En la reciente rueda de prensa ofrecida en la Comuna 13 de Medellin (Ver https://x.com/AlvaroUribeVel ), para ahondar en su negación de la verdad histórica sobre la violencia contra popular ejecutada a lo largo de sus 8 años de gobierno, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez cerró su desquiciada algarada señalando su objetivo de regresar al gobierno en las elecciones presidenciales del 2026 y con él, todo su bloque ultraderechista mórbido.

Uribe, realzó con elogios la Operación Orión ejecutada en Medellin (Comuna 13), en octubre del 2002, en la que intervinieron fuerzas combinadas del ejército, la policía, la Fiscalía y los paramilitares para arrasar a un sector popular urbano de la segunda ciudad de Colombia.

La Operación Orión es un modelo de sometimiento violento de grupos populares emergentes que, por sus resultados (hoy develados por la JEP y la movilización de las víctimas y los familiares de más de 600 personas enterradas en la escombrera de ese territorio), se presenta como la forma más eficiente de ejercer el gobierno por parte de la ultraderecha oligárquica para aplastar cualquier tendencia de reordenamiento de la sociedad colombiana en términos del ejercicio de los derechos humanos fundamentales y las libertades democráticas.

Montado en el clima político creado por el auge global de la ultraderecha, a raíz del triunfo presidencial de Trump y de su posesión el próximo 20 de enero en compañía de un gabinete de pistoleros, Uribe Vélez ha trazado un horizonte de restablecimiento de su dominio absoluto del Estado priorizando los temas de la seguridad y el control de los territorios en el marco de la campaña presidencial que ya cobra forma y debe terminar en junio del 2026.

Un esquema, en principio medio absurdo, pero que visto el actual contexto socio político –global y local- no es delirante ni descabellado. Mas considerando los vacíos, dificultades, frustraciones y obstáculos puestos al actual gobierno progresista que encabeza el presidente Gustavo Petro.

Lo cierto es que al día de hoy se está consolidando un ecosistema para la reproducción –por fuerzas de derecha y de ultraderecha- del régimen tradicional oligárquico, inmerso en una aguda crisis económica, institucional y política y en su hegemonía ética y cultural.

Como esta ultraderecha no se queda quieta y avanza veloz en sus tareas, ya está haciendo ofertas en varios temas estratégicos como el de la seguridad.

A ese respecto, Rafael Nieto Loaiza, uno de los personajes de la caverna más cercanos al ex presidente Uribe, ha dado a conocer sus propuestas en materia de seguridad y violencia que retomo acá en esta nota para que los sectores de izquierda y democráticos hagan las denuncias correspondientes sobre lo que se está preparando para el próximo gobierno nacional colombiano que por lo visto será controlado por la casta plutocrática mediante un método como el de Orión, masificado de nuevo con los terribles daños que eso implicara para los sectores populares y campesinos.

Nieto Loaiza afirma que:

"Las soluciones a la violencia y la inseguridad rampante tienen que ver con:

El control militar del área es condición necesaria, pero no suficiente para asegurar el territorio por parte del Estado.

El 7 de agosto del 2026 terminará esta horrible noche. No tengo duda de que el próximo gobierno no será petrista. Tampoco la tengo de que tendrá una tarea monumental. Comparto acá unas ideas en materia de seguridad y lucha contra los violentos.

Hay que renunciar a los diálogos. Han fracasado para traer la paz y solo han servido para el reciclaje de los grupos violentos y sus liderazgos.

Al mismo tiempo, los grupos se fraccionan una y otra vez, de manera que mientras unos dicen desmovilizarse, otros, las ‘disidencias’, mantienen su actividad criminal y se quedan con el negocio.

A los grupos violentos no queda sino combatirlos sin pausa y aplicarles con rigor la ley. Hay que apostar por el Estado de derecho y la justicia. La paz no se hace con impunidad y beneficios para los criminales.

Es clave volver a poner el narcotráfico en el centro de la acción estatal. La minería ilegal y la cocaína, sobre todo esta última, son la causa y el fin de los grupos violentos que, a estas alturas, solo se mueven por su afán de lucro y han perdido toda motivación ideológica.

Hay que cortar de raíz sus finanzas. Para ello hay que volver a la erradicación (y si se pudiera a la fumigación aérea), sin dejar de hacer énfasis en la interdicción. Y atacar a fondo las finanzas, con apoyo del sistema financiero internacional y nacional, recuperando la cooperación internacional que Petro colapsó.

El gobierno ha abierto unos canales de blanqueo de capitales que hay que desmontar.

Recuperar la Fuerza Pública debe ser una prioridad. Sin ella todo está perdido. Hay que cambiar las cúpulas tan pronto como sea prudente y nombrar un liderazgo nuevo que pase por polígrafo y esté libre de cualquier duda sobre su cercanía ideológica a la izquierda.

Su lealtad debe estar solo con la Constitución y con la nación colombiana. Hay que devolverles el presupuesto que les es necesario para cumplir sus tareas, reconstruir el poder aéreo, la inteligencia y las fuerzas especiales, y volver a implementar programas de cooperación ciudadana.

Recuperar los espacios de articulación entre las distintas fuerzas, desmontados recientemente en otro petrista golpe artero, es vital. Y hay que concentrarse en la recuperación del control territorial, perdido de manera dramática durante este gobierno.

Y sí, hay que estructurar mecanismos de coordinación de la Fuerza Pública con la presencia del resto del Estado, incluyendo la administración de justicia. El control militar del área es condición necesaria, pero no suficiente para asegurar el territorio por parte del Estado.

Los temas de prisiones y cárceles y el papel del sistema de administración de justicia serán objeto de otra columna" (Ver https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/soluciones-a-la-violencia-y-la-inseguridad-2823.html ).