El lugar teniente y sucesor de Alvaro Uribe Velez (a) Alvarito, comienza a quitarse la máscara de supuesto "amigo" de Venezuela y su gobierno. Juan Manuel Santos, ministro de defensa del gobierno narco-paramilitar que ejerció el fundador de las AUCC y actualmente presidente de Colombia, le dolió que el gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela golpeara a las mafias del narco-paramilitarismo, bachaqueo y manipulación cambiaria en la frontera con el estado Táchira.
Apenas el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros emitió el decreto que cierra temporalmente la frontera, luego que tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fuesen emboscados y heridos de gravedad por paramilitares en la población de San Antonio del Táchira se desataron los demonios colombianos contra Venezuela y la Revolución Bolivariana, los mismos que se encresparon contra El Libertador Simón Bolívar y su proyecto de la Gran Colombia.
El presidente Juan Manuel Santos, salió a pedir a Venezuela mayor colaboración en la frontera y a rechazar el "arbitrario cierre de la frontera con Colombia". Como si no fuese Venezuela, la que le está sacando las castañas del fuego al gobierno de la ultraderecha neogranadina, al darle cobijo a más de seis millones de refugiados, que huyendo del hambre la miseria y la violencia criminal institucionalizada en ese vecino país, han cruzado hacia territorio venezolano, donde no solo han encontrado la amistad y el amor del pueblo venezolano, sino alimento, vivienda, salud, educación, deporte y recreación, que les niegan en su país de origen y aquí se los garantiza el gobierno bolivariano.
Pero a parte de esa grosera posición, el señor Santos y su familia,oligarquía rancia colombiana ha puesto al servicio de las mafias anti - venezolanas, el monopolio comunicacional, a través del cual cada día se destroza y ofende la dignidad del pueblo venezolano y su revolución, herencia del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías.
Todas las "autoridades", desde el presidente Santos, la canciller Holguín, hasta los candidatos a concejales y alcaldes de la zona fronteriza con Venezuela, han visualizado un problema que a través de la historia venían ignorando. Lo más grotesco es que exigen a Venezuela que garantice los derechos humanos de los colombianos residentes en nuestro país, como si aquí estuviese en peligro su integridad física. Es tanto el peligro que corren los colombianos aquí, que hasta pensiones como adultos mayores y viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, han recibido y las están disfrutando, a la par de los venezolanos.
Ejercen actividades comerciales, profesionales, mano de obra, taxistas y hasta buhoneros, sin restricción alguna. En el Táchira, según cifras del Ministerio de Educación hay más de cuatro mil estudiantes colombianos y eso se repite en el Zulia, Apure y demás regiones fronterizas. Anualmente Venezuela recibe más de 1500 desplazados, cifra igual a la que recibe el continente europeo desde África y el Medio Oriente, en el mismo tiempo. No contento con eso, mafias criminales con la anuencia del gobierno neogranadino se llevan por los caminos verdes más del 40 por ciento de la producción y las importaciones de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, a territorio colombiano para venderlo allá libremente.
Más de 40 mil vehículos de diferentes tamaños y modelos venían atravesando diariamente el puente de San Antonio, para llevarse ilícitamente, el combustible, neumáticos y repuestos a Cúcuta y, de allí a diferentes regiones del vecino país, que viven de lo que le quitan a Venezuela.
El gobierno bolivarianos, desde la época del Comandante Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, siempre ha estado con la política de buena vecindad, solicitando a su par colombiano, articular políticas para acabar con ese hecho delictivo. Se han firmado acuerdo y se han hecho declaraciones muy bonitas para acabar con las mafias de la frontera, pero no han pasado de allí, porque el vecino es tan consecuente, que hasta la Asociación de Profesionales de Compradores y Vendedores de Divisas, es una mafia, apoyada por el Banco de la República de Colombia, que a través de la resolución 8, les da herramientas para conspirar y empobrecer el bolívar venezolano, cuyo precio sin tomar en cuenta el cambio oficializado en Bogotá, lo fijan en las mil casas de transacciones de divisas que existen en Cúcuta una zona con apenas 556 mil habitantes, pero que desde allí y prevalecidos de la ingenuidad de buen vecino de Venezuela, las organizaciones delictivas que forman parte del paquete denominado "Plan Colombia", se proponen llevar a Venezuela a la quiebra y con la siembra de paramilitares fomentar las condiciones para una confrontación civil en nuestra patria, similar a la que estremece a ese país, desde el asesinato del líder de multitudes, Jorge Eliécer Gaitán, hace casi 70 años.
Ahora resulta que por el mero hecho de el gobierno haber tomado una medida soberana para proteger a sus ciudadanos y la estabilidad económica y social de la patria, los venezolanos somos los responsables de las penurias que sufren los colombianos y de las colas que ahora hacen en Cúcuta para surtir sus vehículos de combustible, las que antes trasladaban al Táchira, donde ahora los nacionales surten sus unidades sin loas colas de cuatro y cinco horas que tenían que hacer antes del cierre de la frontera. Menos mal, que los colombianos acogidos en Venezuela, como compatriotas, están conscientes de la clase de gobierno que tienen en su patria y también saben porque se desataron los demonios colombianos contra Venezuela. Periodista* CNP 2414. cd2620@gmail.com.
