Mientras que en Colombia las explosivas declaraciones de dos altos ex funcionarios de su policía política (DAS), los señores Rafael García, quien fue jefe de informática y Rodolfo Benítez, jefe de seguridad, han asegurado que el organismo policial bajo la dirección de Jorge Noguera no solamente incurrió en delitos de corrupción a granel, sino que llevó adelante, en asociación con grupos paramilitares al mando del llamado comandante Jorge 40 actividades muy diversas que tuvieron que ver con un enorme fraude electoral en la Costa Altántica para favorecer a Uribe Velez en la elecciones del 2002 e igualmente para desestabilizar el gobierno Bolivariano de Venezuela, en donde se contemplaba asesinar al presidente Hugo Chávez, ha mantenido a los medios del país hermano en constante actividad, haciendo seguimiento a los hechos que ello ha generado en determinados sectores de la sociedad colombiana y especialmente en el Congreso de la Rep ública y en la Fiscalía General, instituciones éstas que desde el mismo instante en que se hicieron públicas tales denuncias iniciaron sendos procesos de investigación, por el contrario en nuestro país los medios en general y sus columnistas en particular, quienes por cierto aparentan no sólo estar siempre bien informados y asegurar que son muy objetivos en sus opiniones, lo cual damos fe de que no es cierto, hacen mutis y ni una sola palabra publican sobre tan escabroso asunto. Alegan algunos, lo cual nos consta, que no se han referido al tema porque carecen de información suficiente como para opinar con propiedad. ¿Cómo les parece?
En los medios del Estado ha habido alguna divulgación sobre tan graves revelaciones, aun cuando creemos que tanto el canal 8, como VIVE y ANTV, deberían haber enviado a la capital colombiana y aún están a tiempo de hacerlo, corresponsales especiales que hagan posible llevarle a nuestro pueblo una visión mucha más fresca y más amplia sobre todo cuanto se ha dicho acerca de esos hechos en el hermano país, sobre todo indagar en aquellos sectores de la sociedad organizada que muy poco o ningún acceso tienen en la llamada gran prensa, pues las denuncias de los mencionados ex funcionarios del DAS revisten importancia capital, pues no cabe duda de que generan fundadas sospechas de que el alto gobierno de la Casa de Nariño pudiera estar implicado en esos planes contra nuestro país.
No pasa semana alguna que la revista “Semana” deje de traernos nuevos detalles sobre el referido complot y realmente pareciera que ello como que no provoca algú n tipo de interés en los medios de nuestro país, pues nada se nos ha dicho, por ejemplo, que el caballero Noguera ha sido imputado por la Fiscalía como responsable del gigantesco fraude a favor de Uribe en la elecciones del 2002, que quien fue jefe de su campaña en ese entonces en la costa atlántica y actual responsable de la campaña reeleccionista, Raúl Montoya Florez, tenía estrechos vínculos con el narcotráfico internacional y que, además, las revelaciones confirmatorias del complot por parte del ex jefe de Seguridad del DAS, Rodolfo Benítez, se conocieron en una audiencia ante la Comisión del Congreso de la República que investiga las denuncias y no ante los periodistas de la mencionada revista, audiencia esa que se produjo a petición del propio Señor Benítez.
De manera que el asunto traspasó la barrera de lo increíble para ubicarse en el terreno de lo concreto y de aquello que no parece haber sido un simple acto incontrolable de algunos sectores del gobierno colombiano, sino que se corresponde con una planificada gestión que apuntaba a provocar en nuestro país un caos de imprevisibles consecuencias, como era ese de asesinar al presidente Chávez.
La edición digital de la Revista Semana de hoy nos trae nuevas noticias de las actuaciones de la Fiscalía contra Noriega, quien debió a raíz de ello renunciar a sus funciones de cónsul de Colombia en Milán, cargo para el cual se le nombró cuando debió salir de la dirección del DAS por fundadas sospechas de sus actividades inapropiadas.
Veamos lo que nos dice la Revista SEMANA sobre tan espinoso asunto que, al parecer, pica y se extiende, con pronósticos que no auguran nada nuevo para beneficio de las relaciones de nuestro país con Colombia:
DAS
La otra pata
Días después de la decisión del Fiscal General de llamar a indagatoria a Jorge Noguera, la Procuraduría General abrió investigación formal disciplinaria contra el ex director del DAS.
Cuando Jorge Noguera regresó a Milán hace unas semanas, para reasumir sus funciones como cónsul general, estaba tan tranquilo, que empezó los trámites para comprar un vehículo. En Italia este es un proceso largo y burocrático para los diplomáticos. Evidentemente, volver a Bogotá en el corto plazo no estaba en sus planes. Eso cambió el pasado lunes, cuando el fiscal general de Nación, Mario Iguarán, lo llamó a rendir indagatoria en relación con hechos contra mecanismos de participación democrática. En otras palabras, Noguera deberá responder por un presunto fraude electoral en Magdalena, cuando era director de la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe en ese departamento.
