Nuestro pueblo no debe dejarse entrampar nuevamente por la demagogia y los intereses particulares de los representantes de la MUD y del gobierno (ligados, generalmente, al logro, mantenimiento y disfrute de prerrogativas económicas) ya que esto significaría una involución fatídica en materia política, económica, social y cultural en vez del avance y la consolidación -mediante un poder popular organizado autónomo- de un verdadero sistema de democracia participativa y protagónica que viabilice la transformación estructural del Estado liberal burgués existente.

La historia reciente de Venezuela nos revela que cada una de las coyunturas presentadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha exigido de los sectores populares una adhesión inmediata (y muchas veces acrítica) que no se traduce en una reciprocidad ni en un cambio de comportamiento por parte de las cúpulas chavistas gobernantes, lo que ha producido la deserción y el descontento de un significativo número de personas que confiaron en su «liderazgo». Sin embargo, a pesar de reflejarse esta deserción y descontento en los últimos eventos electorales realizados, se pretende ignorarlos, apelando a una lealtad y a una disciplina partidista que más semejarían la obediencia debida aplicada en otros tiempos en el ámbito castrense que algo absolutamente revolucionario; cuestión que más bien contribuye a acelerar el «auge de masas» ligeramente alcanzado por la derecha al neutralizar el debate (crítico y autocrítico, invocado de manera reiterada por el presidente Chávez) y el activismo constituyente, soberano y, además, creador, de las bases militantes del chavismo, de acuerdo a lo que debiera ser -más allá, incluso, de lo contemplado en el texto constitucional actual- una democracia participativa y protagónica, con una vinculación directa en la toma de decisiones en los diferentes entes del Estado.

Si se continúa transitando este camino, a contracorriente de las expectativas y luchas populares, nada extraño será que la minoría dirigente termine ejerciendo un papel autocrático insostenible, al creerse poseedora de la única razón verdadera, lo que la induciría a desconocer olímpicamente las advertencias y las propuestas de los factores externos al chavismo, a los cuales etiquetaría, sencillamente, de traidores y contrarrevolucionarios. Aún bajo tal perspectiva, no se excluye la probabilidad de rescatar y poner al servicio de los intereses populares aquellos canales de representación y de mediación frente al Estado que fueron, prácticamente, secuestrados por tirios y troyanos.

Se requiere construir e implementar, por tanto, una opción orientada a desmantelar las diferentes estructuras de dominación imperantes, llámense políticas, económicas, sociales y culturales; reemplazando la hegemonía de las élites burguesas dominantes por una nueva hegemonía, esto es, por una de verdadero carácter popular y bolivariano, lo que debe propiciar el surgimiento de un modelo civilizatorio dotado de valores éticos y morales opuestos a la lógica capitalista y a la cultura eurocentrista (que excluyen e invisibilizan a los sectores populares desde largo tiempo). En tal opción deben prevalecer, como elementos completamente esenciales, los intereses, la participación y el protagonismo directo de los sectores populares. Ha de ser, en consecuencia, una propuesta contraria a la idea jerárquica de una «vanguardia esclarecida» (considerándose sus integrantes prácticamente arribados del monte Olimpo), que debe ser objeto de reverencia o hallarse por encima de esta condición primaria, es decir, del poder popular soberano, imponiéndose, en su lugar, una horizontalidad (u horizontalización) que privilegie lo colectivo frente a lo individual, sin que esto signifique negar ni suprimir la presencia y los derechos de toda individualidad y de toda minoría (social o política). En una propuesta así, no habrá una verdad oficial absoluta, al modo de los Estados Unidos, la Alemania nazi y la Unión Soviética, aduciendo razones de Estado -en cualquier caso, «irrefutables»- que impidan el cuestionamiento de los dirigentes, convertidos desde ahora en voceros y delegados del poder popular, a quienes se les juzgará no solamente por su grado de ineficiencia y corrupción (usufructuando el poder) sino también por las omisiones cometidas durante la gestión encomendada, evitándose de este modo que se propague e institucionalice una cultura política delictiva sin castigo alguno.-