prometidos no llegan. La cuestión es ¿Puede defender Quito a la “madre Tierra” en solitario ? Algunos movimientos sociales, sobre todo indígenas, lo exigen.

El escritor Benjamin Dangl compara la dinámica de los países de la “marea rosa” a “un dúo entre movimientos sociales y Estados” (18) que se reforzaría a medida que se intensifica la crisis mundial. Para los representantes de organizaciones provenientes de la sociedad civil, comprometidos con el poder público, ante la perspectiva de “cambiar el mundo”, el camino entre colaboración y cooptación es escarpado. Si por casualidad olvidan que su misión es representar los intereses de las bases, se llega mecánicamente a una desmovilización y una disminución de su capacidad de orientar las decisiones políticas nacionales.

A pesar de las contradicciones, un índice sugiere sin embargo, que América Latina cambia : Estados Unidos y la derecha latinoamericana continúan su contraofensiva para tratar de invertir una tendencia que les disgusta. Así, los gobiernos progresistas de América Latina soportan la ira de las elites de la región : en Honduras, por ejemplo, en 2009, el gobierno progresista de Manuel Zelaya fue depuesto por el ejército durante un golpe de Estado fomentado por el apoyo tácito de Washington. Estados Unidos extendió, además, su presencia militar sobre todo el continente, instalando incluso nuevas bases.


El autor es Profesor de sociología y de estudios internacionales en la Universidad de California (Santa Bárbara). Autor de America and Global Capitalism : A critical Globalization Perspective, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010.