Muy claramente lo ha declarado al Planeta entero el Canciller venezolano Nicolás Maduro: “una mafia internacional” maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Esta especie de órgano muy parecido a una instancia jurídica parapolicial recorre las democracias que junto a sus pueblos dan más libertades, igualdades y posibilidades a los nuevos y verdaderos gobiernos revolucionarios de América Latina.

Estos recientes espacios de lo que bien podríamos llamar junto a otros autores como la gobernanza equitativa, trasparente y social, están geopolíticamente ubicadas en las regiones de nuestra plataforma continental representadas por Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Ecuador y por supuesto con el muy especial caso de la República Bolivariana de Venezuela. Estas naciones conforman el geoestratégico arco andino suramericano los cuales conforman un nuevo espacio de seguridad y defensa interterritorial.

A estas áreas se le suman las recientes creaciones de dos novedosísimos organismos regionales salidos a partir de las propuestas de trabajo de la ALBA-TCP y que han dado un campo abierto a los modelos de integración sucedidos a partir de la creación de la UNASUR y más recientemente de la CELAC.

Como es bien conocida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha otorgado la beligerancia internacional de ser un órgano judicial de la derruida Organización de los Estados Americanos (OEA). Acaparándose junto a esta instancia el encubrimiento de su mal manejada autonomía internacional, todo frente a la existencia de una serie de armonios reunidos bajo las figuras de los principales partidos políticos de la derecha latinoamericana, combinada con las mafias bancarias y de los medios de comunicación privados, legislando y aprobando decisiones que ponen en la mira la estabilidad política de aquellos gobiernos que se enfrenten ejemplarmente en contra de aquellos autores y personajes identificados por ser los responsables de haber raptado el tieso epitafio de los Derechos Humanos los cuales se han ido convirtiendo en una corporación mas.

Mientras, múltiples y reiterados han sido los llamados efectuados desde varios sectores sociales ultrajados por gobiernos de turno que financian las cuotas anuales para siete jueces que no deciden o hacen prescribir los delitos que luego son tocados por el recuerdo del impune tiempo, es decir el olvido y la injusticia.

La CIDH con su sede en San José de Costa Rica tuvo la responsabilidad de aplicar verdaderas decisiones que hubiesen favorecido a desposeídas minorías. Pero su no aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los mismos tratados en estos derechos sometieron a quienes estaban inscritos para su protección en el sistema interamericano, pero se quedaron esperándolos, esto ha ayudado a incrementar las injusticias jurídicas en América Latina.

La actual desventajosa configuración geográfica, geopolítica y geoestratégica que dan cuenta de un mantenido e irreal concepto de seguridad y defensa para la región, frente a la competencia y el desmedro de las naciones poderosamente militarizadas del mundo que apresuradamente van colocando a un continente que exige cambios necesarios y reales en manos de quienes se abrogan la libertad indefendible de las violaciones a civiles en las veinticinco naciones que integran al descarrilado sistema de la CIDH: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Y sigue la desventaja. Si algún Estado no cotiza las millonarias sumas en dólares que pecha el organismo defensor de los derechos humanos sencillamente es apartado. Actúan bajo el formato de una corporación que mantiene a siete lustrosos jueces en la más incólume burbuja planetaria.

La violación de la autonomía de los Estados es tal por este organismo internacional que más bien parece al perro guardián que cuidaba a Hitler, un Pastor Alemán llamado Blondi.

Este custodio de sus millonarias cuentas no acepta pagos en moneda local para trabajar en realidades y proyectos específicos de cada país, sus cuotas tienen que venir en dólares a parar a las cuentas secretas de la CIDH de la cual se beneficia el grupito de sus beneficiarios y nadie conoce la administración de sus ocultos fondos.

Esta delicada situación ha presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una especie de club tapizado por miembros haciéndose millonarios con decisiones que desde hace décadas cuando su creación en 1979 debió haber estado al servicio y resguardo de los mas desamparados y desprotegidos jurídicamente.

Pero los fuertes señalamientos no se detienen allí. Los intereses de las corporaciones han llevado al Armagedón de este organismo internacional a la politización de sus acuerdos y decisiones. Por eso las fuertes criticas no tan sólo han venido desde el seno del gobierno venezolano y desde las diferentes y mas diversas expresiones sociales que le reclaman a la Corte decisiones parciales, coherentes y ajustadas al proceso de cambio que atraviesa de la mano la inmensa mayoría de la población en los países integrantes de la ALBA-TCP y de otros que propician cambios históricos.

Países como Perú y Colombia han hecho fuertes reclamos. En el caso del neogranadino país se demostró ante la amañada sentencia de la conocida Masacre de Mapiripán donde irresponsablemente la Corte afirmo con nombres, apellidos y hasta número del documento de identidad de supuestos cuarenta y nueve cadáveres donde después se demostró que la mayoría de ellos están vivos y no asesinados como lo destaco e impuso la CIDH.

