Creo que estas interrogantes están en el centro del debate entre quienes apoyan al gobierno.
Lo que se ha venido llamando “guerra económica” y su contraparte “ofensiva económica”, que al parecer son más enredadas que lo se percibe desde fuera y en virtud de lo que se dice y no, ha fortalecido la tendencia – lo que no quiere decir que sea mayoritaria – partidaria de las expropiaciones a ultranza.
La escasez de un rubro o de muchos, para no caer en la tentación de intentar reflejar las cosas como no son, pareciera por lo que ahora se discute y acuerda en las mesas de diálogo – para no usar la infamante palabra negociación-, pudiera resultar, como en efecto resulta, de maniobras para manipular el mercado, con puros fines lucrativos y hasta para contribuir con la cruzada expresada en la consigna “La Salida” o por lo menos intentar torcerle el rumbo al chavismo. Pero también pudiera ser que existan trabas, como ese enredo relativo a la disposición de los dólares en una economía altamente importadora, efectos de la crisis mundial del capitalismo que traslada la inflación, el rígido control de precios y quizás como efecto de todo lo anterior, un desbalance entre la alta capacidad adquisitiva de la población, las importaciones y hasta la producción interna.
Las trampas injustificadas, simplemente para ayudar las guarimbas, como detener el ritmo de producción, acaparar para alterar el funcionamiento del mercado, provocar alzas en los precios y hasta esconder mercancías a espera que en las mesas de diálogo se llegue acuerdos sobre aumentos de precios, pese a que el gobierno, como los anteriores, lo llama eufemísticamente “ajuste”, fortalecen en el chavismo, y con razón, la idea de expropiar.
Como también ayudan a fortalecer la idea de expropiar a diestra y siniestra, esos anuncios por televisión sobre sobreprecios encontrados en tiendas supervisadas, mientras los demás comerciantes siguen en lo mismo e incluso aquellos que ya fueron supervisados, vuelven a lo de antes como si nada. Por cierto, los anuncios de sobreprecios, al parecer como que sirven de mecanismos promotores de venta o exacerbación del ansia consumista.
Aunque la “ofensiva económica”, pareciera – no lo vemos claro - como “bola de humo”, intenta pasar desapercibidos los acuerdos económicos en las mesas de diálogo que se comen a dentelladas los salarios.
El presidente Chávez, que bien recuerde, habló con insistencia del socialismo del siglo XXI, dentro del cual la expropiación de un medio de producción, no estaba planteada como norma u obligación para construir el socialismo en esta etapa que él llamó de “transición”. Además, la constitución que por ahora tenemos, permite distintas formas de propiedad. De modo que no se puede expropiar a los cimborriazos porque lo impide la Ley y porque no parece una fórmula adecuada para construir el socialismo del siglo XXI. Antes de proceder a expropiar o asumir una empresa por razones que lo justifiquen, se debe tener todo previsto y hasta bien investigado en su estructura, para que no demos saltos al vacío y terminemos dilapidando el dinero.
En Cuba, el último congreso de PCC, acordó fórmulas para restituir el derecho de los particulares, en algunas áreas, a trabajar en lo que ellos llaman el “cuentapropismo”, habiéndose dado cuenta que el burocratismo y la excesiva carga estatal en materia de empleados, el centralismo artrítico en muchos sectores, hacía que todo aquello resultase costoso y altamente improductivo. Eso no lo digo yo, lo dijeron los cubanos en el Congreso. Allá mismo, la revolución, desde años atrás, encontró razones para abrirle espacios a capitales privados, llegados del exterior para explotar, entre otros, el negocio del turismo.
Pareciera a todas luces una imprudencia calificar por igual un latifundio con una propiedad agraria particular que esté en plena producción y cumpla con lo dispuesto en la Ley. El mismo criterio es válido para empresas industriales o comerciales.
Por supuesto, esto plantea una respuesta más o menos en los siguientes términos:
-“Bueno pero en ambos casos se trata de empresas capitalistas y nosotros estamos planteando construir el socialismo”.
Ante eso, es válido alegar que la Constitución del 99, ante la cual juramos todos los días, garantiza a los propietarios que cumplen con la Ley o sus actividades no colidan con los fines inmediatos del Estado, gozar de libertades y derechos económicos, como la propiedad, producción y comercialización. Además no se puede sacar de una botella un genio que nos interrogue con ánimo de servirnos:
- “¿Cuáles son sus deseos amo, le escucho?”
