Resulta altamente positivo que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se haya preocupado en instar a toda la militancia chavista a denunciar a quienes se han encargado de sabotear las iniciativas y los logros de la Revolución Bolivariana Socialista, aprovechándose de los cargos de importancia que ellos vienen ocupando desde hace algún tiempo en la administración pública. Esto es algo que obligaría a revolucionarios y chavistas a mantener un seguimiento serio respecto a tal situación, ya que es indudable que algunas de estas personas responden más a las directrices de la oposición que al mínimo de ética profesional que estarían obligados asumir. Esto no significa en modo alguno que se propicie una cacería de brujas para excluir sistemáticamente a quienes no comparten la transformación revolucionaria de Venezuela. En vez de eso, el llamado de Cabello debiera entenderse como una forma de garantizar, no únicamente la continuidad, sino la profundización del proceso de cambios revolucionarios iniciado por el Comandante Hugo Chávez, esto es, ejercer la democracia participativa a través de la contraloría y la inteligencia social, a fin de evitar que sigan cometiéndose los mismos errores, las debilidades y las ineficiencias al nivel de las diferentes instituciones del Estado venezolano, o peor aún, que tiendan a agravarse para beneplácito de los enemigos históricos de la Revolución Bolivariana Socialista.
De igual manera, vale decir que esta línea de acción política nada novedosa debe mantenerse persistentemente, teniendo en cuenta el grado de complicidades que existirían en algunas de estas instituciones con los planes desestabilizadores desarrollados hasta ahora por la derecha. Hay que cuestionar, asimismo, el burocratismo y la corrupción que hacen mella en el ánimo de los sectores populares, lo cual exige que el poder popular organizado ejerza un mayor nivel de protagonismo y participación a fin de detectar a quienes están incursos en ello y así contribuir a que se les aplique, dado el caso, todo el peso de la ley, indistintamente de cual sea su militancia y jerarquía. Por supuesto, esto requiere disponer de todas aquellas líneas de acción política impulsadas desde un primer momento, al asumir la presidencia en 1999, por el Comandante Chávez y practicarlas en todo momento, estimulando sin condicionamiento alguno la transformación estructural del Estado liberal-burgués, pasando a ser un Estado comunal sobre el cual se refleje siempre la soberanía popular.
Al respecto, es apropiado considerar que todas las organizaciones sociales revolucionarias, aparte de las políticas, que constituyen el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPP-SB) tienen ante sí una nueva ocasión para plantearse entre todas ellas la discusión, la elaboración, el seguimiento y la ejecución de propuestas que ayuden positivamente a hacer posible el proyecto revolucionario bolivariano socialista y a impedir la dispersión y la división de los factores políticos y sociales chavistas y revolucionarios, en especial, si se toma en cuenta la proximidad de unas nuevas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional que requieren efectuar una escogencia concienzuda de candidatos y candidatas que sea legitimada por las bases y que tales candidatos y candidatas estén siempre resueltos a anteponer los intereses colectivos a sus intereses particulares, como ha sucedido, lamentablemente, con otros en el pasado.