Estas razones de parcialidad hacia algunos intereses que representan el cuido del capital internacional van criminalizado a los gobiernos pertenecientes a la ALBA-TCP y han descriminalizado a los responsables que amparados en el Quo Vadis de la reacción mundial cuidan los espacios de esta Corte para la defensa internacional y control hegemónico de una extensa área rica en importantes materias primas para el mundo como es el caso de Venezuela que posee las reservas petroleras más grandes de todo el Planeta Tierra y cuyo gobierno defiende dentro de todos los espacios internacionales los intereses de la mayoría de su población.

Ya, países como Trinidad y Tobago también se han sumado al reiterado reclamo y han terminado por retirarse de este atrofiado anillo el cual es mantenido por la Corte, denunciándoles internacionalmente en su ámbito de jurisdicción, también el gobierno peruano anuncio su retiro por inconsistencia en las acusaciones que la CIDH ha efectuado del nación Hinca.

Por esta razón el actual Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado y denunciado ante el mundo que la CIDH incluso llegó al extremo de avalar y felicitar públicamente el golpe de estad que contra nuestro país ejecutaron los sectores más radicales de ultra derecha en contra de nuestra nación. Y cuando en ese momento violaron la Constitución y todas las leyes establecidas por un gobierno legitimo la Corte silencio los micrófonos que sirve para escuchar sus oscuros y silentes discursos que a diario se imponen en contra de la soberanía nacional.

Toda esta descomposición que viene sucediendo en el seno de la Corte se da por la inefable composición de la misma. El nombramiento de sus siete jueces se da tras los intereses personales de supuestos juristas de alta solvencia e integridad moral. En su mayoría constituida sólo por hombres, donde las mujeres llevan la mas alta desventaja y donde sus miembros son los reconocidos nombres de pudientes familias y corporaciones que hacen vida sobre todo económica en Latinoamérica.

El actual presidente para cubrir el presente periodo 2010-2014 recayó en el peruano Diego García Sayán. El cargo de vicepresidente es ejercido por el argentino Leonardo A. Franco y los cinco jueces restantes quedaron de Chile con Eduardo Vio Grossi, Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Margatette May Macaulay de Jamaica, Alberto Pérez Pérez del Uruguay y Rhadys Abreu Blondet de la República Dominicana.

Venezuela, no logra presidir la Corte desde inicios de la década de los ochenta, concretamente desde el año de 1983 cuando estuvo a cargo y sólo por dos años en la responsabilidad del reconocido escritor y jurista nacional Pedro Nikken.

Ahora la Corte Interamericana de DDHH encontró un nuevo responsable: Venezuela. Y en todos los juicios que involucren a nuestro país por sólo haber cometido el “pecado” de haber elegido el gobierno de Hugo Chávez, entonces ninguno de los juicios donde Venezuela reclame prosperará, pero muy al contrario, donde seamos nosotros los acusados, ellos no serán imparciales, pues se parcializarán en contra del Estado venezolano, pues lo que buscan es enjuiciar al propio Presidente Hugo Chávez y a los principales líderes de la revolución bolivariana.

Por eso y en mi criterio puede sobrevenirse la confección de un escenario mundial donde un día de estos amanezcamos con la noticia que algún alto funcionario del gobierno venezolano sea detenido en cualquier país del mundo acusándolo de cualquier Código Rojo de Interpol y sea juzgado en otro país señalados de cualquier desventura y que detrás de esto estarán las huellas de las pisadas de la CIDH.

La CIDH es dirigida bajo los intereses, dominio y tutela del Departamento de Estado norteamericano, esto la ha hecho en su confección un organismo total y absolutamente sesgado. Lo cual le permite dándole luz verde para ser una institución ensañada en contra de Venezuela y en donde así, no vale la pena seguir allí respirando sus aires ni con los filtros más modernos de las últimas mascarillas.

Por estas razones no vale la pena que nuestro país permanezca por mas de un minuto allí, cotizándoles en miles de dólares los gastos que se reparten como los atracadores del erario de una nación soberana, libre e irrestrictamente democrática.

Actualmente, la suerte del organismo internacional está bajo el mantenimiento y control de los sectores mas ultraderechistas de los Republicanos y Demócratas estadounidenses al servicio del tristemente servil de la Oficina Oval de Washington.

Mientras, van convirtiendo a la CIDH en un circulo improductivo de los Derechos Humanos. Intentando enmarañar a Venezuela en unos mecanismos de control que intentan obligar a cumplir con unas resoluciones altamente falsas e infundadas en los sacrosantamente opacos mecanismos de protección que intentan la obligatoriedad de los intereses imperialistas.