A lo que responderíamos ansiosos, después de consultar el primer manual que tengamos a mano:
-“Mis deseos genio, son que en lo que canta un gallo nos construyas el socialismo como sacado de paquete”.
Pero hay casos, cuando se viola la norma jurídica, los derechos de la gente y hasta se sabotea los fines del Estado o por asunto de utilidad pública, que se puede y debe expropiar.
Pero esa expropiación debe evitar tentaciones tramposas, como decir de una fábrica de pastas, – es el caso específico de Anzoátegui años atrás - antes de la era de Aristóbulo- no debe servir para que una planta, que antes producía poco o nada y hasta sus dueños la quebraron, pero le costó dinero al Estado al resarcir a estos, asumir pasivos, esté cerrada y produciendo gastos. Expropiar plantas que llegaron al fin de su vida útil, razón por la cual sus propietarios prefirieron esta opción, es un muy mal negocio.
Expropiar para eso, es premiar a los propietarios ineficientes y hasta estafadores, como tantas veces se hizo en la IV República. En el primer gobierno de Pérez, éste engañó a los venezolanos “nacionalizando plantas” obsoletas y pagando por encima de su valor, mientras los expropiados celebraban.
Pero hay otro problema. La meta de este gobierno, si nos atenemos al discurso de la era de Chávez y ahora al Plan de la Patria, es avanzar al socialismo. Por eso, estaríamos obligados a crear empresas bajo relaciones socialistas lo que es diferente a propiedades del Estado, donde este decide todo, hasta el destino de los ingresos y beneficios de la empresa, manteniendo de hecho la cultura capitalista y la confrontación de clase en ellas.
Entiendo que cuando se habló de las comunas, no fue sólo por el afán de crear formas de organización que asumiesen el rol de órganos del Estado para elevar la eficiencia, lo que podría lograrse sin alterar el orden capitalista. Porque la Ley dice que la comuna debe ser un espacio socialista y para que ella lo sea, en su seno deben prevalecer relaciones de ese tipo. Eso supone crear, a partir de la experiencia, deseos y propuestas de sus integrantes, empresas bajo el manejo socialista de quienes en ellas laboren e integrantes de la Comuna. Intuyo, que esa fue la estrategia prevista por el compañero Chávez; no eso de crear organismos que se les pone nombre de comunas pero siguen bajo las relaciones internas o externas del capitalismo y se comportan como simples gestores y administradores, sólo para que aparezcan en una cuenta o suma burocrática. Las comunas concebidas así, serían la avanzada de las relaciones socialistas y la cultura a ellas inherente.
Esto nos lleva a otro tema. Si en el área de una comuna, dadas las condiciones para ello, hay que expropiar una empresa, no llegada a la obsolescencia, no sea chatarra, habiendo trabajadores que conocen los distintos niveles y áreas del trabajo productivo a que ella se dedica, ¿Por qué en lugar de socializarla, la estatizamos?
Hay empresas estatizadas, resultado de expropiaciones, que funcionan mal y hasta son improductivas o de muy baja calidad, no por la expropiación misma, menos por culpa de los trabajadores, sino que la estatización conduce a la alienación del trabajador quien no se reconoce como dueño y responsable. Pero también sucede, junto a lo anterior, que el centralismo estatal, cuyo centro de decisiones está lejos de la empresa, la ahoga y le impide toma de decisiones justas y a tiempo. Sin olvidar, que los gerentes nombrados por arriba, parecieran que pocas veces dan buen resultado.
He leído en la prensa reclamo de trabajadores de empresas del Estado, según los cuales, no producen lo que deben o prestan muy malos servicios, porque carecen de insumos y otros medios, pues no disponen de liquidez, o recursos de caja para operar, lo que les impide pagar a quienes aquellos les suministran, por sólo mencionar esto. Pues el poder central maneja los beneficios que ellos producen y eso genera conflictos de intereses. Si se quema una nevera, es probable que ella, en el menor de los casos sea reparada “cuando San Juan baje el deo”, lo que es, cuando el reclamo llegue a Caracas o al centro de decisión y allí algún día, habiendo de por medio tantas cosas, decidan al respecto.
Por supuesto esto no niega las otras formas de propiedad que prevé la constitución, como la estatal, en aquellas áreas de gran envergadura entre ellas las de comunicación, petrolera, eléctrica, que además tienen una fuerte motivación estratégica, sin mencionar aquellas, que por razones de Estado, nacen de convenios con capitales externos.