La corrupción, si bien es un mal endémico, ha alcanzado niveles críticos que amenazan contra la vigencia de la nación. Los famosos “cañonazos de 50 mil pesos” con que Obregón sometió a los generales revolucionarios, hoy se truecan como dádivas a amplios grupos de población y prebendas a los privilegiados, destinados a garantizar el ejercicio del poder por quienes lo ejercen como fuente de riqueza personal, del partido que sean. ¿Quién, que llegue al poder por tal vía de corrupción, podrá gobernar con honestidad? ¿Cómo exigir honestidad a los funcionarios y a la sociedad si el origen de su supuesta autoridad está marcado por la deshonestidad? Imposible.
Los mexicanos llevamos toda la vida luchando por lograr un país de instituciones regido por el derecho en el marco de la democracia. Han sido muy breves los momentos en que ese anhelo ha estado cerca de lograrse, tal vez sólo con Juárez y los liberales de la Reforma, pero nada más. Ha sido la lucha de nunca acabar: se instaura una cierta institucionalidad y, de inmediato, es frustrada por una nueva forma de violarla; mecanismos sofisticados y onerosos destinados a reforzarla pronto se ven burlados por quienes de eso viven y viven demasiado bien. Hay una enorme capacidad de adaptación e innovación que si se aplicara a la procuración de la justicia y el bienestar nos llevaría a rivalizar con los mejores países del mundo.
Lo anterior es aplicable en todas las materias de la relación social, ni las religiones se escapan a tal condición. Pero donde adquiere mayor gravedad es en la política, puesto que es la política el instrumento social para lograr el perfeccionamiento de la relación entre los individuos, los grupos y las regiones, en aras de la justicia y el bienestar. Ante una lacerante realidad de miseria e inequidad como la que padecemos, sólo desde el poder se puede actuar eficazmente para corregirla, me refiero principalmente al poder del estado, aunque también se requiere avanzar el logro del poder de la sociedad para actuar en consecuencia.
El proceso electoral que estamos viviendo está brutalmente afectado de corrupción, ya casi concluyó y siguen apareciendo datos duros de comprobación de que es el dinero el factor determinante de la cooptación de la voluntad soberana del pueblo para decidir su destino y elegir a sus gobernantes. Desde la manipulación mediática de las conciencias hasta la burda compra de votos, todo corre por el resbaloso camino del poder económico. Los muy pocos que detentan tal poder invierten sumas multimillonarias para asegurarse de continuar tal estado de cosas, siempre en detrimento de los muy muchos que sólo cuentan con lo indispensable para sobrevivir. Tales inversiones tendrán que ser ampliamente compensadas por la utilidad resultante. El altruismo sólo queda para el negocio de los teletones.
Pero es también un negocio con riesgo de convertirse en suicidio. Ya va siendo demasiado el agravio en sus múltiples expresiones. Ya va siendo insoportable la continua manifestación de la protesta, ahora con la juventud incorporada en la tarea de construir patria. A nadie le conviene y nadie gana. López Obrador está obligado a defender los votos que sumó el Nuevo Proyecto de Nación y lo hace; el PAN debiera hacer lo propio; pero aún si no lo hicieran y responsablemente evitaran alentar la protesta, la gente lo hará como pueda: el país se puede incendiar, sea en el gran siniestro o en la suma de pequeños infiernillos generalizados. El punto crítico está rebasado y no hay retorno, a menos que, parafraseando a la Vázquez Mota, se registre el milagro. Un verdadero milagro sería que la autoridad judicial asumiera su papel de garante de la constitucionalidad y se decidiera por limpiar de corrupción el proceso electoral, lejos de argucias y triquiñuelas procedimentales, mediante la declaración de nulidad. La salud del país lo reclama con urgencia.
