La campaña internacional de intoxicación mediática contra Venezuela que se inició el 12 de febrero de 2014, tenía el objetivo de ¿legitimar? en la opinión pública mundial un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
Así mismo justificar –con la manipulación, el engaño informativo y noticioso– las acciones terroristas, violentas conocidas como las “guarimbas”.
Los sediciosos han argumentado (negando la sedición) que su ¿protesta?, es un derecho humano, ocultándole a sus seguidores, que ninguna constitución o instrumento jurídico de los derechos humanos en el mundo otorga el derecho absoluto a la protesta.
La Constitución de Estados Unidos en la Primera Enmienda dice sobre la protesta: “el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al Gobierno la reparación de agravios”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su Artículo 20 expresa: 1) Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley; 2) Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
Y le preguntamos a esos ¿venezolanos? que desde Estados Unidos aplauden, financian las guarimbas y piden una invasión: ¿Hay guarimbas en Estados Unidos? ¿Por qué no montan una “guarimbita” en Florida o en New York?
El Gobierno Bolivariano ha actuado apegado a la ley, a los derechos humanos y en legítima defensa.
