LAS CLASES DOMINANTES DE AMÉRICA LATINA, LLAMENSE DE DERECHA O IZQUIERDA, HAN TOMADO LA FIGURA JURÍDICA DE LAS CONSTITUYENTES DERIVADAS DEL PODER CONSTITUIDO, PARA AFIANZAR EL PODER QUE EJERCEN Y PONERSE DEL LADO DEL GRAN CAPITAL Y DEJAR SIN FUTURO A LAS NUEVAS GENERACIONES QUE VENDRAN.
Para el año 1989, el Instituto de Economía Internacional de Washington (W.I.E.I.), aglutinó en una conferencia extraordinaria a economistas del congreso norteamericano y del gobierno, a los dueños y ejecutivos de las principales empresas trasnacionales en especial las mineras, a miembros de las comunidades académicas y centros de estudio e investigación universitaria, a los representantes de las instituciones internacionales multilaterales más importantes del planeta como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio –entre otras- con el fin y firme propósito de sentarse a revisar y orientar hacia donde habría que alinear la inversión del capital y discutir acerca del viraje estratégico necesario para que el continente latinoamericano, bajo el argumento que éste saliese de la llamada "década perdida", tiempo de la inflación y recesión y lograse retomar la vía del crecimiento y la estabilidad. A este cenáculo, se le calificó como el consenso de Washington, cuyo objetivo real, era la de generar un nuevo paradigma económico, que les permitiera el dominio del mundo.
En este escenario del Consenso de Washington, se pasaron horas discutiendo como orientar la economía de América Latina, ya que la región representaba estratégicamente, la posibilidad real de hacer crecer el capital vertiginosamente, por los recursos mineros que posee la región y poder insertarlas poco a poco en un nuevo reacomodo de la economía mundial que con el pasar del tiempo, se convirtió en un nuevo paradigma que llamarían mundialización o globalización y de esta manera penetran con absoluto dominio el mercado latinoamericano y toman posesión no solamente de la industria minero extractiva, sino de nuestros bosques y agua.
Para tales fines, crean el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y el área de libre Comercio (ALCA) que en Venezuela se desarrolla como IIRSA, Instituto de Integración Regional Suramericana, los mencionados planes se encuentran en plena ejecución.
Dentro del planteamiento de Washington, se argumentaba la necesidad que había de establecer un nuevo orden jurídico y político que garantizara la inversión de las trasnacionales en esta región y a tal efecto se planteaban la necesidad de que todos los países de América Latina reformaran sus constituciones, con nuevas normas, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y política a la inversión extranjera.
Estas política de reformas y ajustes en el orden jurídico- político y en el plano económico, CONOCIDAS COMO CONSTITUYENTES DERIVADAS DEL PODER CONSTITUIDO marcaron además el camino a seguir y estuvieron contenidas en los diversos programas de ajuste en todos los órdenes impuestos por el Fondo Monetario Internacional y abalados por los distintos gobiernos de América Latina, independientemente de su identificación ideológica y política, llámense capitalistas o socialistas.
LA CONSTITUCIÓN DE 1999
En Venezuela se comienza a ejecutar estas políticas, desde el momento que se nombra la Comisión para la Reforma del Estado (implementada por Carlos Andrés Pérez) y por razones de inestabilidad política para ese entonces y que todos conocemos, esta desaparece, asumiendo este papel la Asamblea Nacional Constituyente derivada del poder constituido, que impulsa el Presidente Chávez.
A esta Constitución de 1999 como resultado de la Asamblea Nacional Constituyente, Chávez se la vendió al pueblo, como una Constitución revolucionaria, jamás conocida en el planeta tierra, al pueblo se le dijo que esta Constitución le garantizaba todos sus derechos y la euforia, la manipulación y el momento político que se estaba viviendo, hizo que el pueblo votara por ella, desconociendo incluso su articulado.
En esta Constitución se plasmaron artículos como el 299 que establece la libre competencia en su primer párrafo y en el segundo señala "El estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional…". De esta manera el gobierno de Chávez cumplía con el mandato del FMI, para generar la libre competencia, camino a seguir por los grandes conglomerados, en su política de que el pez grande se come al pequeño.
