El retardo procesal de todo tipo de Derecho actual, salvedad hecha del D. Público[1], data desde los tiempos mismos del Derecho Romano (léase Imperio Bizantino): Este retardo fue menor durante lo tiempos babilónicos del Código de Hammurabi*, y más atrás las legislaciones de marras debieron gozar de una pronta eficacia, tal, que ya debería irse considerando como parte principalísima de la nueva cultura comunal que se halla en proceso en la Venezuela de hoy.
Es el Derecho Privado el que viene adoleciendo la tardanza que nos ocupa; la sufrió el Imperio Romano Oriental ante las agigantadas dimensiones demográficas de los legislados, y que hoy se multiplican por la versatilidad comercial que caracteriza el consumismo burgués. Hacerle cumplir oportunamente las leyes a la población se halla en estricta dependencia con el número de ciudadanos sujetos a las leyes del caso.
Es mentira que se puedan aplicar leyes y reglamentos con la oportunidad debida ante tantas, variadas y repetidas infracciones derivadas inevitablemente de un comercio ilimitado, de una libertad comercial tenida como norma privativa para un supuesto progreso social[2].
La salida a ese retardo procesal podría ser la multiplicación de tribunalesrelativamente autónomos en un número que incluiría niveles demográficos inclusivos de las comunas[3] en formación. Estas deberían tener en sus Bases de Misiones una notaría y juzgados penales y civicofinancieros. De paso se iría resolviendo el desempleo de tantos abogados como los que sin medida alguna anualmente lanzan al mercado las universidades venezolanas. En todo caso, se regularía el retardo procesal para los casos de jueces demandados por abuso o desviaciones de su poder.
[1] Entiéndase por Derecho Público todo lo concerniente a la estabilidad del Estado, de su gobierno mismo.
[2] Hacemos abstracción de las “matracas” retardadoras porque sólo representan impurezas legales.
[3] Léase “Ciudades comunales”.