Igualmente, según conoció SEMANA, al final de la semana pasada Noguera fue notificado de que el procurador general, Edgardo Maya, también había abierto una investigación formal disciplinaria contra él como ex director del DAS, y su ex secretario general, Giancarlo Auque, por presuntas irregularidades en contratación y relación con grupos al margen de la ley.
La decisión del Fiscal General sorprendió a Uribe, quien se encontraba en Costa Rica asistiendo a la posesión de Óscar Arias. En una conversación telefónica desde el avión presidencial ya de regreso a Colombia, el Presidente aceptó la renuncia del que había sido uno de sus más cercanos colaboradores y a quien había defendido con vehemencia en las últimas semanas, en medio de los escándalos del DAS. Uribe había condicionado la salida de Noguera a un pronunciamiento de la justicia. Y así ocurrió. Lo que no se imaginaba ni el gobierno ni su campaña era que la investigación de la Fiscalía arrancara precisamente en el tema que más urticaria le había producido al primer mandatario: las acusaciones de presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2002 en Magdalena. En todos los foros, en radio, en televisión y en cualquier oportunidad que se presentara, el gobierno de Uribe desestimó las denuncias sobre este asunto que hiciera en primera instancia el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
En cambio la Fiscalía, después de escuchar nuevamente en indagatoria a García el 25 de abril, consideró que el asunto ameritaba un proceso formal. Allí García dijo que había asistido a una reunión con Noguera y otros, en la cual habrían planeado el fraude. Esta declaración y otros elementos probatorios condujeron a la decisión del Fiscal General.
También causó desconcierto en las toldas uribistas el momento en que Iguarán optó para hacer público su determinación: cinco días después de un extenso debate de la oposición en el Congreso sobre el mismo asunto y tres semanas antes de los comicios del 28 de mayo. Como es Colombia, hubo cábalas de todo tipo: que el Fiscal quería mostrar independencia frente a un gobierno del que hace año era parte; que la indagatoria es una treta y que después de las elecciones, absolverá a Noguera; que Iguarán escogió el delito menos grave y más difícil de probar, con el fin de favorecer al ex director del DAS. En un debate ante la Cámara de Representantes, el Fiscal General buscó ponerle fin a la especulación al desmentir que su actuación tuviera cálculos políticos. Una declaración previsible y lógica, que en el caldeado ambiente electoral no tuvo mucha acogida.
Lo único cierto es que la Fiscalía sigue indagando no sólo el tema del fraude, sino preliminarmente las otras denuncias contra el hoy ex cónsul, como las presuntas irregularidades en contratación, presuntos vínculos con paramilitares y narcotraficantes, presunta filtración de información a delincuentes, entre otras.
Aunque el interés se ha centrado principalmente en las actuaciones del Fiscal General, de manera más discreta y paralela la Procuraduría ha ido verificando las acusaciones en el terreno, como se desprende del auto que ordena la apertura de investigación contra Noguera y Auque.
Para empezar, la Procuraduría dice que Noguera supo de la alteración de la base de datos para favorecer a delincuentes desde junio de 2003, por lo menos 15 meses antes de que él los hiciera públicos. La Procuraduría también se pregunta por los presuntos encuentros del ex director con el jefe paramilitar 'Jorge 40' y las reuniones en su despacho con Álvaro Pupo, pariente de ese "cabecilla de las AUC". Según el organismo de control, no se ha "explicado válidamente tales encuentros y pueden más bien constituir una forma de colaboración con personas al margen de la ley".
Así mismo, la Procuraduría investiga la intervención de Noguera en un operativo de extinción de dominio contra bienes del paramilitar Hernán Giraldo y otros narcotraficantes en Santa Marta. El ex director trasladó de manera intempestiva a Arauca al detective que manejaba esa operación. Según la Procuraduría, ese episodio debe ser revisado, especialmente porque el listado de esas mismas personas fue encontrado en la casa de García cuando fue detenido. Para el ente de control, "esta circunstancia confirmaría el conocimiento que Noguera presuntamente tendría de las actividades ilegales, generándose un presunto favorecimiento de su parte, pues se pudo afectar la marcha del operativo al retirar al personal de la Policía judicial sin ninguna justificación".
Un hecho en particular que cuestiona el procurador Maya es la destitución fulminante de 10 funcionarios del área de investigaciones financieras del DAS, el 19 de septiembre de 2002. Según la Procuraduría, ese departamento estaba adelantando investigaciones contra una sociedad donde "al parecer eran socios algunos familiares del doctor Noguera y que este último fue informado personalmente de la actividad solicitada".
Todo indica que las decisiones del Procurador y del Fiscal General son apenas el comienzo de una andanada de investigaciones oficiales contra el ex director del DAS y sus ex subalternos. Al parecer, las denuncias de García son más un prólogo que el epílogo de esta historia.
