La dirigencia opositora, al igual que la mayoría de sus seguidores en Venezuela, se ha caracterizado -durante 17 años ininterrumpidos, desde el instante que Hugo Chávez fuera proclamado Presidente de la República y comenzara a definir un novedoso proyecto de revolución bolivariana socialista en Venezuela- por ser gente que utiliza con frecuencia el miedo, el insulto y la violencia (especialmente por las redes sociales, con apoyo de algunos grandes medios nacionales e internacionales) como mecanismos para alcanzar sus propósitos políticos. En la actualidad, pocos dudan que sus consecuencias se articulan en una ideología de odio, e innegablemente contradictoria, gracias a la cual ha sido capaz de exteriorizar su total alienación, subordinación al imperialismo yanqui y resentimiento de clase, sin tapujo alguno, invocando razones que, en gran medida, lucen poco menos que absurdas y/o incoherentes, procurando convencer al mundo que éstas se hallan enmarcadas en un proyecto de altos quilates democráticos, destinado -en apariencia- a mejorar las condiciones de vida de toda la población venezolana.
A pesar de todo lo evidenciado por la conducta opositora, la dirigencia chavista (con Chávez a la cabeza) siempre apostó por su poder de convencimiento y el diálogo para alcanzar cierta estabilidad política y económica con quienes han jurado destruir todo lo conseguido a favor de los sectores populares, comúnmente excluidos y explotados por el sistema capitalista, no obstante que se abrieron espacios para la inclusión del sector empresarial (tanto nacional como extranjero) en las políticas gubernamentales de industrialización, convenios comerciales con otras naciones y planes de diversificación de la economía, aparte de saberse que los cambios socioeconómicos impulsados en tal sentido siguen estando, pese al discurso oficial, bajo la lógica capitalista, suscitando como corolario una distribución algo más equitativa que antes de la renta petrolera. Sobre esto, son muchos y variados los análisis y puntos de vista vertidos por revolucionarios de distintas orientaciones ideológicas que cuestionan el carácter reformista imprimido al proyecto de la revolución bolivariana, sin que haya -a su juicio- una intención decidida por concretarla. Para éstos, en líneas generales, la lucha de clases (un elemento primordial que sólo se menciona en algún discurso pretendidamente revolucionario del estamento chavista gobernante, pero que brilla por su ausencia en muchos aspectos) tendrá que abordarse como una lucha en tres planos: económico, político e ideológico; lo que se expresaría -en un amplio sentido- en una lucha tenaz y frontal por la conquista del poder simbolizado y ejercido por el Estado liberal burgués.
Esto último es primordial que se entienda y, en consecuencia, se adopte una posición de transformación estructural del mismo, dado que el Estado liberal burgués -desde sus orígenes- se convirtió, por enunciarlo de un modo más acentuado, en herramienta eficaz para la organización de las clases dominantes e inversamente para la desorganización de las clases y subclases dominadas, por lo cual él se convierte (y debiera convertirse) en un objetivo ineludible de las luchas populares. Este hecho lo describe en su “Estado, poder y socialismo” Nicos Poulantzas (sociólogo político marxista greco-francés): «Las clases y fracciones dominantes existen en el Estado por intermedio de aparatos o ramas que cristalizan un poder propio de dichas clases y fracciones aunque sea, desde luego, bajo la unidad del poder estatal de la fracción hegemónica. Por su parte, las clases dominadas no existen en el Estado por intermedio de aparatos que concentren un poder propio de dichas clases sino, esencialmente, bajo la forma de focos de oposición al poder de las clases dominantes». Esto lo conocen extensamente la clase conservadora y sus operadores políticos de la derecha, por lo cual dirigen sus ataques inmediatos y sostenidamente contra cualquier afán popular por alterar el orden establecido, así esto se cumpla según sus propias reglas “democráticas”, tal como sucede con la legitimación otorgada por los inquilinos de la Casa Blanca a los gobiernos tutelados por el imperialismo yanqui únicamente por realizar eventualmente elecciones, probándose de este modo que ellos responden al ideal de la democracia; sin embargo, otra es la situación suscitada en relación a lo mismo en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela con gobiernos que se declaran, además de nacionalistas y antiimperialistas (lo que no es ninguna novedad en nuestra Abya Yala), socialistas.
Por tal motivo, los movimientos revolucionarios tendrían que trazarse una estrategia compartida, a corto, mediano y largo plazo, que redunde en el control hegemónico del vigente Estado burgués liberal; propiciando entre los sectores populares organizados no solamente la comprensión pormenorizada de su funcionamiento y de las relaciones de poder que éste origina, sino planteándose decididamente su transformación estructural, de manera que se conduzca bajo el influjo permanente de una democracia consejista, popular y revolucionaria, ejercida directamente por todos los ciudadanos en vez de una minoría apátrida, explotadora, parasitaria y excluyente, como la que pretende controlar el poder en Venezuela.
