Día a día se oye con mayor intensidad la propuesta de una Asamblea Constituyente, al respecto debemos señalar que cada vez que el país entra en crisis no podemos invocarla, por cuanto el origen de nuestros endémicos problemas es justamente el desapego cultural a la ley. La actual constitución contiene extraordinarios derechos y garantías en lo económico, en lo social y en lo político, que prácticamente se encuentran sin estrenar, más aún, a la sombra de una interpretación constitucional extremadamente distinta al Estado que yace descrito tácitamente en su cuerpo, es decir, el problema no es la ley sino quienes habitamos este país, una nueva carta magna sin la debida madurez política solo generaría inmensa pérdida de tiempo, recursos y más decepción.
En segundo lugar, quienes proponen la constituyente, sectores de la oposición, lo hacen con la intención secundaria que una vez redactada la nueva constitución se vuelvan escoger todos los integrantes de los poderes públicos, el asunto de fondo es que la invocación de la constituyente y todo su proceso estaría regido por la institucionalidad actual, misma que ellos reprochan ¿tiene sentido? de ser ciertas sus acusaciones y reproches ¿Qué resultados podríamos obtener? En tercer lugar, Venezuela tiene otras prioridades mucho más alarmantes que lo meramente político, no olvidemos que el expresidente Chávez, con todo el apoyo popular e institucional que tuvo en el 99’, en vez de iniciar su gobierno con la corrección de los vicios históricos que propiciaban desigualdad, ineficiencia y corrupción comenzó su proclamada revolución en lo político, precisamente con un proceso constituyente, somos de los que creemos debió haber iniciado la superación de nuestras parvedades nacionales en otros planos como en lo económico e institucional, con miras al beneficio social, no hay que olvidar que los dueños de empresas, fabricas e industrias son tan “buenos o malos” como sea la institucionalidad de un país, es decir, sí la instituciones públicas son corruptas e ineficientes los empresarios son proclives a la usura, al incumplimiento fiscal, así como a la explotación laboral, y la institucionalidad proclive a la dilapidación de los recursos que debieran ser invertidos en los sistemas de salud, educación, infraestructura, entre otros.
Fíjese, una institucionalidad profesional, apegada a la ley no a intereses políticos ni partidistas, depara un aparato productivo privado próspero, generador de innumerables beneficios a los pueblos, que es lo que han logrado aquellas naciones que llamamos del primer mundo, así como servicios públicos eficientes, de calidad. En la denominada IV República había mucho de lo primero, una institucionalidad que se alió con muchos sectores privados para extraer furtivos provechos económicos, leoninos a la nación, con graves consecuencias sociales. Sí como meta de Estado se hubiese fijado hace más de 15 años la corrección de esas anomalías estructurales basado en la transparencia y la eficiencia gubernamental en todos los niveles Venezuela contara hoy con una economía sana, autosuficiente y exportadora, sin las terribles consecuencias que hoy nos empobrece a todos producto de un control de cambio oscuro, sin reglas claras por parte quienes discrecionalmente asignan las divisas, hoy Venezuela también contara con servicios públicos decentes.
Como señalamos, sí se hubiese hecho los esfuerzos y correctivos necesarios para alcanzar una economía, una institucionalidad sana, con positivas repercusiones sociales y solo después se hubiese realizado la constituyente con una nación madura políticamente los resultados hubiesen sido hoy día extraordinarios. Una constituyente hoy no es garantía de absolutamente nada, al contrario, podría afianzar las nefastas patologías culturales y políticas que nos mantienen anclados en un subdesarrollo con acento tercermundista, a pesar de ser probablemente el país más rico del mundo.
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