La palabra descentralización apareció en el vocabulario político latinoamericano a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta del Siglo XX. Fue asumida como un instrumento para avanzar en una nueva relación de fortalecimiento del Estado y la sociedad. En Venezuela el proceso de descentralización se inicia con la elección de gobernadores y alcaldes en 1989, como una salida de emergencia para simular la agonía del sistema político puntofijista.
No obstante, a pesar de ese paliativo pronto se desencadenaron los dolores del parto y la crisis de la democracia pactada se acelera, arrastrando con ello el desencanto de la sociedad venezolana por sus gobernantes y dirigentes. Hubo una especie de implosión y los principales elementos sustentadores del sistema fueron cuestionados y deslegitimados. Los partidos políticos comenzaron su marcha fúnebre hacia la morgue y sus seguidores se fueron del velorio cuando ya empezaba el olor a muerto.
A medida que se fue agravando la crisis, se fueron formando las republiquitas, núcleos de poder enraizados en las provincias y en desmedro de la soberanía del Estado-nación. Los intereses personales se impusieron a los colectivos sociales y la descentralización se convirtió en una orgía de recursos y despilfarros para promocionar falsos liderazgos que se adueñaron del poder de las regiones para beneficiar a sus parcelas ideológicas.
Pero en verdad, no vale la pena ni tiene sentido perderse en los vericuetos de la nostalgia. Más bien hay que insistir que repensar el Estado a luz del quiebre de la descentralización es una necesidad ineluctable; porque si en algo debemos estar claros es que los procesos revolucionarios no deben adoptar posturas eclécticas. Más todavía, cuando aceptamos –como lo debemos aceptar- que inevitablemente, las revoluciones implican transformaciones que a su vez generan otras de carácter más profundo, como es el caso de ejercer el poder para reconstruir y fortalecer el Estado.
En este caso y en cualquier otro, la tarea del gobierno es la de aplicar en primer lugar un proyecto de dirección política y, en segundo lugar, un proyecto de dirección ideológica, para fortalecer el Estado y la sociedad. Esa debe ser la gran tarea y no permitir la existencia de republiquitas que amenacen la estabilidad de la nación. En el territorio de Bolivia, quisieron conformar republiquitas, pero gracias al gran espíritu de soberanía de ese pueblo, se logró parar esa irracionalidad. Ahora en Venezuela, bajo ese manto se pretende avanzar hacia la oscuridad, hacia los surcos de la tierra árida donde se truncan los sueños. Desmembrar la República es el objetivo de los grupos opositores venezolanos.
Con este nuevo marco de referencia, se debe profundizar la descentralización hacia las nuevas formas de organización social y política como son los consejos comunales. Que nada nos detenga en la gran tarea de reorientar el proceso de descentralización, porque es mejor profundizar la revolución que entregar el Estado.
(*) Politólogo
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