He seguido con cierta atención las sesiones de la Comisión de Energía del Senado, en las que se pretende dar la apariencia de debate respecto de la proyectada reforma energética propuesta por Peña Nieto. De origen fue tramposamente diseñada para dar mayor espacio a las voces de quienes la aplauden respecto de quienes la objetan, lo que provocó que el PRD se retirara del ejercicio y convocara por su cuenta a un foro paralelo. El resultado es que un tema de tanta importancia se ventile en un diálogo de sordos y no quede más que la confrontación de la voz de la calle –la del pueblo- y la de la tecnocracia encerrada en sus gabinetes de cabildeo. Entre gritos y susurros se juega el destino del país.
Las del senado parecen un I Congreso Nacional de Agentes de Ventas de los Recursos Nacionales, con participación restringida a los miembros del club, lejos de ser un ámbito de discusión y debate sobre las alternativas para el progreso de la actividad energética mexicana. Las ponencias son un rosario de lugares comunes: competitividad, modernidad, generación de empleos, aumento del PIB, reducción de precios, aprovechamiento de experiencias exitosas de otros países, etc. En ninguno de los casos se ha explicado de qué manera se lograrán tales “beneficios” y, mucho menos, si en verdad nos beneficiarán. La iniciativa de Peña Nieto tampoco hace mención alguna que lo explique, al grado de que ni siquiera se adelanta indicio alguno respecto de las leyes complementarias que, en su caso, concretarían la pomposa reforma.
Hay una actitud vergonzante en todo este manejo oficial. Les da vergüenza reconocer el verdadero sentido del proyecto, por lo que se esmeran en ocultarlo y vestirlo con vil propaganda. Niegan el carácter privatizador y dicen que no se venderá ni un solo tornillo de PEMEX, por ejemplo, pero omiten decir que con la apertura la empresa nacional caerá en ruina ante una competencia que contará con todas las ventajas para las petroleras trasnacionales, dejando los lastres y las desventajas en la paraestatal. Así lo muestra el caso de la Comisión Federal de Electricidad: inconstitucionalmente se otorgan permisos de productor independiente y se garantiza la compra de la energía excedente por la CFE, la cual cierra plantas útiles y deja de generar en hidroeléctricas para cumplir el compromiso con los independientes; así hasta yo hago negocio y le gano a la empresa pública.
Les da vergüenza reconocer que el real motivo de la reforma es aumentar el flujo de inversión externa, objetivo favorito de la tecnocracia apátrida en el poder que, en su enferma opción globalizadora, la suponen como la única fórmula para crecer. Entregados los grandes negocios nacionales a los particulares, principalmente extranjeros, ya sólo queda el pastel de la energía para atraer a los buitres del gran capital internacional; las telecomunicaciones, la banca, los ferrocarriles, la agricultura, el comercio, la minería, entre otros muchos, son negocios que ya pertenecen a las trasnacionales, solamente les falta la energía para acabar de convertir a México en una moderna colonia, sometida a intereses diferentes y contrarios a los nacionales. Les hace falta terminar la tarea para poder mantener una balanza de pagos deficitaria, dado el fracaso de las exportaciones como motor de la economía general y el desmantelamiento del aparato productivo nacional. Me extraña que la CANACINTRA, representante de la pequeña y mediana industria nacional, omita que los primeros perjudicados por la apertura serán precisamente sus asociados.
En contrapartida, en el foro paralelo del PRD, en las universidades públicas y privadas, en asambleas populares y en cuanta parroquia se reúna, priva la opinión en el sentido de rescatar a las empresas públicas de la energía, darles capacidad para invertir para su mejor funcionamiento; liberarlas de la pesada carga de la corrupción de sus dirigentes sindicales (que no de su sindicato), así como de la caterva de burócratas de pedigree que llena sus oficinas; facilitar su integración y su capacidad para impulsar las actividades productivas de proveedores nacionales; recuperar los grandes complejos de producción integrada y las refinerías que hacen falta; en resumen: rescatar para el beneficio de México y de los mexicanos la riqueza de nuestro suelo.
Que quede claro: a México no le conviene saquear sus reservas de hidrocarburos y aumentar la exportación lo que, en último término, derivará en bajas a los precios internacionales, de manera que la mayor exportación no redundará en mayores ingresos, ya López Portillo cometió ese error y lo estamos pagando caro. No lo repitamos. ¡Que no nos vuelvan a saquear!
