Más de cien años de historia petrolera mexicana y no se acaba el conflicto permanente de intereses en su entorno. Desde los inicios de su operación industrial, cuando Porfirio Díaz optó por otorgar concesiones de explotación a empresas inglesas y holandesas para no quedar sujeto a las gringas, comenzaron las presiones de Washington que pretendía la exclusividad; el dictador perdió su apoyo y, en alguna medida, se facilitó la revolución. Madero disgustó al vecino del norte por su pretensión de cobrar impuestos y reivindicar derechos nacionales y se dio el Pacto de la Embajada y el cuartelazo de Victoriano Huerta, quien también se tuvo que enfrentar a la malquerencia yanqui por sus devaneos germanófilos. Los Constituyentes del 17 reivindicaron para la nación el dominio de los recursos del subsuelo, particularmente el petróleo, pero Carranza se vio obligado a ceder en la no retroactividad de la medida. Obregón y Calles se vieron igualmente presionados, incluso con la asonada secesionista de La Huasteca, promovida y financiada por las petroleras. Tocó a Lázaro Cárdenas dar el paso trascendente de la expropiación de la industria petrolera, quien aprovechó el desacato de las empresas al laudo de la Suprema Corte de Justicia que reconoció los derechos demandados por los trabajadores sindicalizados, así como la coyuntura internacional de pre guerra. A la expropiación siguió la presión internacional con el boicot a los suministros de las materias primas y las refacciones requeridas para la operación industrial, el que fue finalmente vencido por la hazaña heroica de ingenieros y técnicos mexicanos que lograron producirlas localmente. Ya nacionalizado el petróleo las presiones continuaron, siempre en aras de asegurar el suministro del energético para satisfacer la creciente demanda norteamericana. El régimen de Miguel Alemán cedió a la presión y otorgó contratos de explotación equivalentes a nuevas concesiones, los que fueron revertidos doce años después durante el gobierno de Adolfo López Mateos, con lo que quedó debidamente consolidado el control del estado sobre la actividad petrolera, aunque sin que ello significara el término de las presiones.
En los años setenta, siendo presidente Luis Echeverría, se registró el embargo petrolero de los árabes y la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como organismo regulador del mercado. Washington presionó brutalmente para que PEMEX aumentara la producción a fin de romper el embargo. Era director de la empresa un gran mexicano, el Ing. Antonio Dovalí Jaime, quien supo mantener en reserva la información de los muy cuantiosos depósitos del hidrocarburo hallados en el Golfo de México. Echeverría resistió y, no me cabe duda al respecto, por tal motivo registró el embate desestabilizador gestado al norte del Rio Bravo, con el consiguiente deterioro político y económico del régimen. López Portillo recibió el país en medio de la profunda crisis así provocada y ya no tuvo manera de resistir: fluyeron los recursos del financiamiento internacional barato dispuesto para el efecto y se produjo el boom petrolero bajo la dirección del Ing. Jorge Díaz Serrano: petróleo y petroquímica se convirtieron en la punta de lanza y la economía nacional creció como nunca antes. Fue un garlito de la peor leche: aumentada la oferta internacional los precios se cayeron estrepitosamente y los intereses de la deuda adquirida se elevaron: México quedó entrampado, como visionariamente lo advirtiera con oportunidad el Ing. Heberto Castillo. Es a partir de entonces que se perdió la soberanía nacional sobre el recurso petrolero: las negociaciones de restructuración de la deuda externa derivaron en el sometimiento de la política petrolera mexicana a los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. De la Madrid tuvo que rebasar el techo de exportación originalmente establecido y congeló las inversiones. Salinas de Gortari, primer gringo nacido en México que llega a la presidencia, inició el arduo trabajo de desmantelamiento de la paraestatal petrolera; cerró la refinería de Atzcapozalco y comenzó la importación de gasolinas; subdividió la empresa para hacer artificial y contablemente incosteable la refinación de petróleo y favorecer la exportación de crudo. Ernesto Zedillo continuó el desmantelamiento e intentó la reforma constitucional para privatizar la empresa del petróleo nacionalizado, lo mismo que hicieron los gobiernos de Fox y Calderón, quienes además dilapidaron los recursos excedentes resultantes del aumento del precio internacional. Ninguno de ellos logró su intento de reforma constitucional pero todos fueron minando y otorgando contratos que, con base en leyes secundarias, violan la Constitución y privatizan en los hechos la actividad que es patrimonio de todos.
Hoy el nuevo gobierno vuelve a poner el dedo en el renglón y se alista para dar el empujón privatizador. Tema que abordaré en próximos artículos.
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