La incesante guerra económica que vive Venezuela, se sustenta en variables que podemos catalogar desde diversas perspectivas; la primera de ellas estructural por la formación socio – económica de las fuerzas productivas nacionales, altamente dependientes de los ingresos generados por la renta petrolera, la segunda de ellas por las presiones del Capital Monopólico Transnacional (CMT) que pretenden empujar el país a un endeudamiento bajo los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con el objetivo de conducir una política regresiva socialmente insostenible, y tercero por la coyuntura extractivista desarrollada en nuestras fronteras especialmente en la Colombo – Venezolana de los bienes y servicios ofrecidos en nuestro territorio, que dado su carácter de democratización en su acceso previsto en la Constitución, terminan siendo subsidiados por el Estado.
La Industria Venezolana especialmente sustentada en el desarrollo alcanzado durante la segunda mitad del Siglo XX, encontró dos problemas esenciales: el primero protagonizado por la altísima dependencia tecnológica consecuencia del modelo Cepalista que promovía el desarrollo hacia dentro imposible de alcanzar con los bajísimos niveles de capacidad para crear tecnologías propias, y el segundo agudizado en la década de los noventa por la necesidad cada vez superior de insumos y materias primas importadas, que acrecentaba cada vez más la dependencia de divisas que inhibían el desarrollo armonioso bajo una lógica soberana. Consecuencia de ello el aporte al PIB de la Industria Manufacturera pasó de 18 a 4,5 por ciento desde 1983 a 1998 (Wexell, 2009).
Ese modelo dependiente ha sido caldo de cultivo para que el CMT, se apropie del aparato productivo en los rubros más vitales, ejemplos de ello vienen siendo hoy en día la P&G o Empresas Polar, que han controlado casi la totalidad del mercado en su gama de productos, bajo un modelo importador que ha respondido históricamente a mayor demanda de divisas para garantizar el abastecimiento nacional, es por ello que aún cuando el Sector Privado Nacional (SPN) apenas produce el 3% de los Dólares que ingresan al país accede al 54% de los mismos (BCV, 2013), y en tiempos de bajos precios del petróleo las presiones por acceder a ellas son mayormente sentidas socialmente.
A estos elementos igualmente presenciados en la Revolución Bolivariana (RB) se le añade durante los últimos años los componentes referidos al diferencial cambiario, a modo de subversión económica, que promueve valores de intercambio de divisas a partir de las transacciones propias de las casas de cambio Colombianas, en una economía como la del vecino país en la que las cifras más conservadoras del FMI afirman que el 35% del PIB se deriva de la economía subterránea originada por el narcotráfico, y que en el período 2013 – 2015 el valor del dólar vinculado al mercado negro han experimentado un incremento del 2.900 por ciento mientras que durante los años 2011 – 2013 apenas alcanzaron el 100 por ciento. Este aspecto inducido trae daños colaterales como el contrabando, bachaqueo, cadivismo, entre otros que afectan considerablemente la inflación, escasez y desabastecimiento.
Las respuestas aplicadas en la Frontera no han sido efectivas ante la imposibilidad de controlar según cifras del Banco de la República de Colombia 177.000 personas que diariamente cruzan la frontera, puesto que desde el punto de vista punitivo pareciera no tener una solución viable, y en la que según cifras del propio Gobierno Colombiano girarían cerca de unos siete mil millones de dólares que no son contabilizados en el intercambio comercial, y de los cuales Venezuela no percibe por captación de divisas sino que es afectada por extracción. Es necesario recordar que fue hasta 1.992 cuando la Balanza Comercial resultó favorable a Venezuela con un intercambio de 984 Millones de Dólares, esto cambiaría a partir de allí favoreciendo a Colombia y en 2013 fueron 2.660 Millones de Dólares con un máximo en 2.008 de 7.200 Millones de Dólares.
Las propuestas generadas apuntan hacia la operacionalización de la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña San Antonio ya decretada por el Presidente de la República a finales de 2014, que permita a modo de política integral desarrollar un intercambio comercial para: (1) elevar las exportaciones no petroleras, (2) que permitan el auto – abastecimiento de divisas del sector privado, (3) disminuyendo la dependencia de la renta petrolera, (4) combatiendo el diferencial cambiario mediante la oferta de divisas no petroleras, (5) captando esos 7 mil millones de dólares que circulan en el ámbito fronterizo, (6) aprovechando las capacidades productivas y apalancando no solo la industria local, sino la nacional, (7) generando un empleo creador que combata los males sociales y (8) dando un paso importante para modificar la formación socio – económica de Venezuela.
Wexell, L. (2009). Economía Venezolana (1899-2008). La lucha por el petróleo y la emancipación. Caracas: El Perro y la Rana.
BCV (2014). Valores de Importaciones y Exportaciones de Venezuela. Disponible en la web: www.bcv.org.ve.
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