México está ante el inminente riesgo de registrar un nuevo retroceso en el reloj de la historia. En el Congreso se discute una iniciativa del ejecutivo para reformar la legislación laboral, marcada con el flamante carácter de “preferente” que obliga a su desahogo en plazo perentorio. El contubernio entre Calderón y Peña Nieto (distintas siglas, misma obsesión neoliberal) y el compromiso de ambos con la patronal, allanan el camino para hacer mayoría en el legislativo, aunque sea a contrapelo del corporativismo laboral priísta que, por cierto, se opone por lo único que pudiera ser rescatable de la iniciativa en lo que se refiere a la democracia sindical.
Al margen de consideraciones de orden ideológico y de justicia social, con un enfoque meramente economicista y pragmático, el afán de lograr el crecimiento a base de reducir el costo de la mano de obra es del todo impertinente e ineficaz; sus promotores aducen un ajuste a una modernidad competitiva en la globalidad para lograr un mayor flujo de inversiones foráneas y, con ello, aumentar la producción y el empleo, en el modelo de privilegiar al sector externo de la economía. Es un argumento falaz y ha quedado claramente exhibido en la historia propia y en la de la mayoría de los países que han seguido tal receta neoliberal.
De nada sirve una abultada cifra del valor de las exportaciones ante una más abultada cifra en las importaciones. Tampoco sirve un importante incremento del empleo en el sector exportador cuando se acompaña con un mayor desempleo en la producción para el consumo interno. De nada sirven los estímulos a la inversión foránea cuando tenemos medio billón de pesos de mexicanos depositados en el extranjero por la falta de alicientes de rentabilidad para invertirlos en México y para México. Lo más importante: de nada sirve un crecimiento de la economía si no es para generar bienestar en la población.
A los únicos que tal esquema sirve es a los grandes capitales internacionales que ponen a competir a los países para colocar sus inversiones en los que les aseguren una mayor ganancia y menor responsabilidad social y ecológica para, desde ellos, abastecer los grandes mercados de los países ricos. No es otro el sentido del tan traído libre comercio y de las nefastas recetas impuestas por los organismos internacionales. De allí también que tales intereses se empecinen en imponer gobiernos obsecuentes a sus mandatos.
Desde el punto de vista de la competitividad, lograrla a base del abaratamiento de la mano de obra es un cuento de nunca acabar; siempre habrá otro más jodido que ofrezca condiciones de mayor esclavitud. Lamentablemente el espectro de la injusticia se pasea a sus anchas por el mundo; el ejército de reserva mundial es enorme y se incrementa vertiginosamente, no por causas naturales o por designio divino, sino por causa del propio diseño impuesto por los tecnócratas neoliberales. El suyo es un negocio redondo.
Los defensores del proyecto de abaratamiento de la mano de obra ponen el grito de advertencia por el aumento de la competitividad de los chinos, según ellos basado en su mano de obra esclava. Nada hay más falso. China es competitiva por su productividad y por el manejo inteligente y autónomo de su divisa, artificialmente devaluada. El trabajador chino gana pocos dólares pero con los yuanes que gana alcanza un nivel de vida superior. Esos mismos tecnócratas han tenido que aceptar el impresionante crecimiento económico del Brasil y su gran competitividad, pero no quieren ver que Lula lo primero que hizo fue romper los topes salariales impuestos e incrementarlos sustancialmente; su fortaleza se fincó en la del mercado interno. La Argentina de Menem cayó en el garlito y aprobó, no sin sobornos a los legisladores, una reforma laboral abaratadora de la mano de obra, de efectos devastadores que, en mucho, contribuyeron a la debacle del 2001; corregido el error por la nueva administración, el país ha podido recuperar la senda del crecimiento.
La economía mexicana necesita recuperar la fortaleza del mercado interno; su principal ingrediente es la masa salarial creciente basada en mayores salarios y mayor empleo. Exactamente al revés de lo que la reforma propuesta pretende.
Además, la justicia así lo demanda.
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