El conflicto social y armado que desangra y miseralibiliza al alegre y laborioso
pueblo colombiano, es una consecuencia directa de las condiciones históricas
concretas del desarrollo de la sociedad colombiana y la existencia de un Estado
férreamente controlado y al servicio de capas oligárquicas  que, a  lo largo de
toda su vida republicana y, ya antes del advenimiento de la República,  se han
adueñado de su  riqueza territorial y el  producto del trabajo de millones de
trabajadores y trabajadoras colombianas.
 
Siendo como lo es, un conflicto  social y armado interno, la lógica indicaría
que la solución política negociada del mismo, debe provenir y desarrollarse,
solo entre el Estado Colombiano y las organizaciones sociales y los grupos
insurgentes; sin embargo, esa lógica ha fracasado en diversos intentos en la
Uribe, el Caguán, en Caracas, México y la Habana, y hoy se ven imposibilitadas
 por la presencia de factores políticos y militares extrarregionales  que están
involucrados en el mismo y que lo convierte  en un conflicto nacional con
efectos internacionales, por lo que, necesariamente, debe ser atendido a partir,
no solo del interés de las partes directamente involucradas, sino tomando en
cuenta sus derivaciones  en los países de la región

 
Veamos. Fue en el inicio del gobierno de Misael Pastrano Arango, (1998-2002),
cuando los Estados Unidos se involucraron directamente en el conflicto, al
acordar con el gobierno de Willian  J. Clinton el desarrollo del Plan Colombia,
justificado en la lucha contra el narcotráfico pero directamente dirigido a
derrotar militarmente  FARC-EP y al  ELN,  comprometiendo para ello asesoría,
entrenamiento y dotación de armamentos y equipos  de inteligencia de ultima
generación  y la entrega de millones de dólares para incrementar el pie de
fuerza  de las Fuerzas Militares colombianas. A ello debe agregarse, la indigna
y peligrosa violación de la soberanía colombiana del gobierno de Alvaro Uribe
Vélez al ceder siete (7)  bases militares estratégicas a los Estados Unidos de
América, cuyo uso, no solo confirma la condición de Estados Unidos como Fuerza
Beligerante, sino el escalamiento de la intensidad de la guerra, lo cual
amenaza  la paz y seguridad  de sus vecinos y de toda Suramérica.
 
Otra aspecto de la visión internacionalizada del conflicto lo constituye  la
ubicación geoestratégica de Colombia al norte de la  América del Sur, que hace
que la continuidad del conflicto armado interno se convierte en un infranqueable
obstáculo para el desarrollo de la infraestructura de transporte terrestre en el
territorio colombiano, ya que impide el flujo de personas  y bienes
transfronterizo en la subregión y  encarece el valor de las productos de esos
países; situación que daña, de manera muy importante, el desarrollo económico de
Colombia y los otros países de la región y  afecta el postergado proceso de 
integración económica de América del Sur.

 
Unido a lo anterior, la persistencia del conflicto interno colombiano tiene un
efecto desestabilizador en el proceso de integración política que se viene
desarrollando en Nuestra América al someter la construcción de UNASUR y de la
Comunidad  de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a tensiones  y conflictos
permanentes  entre Colombia y algunos de sus vecinos, como consecuencia de
hechos derivados de la dinámica de ese conflicto armado, que ha provocado el
rompimiento de relaciones diplomáticas de los gobiernos de la República de
Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela con la República de Colombia,
con todas las consecuencias políticas, económica y sociales que una medida de
esa naturaleza produce en sus respectivos pueblos y economías.

 
También debemos destacar  la importancia que tiene la criminalidad y el
narcotráfico como elementos asociados al conflicto social y armado interno
colombiano, cuyas ondas expansivas  han permeado al conjunto de la sociedad
colombiana, incluyendo a los actores directos del conflicto armado y extendido
sus efectos perversos en la moral, la política y la economía colombiana y de los
pueblos de la región, sin que la estrategia militar de los  gobiernos  de la
República de Colombia y de los Estados Unidos de América, a través del Plan
Colombia y la Seguridad Democrática, hayan sido capaces de reducir la producción
tráfico internacional y consumo masivo en los principales receptores; razones
que hacen imprescindible la cooperación internacional para resolver esta grave
flagelo que afecta a la Humanidad y que actualmente esta asociado con la
continuación del conflicto social y armado interno que sufre el pueblo
colombiano.

 
Finalmente, fuentes objetivas como los mismos informes de las Fuerzas Militares,
el Comité de la  Cruz Roja Internacional y las declaraciones de  algunos civiles
retenidos y prisioneros de las FARC, confirman que en el terreno  de la guerra
existen suficientes elementos para sostener que las organizaciones insurgentes, 
aún cuando han reducido parte apreciable de su control territorial de hace diez
años, siguen teniendo una importante cantidad de mandos y tropas y elementos de
guerra, que le permiten mantener una elevada capacidad operativa y de control
territorial, lo que hace imposible, en las actuales circunstancias, que las
Fuerzas Militares, aún con el incremento de la ayuda militar usamericana, puedan
modificar esa situación estratégica, especialmente, a causa de su  deterioro
moral por las denuncias  nacionales e internacionales por crímenes de Lesa
Humanidad, Crímenes de Guerra y Genocidio  en contra de oficiales y tropas.
 
Visto lo anterior, no puede haber duda acerca de la imposibilidad actual de un
 acuerdo de las dos partes en el conflicto; el Estado Colombiano y las fuerzas
insurgentes, para sentarse a negociar una solución política que termine con la
guerra y abra espacios para un desarrollo democrático con seguridad para todos
los combatientes y Justicia Social para todo el pueblo colombiano y que, los
países de Suramérica y en particular, los fronterizos, no pueden seguir
soportando de manera impasible, el elevado costo en tensiones políticas, daños
económicos, atención de desplazados, emigrados y de lucha contra la criminalidad
y el narcotráfico colombianos, que se derivan de la continuación de esa
confrontación armada, por lo que es ética y políticamente correcto que puedan
abrirse iniciativas internacionales de la región, para impulsar procesos de
diálogos y negociaciones que permitan alcanzar en el mediano plazo, una Paz
justa y duradera para el pueblo colombiano, lo cual favorecerá al proceso de
integración económica, social y cultural y la unidad política de los países de
Nuestra América.
 

yoelpmarcano@yahoo.com