A esta lista habría que añadir al Estado español en el que los propios asesinos (tal como hicieron en Argentina y Uruguay) dictaron una ley que los blindaba ante cualquier pretensión de justicia futura. En Argentina la anularon y en Uruguay lo intentaron... en el Estado español ni lo uno ni lo otro, porque las llamadas “fuerzas vivas” de toda la vida son las que controlan el poder.
Este mes de noviembre la ONU, por medio de un informe del Comité contra la desaparición forzada, instó al Gobierno español a que dedique fondos públicos para buscar a los desaparecidos españoles de la dictadura fascista de Franco.
El informe de la Comisión de la ONU añade que tanto la “búsqueda” como “el esclarecimiento” del destino de las decenas de miles de desaparecidos son “una obligación del Estado aun cuando no se haya presentado una denuncia formal” y los “familiares tienen, entre otros, el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
El informe pide que los jueces españoles (parte de esas “fuerzas vivas” que colaboraron con la dictadura antes y después) dejen de proteger a los asesinos haciendo una interpretación restrictiva de la Ley de Amnistía de 1977.
En conclusión, los únicos recursos que todos los Gobiernos españoles van a dedicar a la verdad y a la Justicia de la memoria de los desaparecidos son los recursos inhumanos de que han hecho gala durante estos más de 30 años de “libertad”.
