Con unos antecedentes de lucha armada que ya suma 68 años, con secuelas de todo tipo que afecta a la mayoría de su población, especialmente rural, Colombia se apresta -después de cuatro años de conversaciones- a decidir la aprobación o no de los acuerdos de paz discutidos y suscritos por el gobierno de Juan Manuel Santos y el directorio de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Colombia - Ejército Popular (FARC-EP). Temas cruciales como la amnistía de los guerrilleros, su futura participación política y reincorporación a la vida civil, al igual que la violencia en campos y ciudades que ha producido miles de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de desplazados, de desaparecidos, de víctimas muchas veces ajenas al conflicto armado, y la realidad macabra impuesta por el narcotráfico y el paramilitarismo amparados por las clases dominantes; fueron debatidos en La Habana a fin de cristalizar las negociaciones de paz.
Sin embargo, tales negociaciones no transcurrieron sin tropiezos, destacándose la hostilidad mostrada por el ex presidente Álvaro Uribe y sus partidarios, tratando de impedir que el gobierno de Santos y las FARC-EP arribaran a consensos definitivos. Para los guerrilleros de las FARC-EP habrá la oportunidad de participar civilmente en el escenario político colombiano, organizando y movilizando a los sectores populares, de manera que exista la posibilidad concreta de arrebatarles el poder político a los sectores dominantes tradicionales, con un riesgo no descartado de correr una igual suerte que sus compatriotas de la Unión Patriótica; lo que exigiría derechos y garantías efectivas de parte del Estado para que esto no ocurra. Por su parte, Santos conseguiría, con la victoria del Sí en el plebiscito convocado, legitimar políticamente los diálogos sostenidos en Cuba, logrando cimentar su imagen como mandatario y líder político, sin que ello signifique un cambio de mentalidad de su parte respecto al orden existente.
En su análisis “La Guerra y la Paz en Colombia”, el periodista y filósofo Eduardo Rothe indica que “el largo proceso de desmantelar la guerra civil y sus causas, es para hoy y para mañana, trabajo para las jóvenes generaciones de militares y guerrilleros, para la juventud que trabaja y estudia, que hereda una paz difícil y una reconstrucción compleja. Pero el paso principal está dado porque el fin de la guerra ya no es un sueño inalcanzable. La idea y la voluntad de una paz posible forma parte del nuevo imaginario colectivo y es, por lo tanto, una realidad política que nace con dinámica propia”. Esto, entendiéndolo en un mayor contexto, representa una seria amenaza para quienes, desde el momento inmediato a la disolución de la República de Colombia, conformada por Nueva Granada, Quito y Venezuela bajo los auspicios unionistas del Libertador Simón Bolívar, han detentado habitualmente la hegemonía política y económica en este país, sometiendo a la explotación, la pobreza y la marginación a millones de sus conciudadanos.
“El problema de Colombia -escribe Gabriel Ángel, escritor y analista insurgente, en artículo titulado Los silencios de los verdaderos enemigos de la paz- es que hay una casta enquistada en el poder, ligada a los más sucios negocios y la más descarada corrupción, con redes nefastas en todas las instituciones, acostumbrada a solucionar todos los problemas por medio de la violencia, la guerra y el crimen”. Resulta, por tanto, complicado anticipar un cambio inmediato en la manera como estos grupos entienden que debe ser el funcionamiento de la política y del Estado, es decir, en beneficio de los intereses de una minoría y no de una amplia mayoría, como lo demanda la población colombiana en general. En el plano regional, el final del conflicto colombiano podría derivar en un incremento de la ofensiva imperialista gringa y sus aliados contra el gobierno de Venezuela, asegurada en cierta forma la paz social del vecino país y habida cuenta que algunos grupos paramilitares serían utilizados para promover violencia, terrorismo y desestabilización de este lado de la frontera, buscando completar -obtenido el éxito de la derecha local en naciones como Argentina y Brasil- el arrinconamiento y la liquidación de los gobiernos progresistas y/o de izquierda que surgieran entre finales del siglo 20 e inicios del presente siglo, lo que representó para las élites dominantes de Estados Unidos un revés que disminuyó considerablemente su papel hegemónico en esta parte del continente americano y que ahora procura revertir de un modo definitivo.
