Este ensayo consta de dos partes, la primera: una percepción sobre las instituciones públicas actuales, y la segunda, esboza algunos aspectos del ‘deber ser’ de esa ‘institucionalidad necesaria’ en el proceso que nos conduzca hacia todo-poder-pueblo.
Comencemos entonces, apostando por un quehacer comunitario-cuidador de nuestro ambiente, una economía altruista y, fundamentalmente, apostando por unas relaciones sin explotadores ni explotados. Para esa construcción-transición son indispensables instituciones, fortalecidas y comprometidas con el modelo1 de desarrollo a implementar. Las instituciones son los órganos fundamentales de un estado o de una sociedad: ejecutan políticas, planes, programas, proyectos y actividades. Al respecto, De Souza y colaboradores (1), señalan que no habrá desarrollo sostenible sin instituciones sostenibles, ya que ningún modelo nacional de desarrollo se auto-realiza. Cuando las instituciones son débiles, el modelo corre peligro. Para desarrollarse, la sociedad crea, financia, cambia y eventualmente extingue organizaciones. Entonces, resulta necesario construir modelos institucionales de gestión que reemplacen a los modelos personales. Ello articula un marco para pensar, decidir y actuar en forma coherente. En el país lo anterior resulta perentorio, dado que se construye “un nuevo modelo2 de desarrollo” -inédito por demás- que requiere teorización, análisis, reflexión y severa autocrítica de todos sus eventos.
Mundialmente, las instituciones están vulnerables, porque estamos presenciando lo que Castells (1), ha denominado un ‘cambio de época’, ya que “están cambiando de forma cualitativa y simultánea las relaciones de poder, relaciones de producción, y la cultura”, resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, gracias a los avances de la ciencia-tecnología. A ello, se debe sumar que en nuestro país, se gesta un rompimiento con el modelo neoliberal que obliga a una nueva institucionalidad. No obstante,
se continúa laborando con los mismos procedimientos, vicios, estructuras y jerarquías de la IV República. Desde nuestra participación (1999-actual), en diferentes instituciones relacionadas con el sector agrícola del país, se han detectado algunas debilidades, las cuales, valdría estudiarlas en profundidad, pero no es la intención en este trabajo. Acá nos limitaremos sólo a describirlas, a saber:
1. Las políticas no son coherentes con la capacidad institucional. La inadecuada relación entre el plan, la estructura-organización y lo técnico, lanza las instituciones a un estado de ‘emergencia permanente’. El nivel político las ha desbordado. Aunado a ello, las bases no han logrado posicionarse para regular la acción pública. La contraloría social, es incipiente y limitada por la falta de generación de capacidades, responsabilidad de esas mismas instituciones.
2. Pareciera que no se evalúa la viabilidad del plan ni el enfoque (inconsistencia teórico-metodológica), ni se le da seguimiento. El plan no se decreta o se desea, se concibe de acuerdo la complejidad del entorno y lidiando con la incertidumbre. Requiere una secuencia lógica del pensamiento para su implementación: pensar-analizar-reflexionar-decidir-actuar-evaluar-retroalimentar. De hecho el plan, es el que debería guiar el diseño de la institución.
3. Ausencia de visión y misión compartidas, amén de que las políticas las elabora la alta gerencia. No se realizan análisis situacionales holísticos ni de organización ni demandas de las bases. Consecuencia de ello, podrían ser la falta de compromiso, bajo nivel de responsabilidad, inadecuada administración del tiempo y evasión del debate, de modo que todo se concentra en lo normativo del deber ser.
4. Debilidad en el sistema de información y en el de comunicación, lo que restringe la implementación asertiva del plan.
5. La cotidianidad (tareísmo) y las coyunturas (inmediatismo, obediencia, servilismo), prevalecen sobre lo importante, que consiste en profundizar en el plan, su sentido, dirección y estrategias.
6. El bienestar emocional (psico- socio-emotivo) del personal, los aprendizajes, la formación ideológica, los incentivos económicos y de otra índole, no se concretan. Vale la pena recordar, que el sujeto del proceso es la gente, no los objetivos y metas o la programación. Mención especial merece la ‘convivencia institucional entre militares y civiles’, dónde la tendencia es que éstos últimos en vez de humanizar a los primeros3, han adoptado -en algunos casos-, actitudes de servilismo y/o del ‘poder sobre’. Ello, puede observarse en la toma de decisiones, en el uso y distribución de los recursos, en las divisiones laborales y en la recreación, entre otros. La dirigencia militar de las instituciones, si bien pudiera resolver de facto algunos problemas coyunturales en situación de crisis, también es verdad que adoptada como modelo de integración política puede conducir a la supresión o el enmascaramiento de la razón a través de lo que Morin (2) denomina: “el argumento de la autoridad sobre la autoridad del argumento”.
7. Se observan cambios de ministros, directores y otros, sin efectuar el balance de la gestión cumplida ni la valoración del impacto de la misma. Los gerentes se transfieren de cargo, se sacan de un escenario público o político a otro o se envían fuera del país a una embajada, sin que se realice la mínima auditoria, mientras, el ministro entrante cambia directrices e inicia una gestión personal ‘desde cero’.
Lo anterior, pareciera sintetizarlo William Izarra (3), cuando nos dice: “En pleno surgimiento del modelo bolivariano, el Estado reformista (sistema político de la democracia representativa, identificado como IV Republica), es el órgano que regula al colectivo nacional. Contradicción y antagonismo que produce la etapa actual de la transición hacia la revolución. ...La conducta reformista es la expresión contrarrevolucionara pura y simple. ...La coyuntura actual exige definición ideológica de manera inequívoca. O estamos en un proceso revolucionario, y en consecuencia, hay que ir a cambios estructurales de la génesis social para que tome las decisiones el pueblo; o, el proceso es la continuidad de la reforma pragmática que apunta hacia la perpetuidad de la democracia representativa. ...Una revolución no tiene representantes. Solo voceros”.
En la próxima entrega, algunas ideas para el debate de la ‘institucionalidad necesaria’ en este período de transición hacia todo-poder-pueblo.
Referencias.
(1) De Souza J, J Cheaz P y J Calderón R. 2001. La cuestión institucional: de la vulnerabilidad a la sostenibilidad institucional en el contexto del cambio de época. Serie innovación para la sostenibilidad institucional. San José, Costa Rica. Proyecto ISNAR Nuevo Paradigma. 79 pp.
(2) Morin E. 1999. La cabeza bien puesta. Bases para una reforma educativa. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 143 pp.
(3) Izarra W. 2004. La consolidación del poder popular. Reforma representativa o revolución bolivariana. Revista Question. Año 2, nº 21. Marzo 2004. Págs. 6-7
*Docente Fagro-UCV. polancod@agr.ucv.ve