El pasado 15 de mayo asesinaron en México a dos periodistas a punta de disparos: Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y de la agencia AFP, quien escribía artículos contra el narcotráfico, y Jonathan Rodríguez, reportero de Jalisco, en el estado de Sinaloa. Más de cien profesionales de la comunicación han sido asesinados en la nación mexicana: 7 en lo que va de año.
A pesar de lo anterior, la violencia del país azteca no es parte de la agenda de la Organización de los Estados Americanos; tampoco las muertes de líderes sociales en Colombia, ni la represión en protestas estudiantiles en Chile.
Recientemente, el presidente Peña Nieto se comprometió "con la restauración del orden democrático en Venezuela", mientras en su tierra mueren comunicadores sociales y, constantemente, mujeres son víctimas de asesinatos: 7 al día, según reporte de la Organización de Naciones Unidas del 2016. A esta tragedia sumamos los 43 fallecidos de Ayotzinapa, y la impunidad de estos crímenes.
Asimismo, la ONU expresó su preocupación porque al menos 120 activistas han sido asesinados en Colombia entre enero del 2016 y febrero del 2017. No obstante, para la OEA esto no es considerado ruptura de la democracia en suelo neogranadino.
En Chile cuando marcharon en abril y mayo del 2017, estudiantes fueron reprimidos en protestas: la policía militarizada de Carabineros les lanzó agua y gases.
En definitiva, lo anterior, deliberadamente, es ignorado en la OEA. Sin embargo, fijan su atención en Venezuela para atacar a su Gobierno y parcializarse con la oposición que convoca protestas donde matan manifestantes, y hasta han incendiado a opositores por confundirlos con oficialistas; queman autobuses estudiantiles; y destruyen cuanto encuentran a su paso: terrorismo financiado por los Estados Unidos. Luego, crean noticias falsas, o fake news, que difunden por medios, patrocinados por ellos.
