El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía el pasado 18 de marzo supone que, a cambio de 6 mil millones de euros y promesas de futura flexibilidad en la política de visados para los ciudadanos turcos, se sellen fronteras y se devuelva a todas aquellas personas que lleguen ilegalmente a las puertas de la UE.
De respeto a la legalidad internacional y a los derechos de las personas tiene solo la chapa, la pintura y la lluvia de comentarios aparecidos en los medios de comunicación de toda Europa con los que se intenta tapar la verdad. Pero ante y sobre todo constituye una auténtica vergüenza.
Más pronto que tarde, cuando la chapa se hunda, la pintura salte y los comentarios de desvanezcan, quedará solo la cruda realidad y, esa realidad, por mucho que se disfrace, es que lo acordado en Bruselas representa el fin del derecho de asilo en Europa.
Un acuerdo que, aparte de inaplicable, es ilegal, inhumano e insolidario. Tuvimos razón quienes hace solo una semana salimos a la calle en 50 ciudades de España y centenares de toda Europa para defender la legalidad internacional, el derecho de asilo, la acogida y la integración, y en general los derechos de la parte de los 60 millones de personas desplazadas en el mundo que llegan a la UE y que suponen poco más del 1% del total.
El acuerdo señala que se rechazará a quienes arriben ilegalmente, pero la pregunta es: ¿Cómo alguien que huye de una guerra, que practica una religión prohibida en su país, forma parte de una minoría étnica o cultural perseguida, o es sindicalista allí donde eso le puede costar la vida, abandona el lugar donde quieren matarlo, torturarlo o encerrarlo con los papeles en regla? Máxime, cuando no se pone ningún medio para que lo anterior sea posible, no se facilitan visados, ni se abren corredores humanitarios y seguros.
La inmensa mayoría de las personas que llegan son refugiados, no inmigrantes. Su llegada no obedece a un legítimo proyecto vital de mejora de sus condiciones, sino a una realidad violenta que los arranca y expulsa de lugar en el que nacieron y vivieron, y de donde no querían salir por voluntad propia. Fue la obligación de proteger a esos millones de personas la que dio lugar al derecho de asilo y a las leyes que lo amparan (Convención de Ginebra, Protocolo de Nueva york).
¿Combatir a las mafias? El supuesto sellado de las fronteras resulta prácticamente imposible para un continente que recibe a millones de turistas cada año. Por el contrario, estas medidas constituyen el negocio de los pasadores de personas que seguro harán su agosto, como Capone lo hizo con el del alcohol en la década de los 20 del siglo pasado. Si ya hoy cada refugiado debe pagar más de mil euros por realizar en botes precarios trayectos que cuestan diez euros cuando se hacen legalmente y en barcos seguros, en poco tiempo veremos dispararse las "tarifas" y como las vidas de quienes huyen se ponen aún en más riesgo.
Rajoy, el que no quiere rendir cuentas en el Congreso, señala que el acuerdo es razonable, nada extraño viniendo de él y su pio ministro del Interior, Fernández Díaz. Recordemos que lo que Europa pone en marcha ya lo hizo España en la frontera marroquí: devoluciones masivas y sin garantías, cuchillas en las vallas y pagos a Marruecos. Todo ello por no hablar del Tarajal y las pelotas de goma. Sin duda, un espejo donde la UE ha podido mirarse.
Frente a ello, es el momento de la movilización en la calle, de la persistente denuncia del acuerdo, de la acogida a quienes huyen de la guerra y la persecución, sean de donde sean. Los partidos en las Cortes y en el Parlamento europeo, los ayuntamientos del cambio y el tejido asociativo han profundizar sus propios acuerdos, rechazar las devoluciones, avanzar hacia la acogida de quienes deben llegar y a la vez exigir medios suficientes y adecuados para la integración de quienes ya están aquí.