Parecen locuras diluvianas que anuncian el cambio lúgubre de un organismo ahogado en su ineficacia y congelados sus pies en tremendas panelas de concreto, pues, quienes ahora opinan que un país se vaya o se quede pasa por las manos de la diplomacia estadounidense.

Responsablemente, Venezuela ha activado el camino soberano de plantear el legítimo he inmediato derecho de irse de la Corte. Esta soberana decisión activó esta nueva campaña internacional en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

Han emprendido una lúgubre cruzada acusando a la revolución bolivariana de incentivar para la región Estados apartados del concierto internacional y a su vez acusarnos de ser un “Estado forajido”. Acusación que no se han cansado en repetir hasta saciar el muy lamentable montaje de escenarios que vayan a favor de todos los medios anti-Chávez.

Llama poderosamente la atención que el portavoz del Departamento de Estado de los EE.UU., Mark Toner, quien se apresuró a calificar la decisión de Venezuela como “muy lamentable”, cuando ni los Estados Unidos ni Canadá reconocen en la CIDH autoridad para juzgar sus propias violaciones a los derechos humanos. Y vaya que son bastantes como recientemente las hemos visto en la criminalización que le han dado a los seres humanos de color y a las minorías que trabajan y que llevan incluso a la Pena de Muerte en el muy conocido Callejón de la Muerte en la nación de cincuenta y cuatro estrellas.

Muy elocuentemente lo planteó el gran escritor venezolano Luis Brito García: Si los derechos humanos los viola un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.

Los recientes reclamos de Venezuela hacia el funcionamiento de las comisiones de la Corte hacen imposible que Venezuela no sea juzgada por este espacio internacional prejuiciado en contra de nuestro país.

Actualmente el gobierno bolivariano se ubica en uno de los países que más imparte équida en cuanto al novedoso, avanzado y moderno sistema de justicia expresado primeramente desde su carta magna que es la Constitución de la República Bolivariana y sus novedosísimos sistemas de leyes orgánicas que ahora mas que nunca garantizan derechos e igualdades a la familia venezolana, como la recién aprobada Ley Orgánica del Trabajo, cosa que en gobiernos anteriores eran prácticamente nulas por un sistema judicial inservible, atrasado y corrompido por las cúpulas de los tradicionales partidos políticos.

El actual sistema interamericano de los derechos humanos es subsidiado en mas de un 50% por los Estados Unidos, ¿esto garantiza équida y trasparecía en las decisiones que se tomen en contra de Venezuela? Quien paga decide y esto desde ya está muy claro.

El sistema de justicia de esta Corte funciona como un satélite, orientado desde las directrices del grupo Obama.

Mientras, la Corte va retando la legalidad de algunos países que se oponen a una corta injerencia, quienes nunca dijeron nada ni se pronunciaron en contra de aquellos personajes políticos y militares que saquearon en torturas la voluntad política de quienes dignamente se opusieron a las dictaduras latinoamericanas del siglo que recién finaliza y donde los responsables en nada pagaron por su irresponsabilidad en la criminal locura que desapareció a miles de ciudadanos.

Aún, muchos países merecen la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad de los hechos aquellos que perdieron a amigos y parientes y que continúan sufriendo como si muriesen de nuevo y siempre en cada oscuro día.

Torturadores que después se cubrieron con el trapo deshilachado de la amnistía como es el caso de Centroamérica y Suramérica, regiones enteras que fueron asoladas por torturadores y que hoy descansan en la criminalidad de sus acciones y nunca hubo CIDH que se parara frente a aquellos gobiernos y reclamasen castigo para esos culpables, pero hoy, si quieren establecer sanciones contra nuestro país por haberle señalado unas cuantas verdades a la nacionalidad de la mentira corporativa representada en el seno de la oscura Corte Internacional la cual al igual que ayer siguen defendiendo los intereses que permanecen ocultos en los diversos escenarios de la mentira derechista internacional.

La comunidad internacional no orientará sanciones en contra de nuestro país por considerarla autónoma, independiente y libre su decisión. La configuración del nuevo escenario internacional presenta obstáculos por decisiones apoyadas dentro de organismos internacionales los cuales se abrogan sanciones a sus medidas.

La decisión de actual de Venezuela es histórica y su repercusión llamará a otras naciones a reclamarle a un sistema internacional de derechos humanos que transita por una de las mas fuertes crisis.

Los nuevos espacios internacionales del CELAC y UNASUR corresponden desde ya a crear nuevas condiciones ideales de funcionamiento por el cual se desarrolla el nuevo modelo de integración no ficticio y muy real acrecentado en el nuevo movimiento regional.


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