Esa reforma jurídica planteada por Washington, para los países de América Latina reafirmo y consolido los intereses del gran capital y en el caso venezolano sirve para seguirle entregando al capital norteamericano nuestras riquezas, además de abrirle las puertas al capital ruso, inglés y chino para darles en posesión la industria minero-extractiva con contratos leoninos, que incluso afectan la soberanía y todo eso lo hacen en nombre del desarrollo, la democracia y en el caso nuestro a nombre del socialismo del siglo XXI, de esta manera el gran capital pone a funcionar en nuestra región las llamadas empresas mixtas, donde la tecnología de punta que desarrollan en el saqueo de nuestros minerales y recursos naturales no permite generar fuentes de trabajo porque sus procesos productivos están altamente tecnificados y por lo tanto no producen empleo, ni eleva el nivel de vida de la población y mucho menos el desarrollo técnico de las fuerzas productivas, además de producir muy graves consecuencias para el medio ambiente y la independencia del país.
DE RODILLAS FRENTE AL IMPERIO DEL CAPITAL
Adam Smith, economista británico y uno de los teóricos del capitalismo, escribió en 1776 lo siguiente: "Todo para nosotros y nada para los demás, parece, en todas las épocas del mundo, que ha sido la vil máxima de los amos de la humanidad. Las corporaciones han aumentado la dominación global, encabezada por sectores financieros. Como todas las élites de poder, usan las emociones, la "razón" y el interés propio para alcanzar sus objetivos como amos de la humanidad". (Tomado del artículo GLOBALIZACIÓN-NEOLIBERALISMO-CORPORATISMO de los Profesores, Quigley y Sutton y otros autores.)
Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y ahora Cuba -entre otros países- son las naciones que mejor han asumido la orientación del Consenso de Washington, sus constituciones han sido modificadas y reformadas para adaptarlas al mandato del imperio, Constituyentes derivadas del poder constituido y reformas para "modernizar" el Estado, que sólo han servido para consolidar los intereses económicos de las multinacionales del gran capital, que ahora aparecen en el caso concreto venezolano como empresas mixtas. De esta manera, la predica de la modernización capitalista que ofrece la "gran oportunidad del desarrollo económico", se armoniza únicamente en función de las ventajas del mercado global, un mercado global controlado y dirigido por los grandes conglomerados.
Todo este panorama sigue torciendo los procesos jurídicos de los Estados nación, para darle paso, a nuevas formas "jurídicas" de subordinación de los pueblos, a las potencias que los dominan, al mismo tiempo que coloca en crisis, el llamado estado de derecho ante el nacimiento del Estado Moderno, las filosofías jurídicas y políticas que orientaban el derecho positivo de los Estados-nación, se transformó en la modernidad, en aras de abrirle camino a la legalidad de nuevas formas del "derecho internacional" facilitando la legitimidad al mundo globalizado con nuevas interpretaciones jurídicas acerca de la soberanía, democracia, justicia, integración, desarrollo, libertad -entre otros conceptos- y así ajustarlos a los intereses de quienes dominan y justificar en el plano internacional las aberraciones que cometen contra los pueblos, sus economías, ecosistemas a través del extractivismo irracional incluyendo los crímenes de guerra.
"Las transformaciones jurídicas apuntan efectivamente hacia cambios en la constitución material del orden y poder mundial. La transición que hoy observamos, desde la ley internacional tradicional, que fue definida por contratos y tratados, hacia la definición y constitución de un nuevo poder mundial supranacional, soberano (y así hacia una noción imperial del derecho), aunque incompleta, nos da un marco en el cual leer los procesos sociales totalizantes del Imperio. En efecto la transformación jurídica funciona como un síntoma de las modificaciones de la constitución material biopolítica de nuestras sociedades. (Toni Negri y Michael Hardt. IMPERIO. Edit. Desde Abajo (2001). PP. 55).
Es dentro de éste marco, donde se encuentra el poder real, el poder que domina, el que impone las reglas de juego y que los gobiernos de nuestra región aceptan dócilmente, se subordinan en aras de mantener sus respectivas cuotas de poder (poder formal), no importándoles vender la patria al precio que los grandes conglomerados del gran capital les imponga.
