La guerra jurídica, o lawfare, es la nueva modalidad adoptada por algunos gobiernos para desmoralizar y destruir a sus oponentes políticos, potenciales o declarados. Esto implica, obviamente, un uso indebido de los diferentes instrumentos de carácter legal a su disposición. Todo con la intención de afectar, obstruir y destruir su trayectoria e imagen pública, hasta lograr, al final, su inhabilitación política y posible encarcelamiento. Algo que ya ocurre en Argentina y Brasil con Cristina Fernández y Luis Inácio Lula Da Silva, a quienes se les han imputado delitos de corrupción administrativa, supuestamente cometidos bajo sus respectivos mandatos presidenciales, a fin de impedir que ambos lleguen, en unas próximas elecciones, a recuperar el poder.
Otro tanto se le pretende aplicar al expresidente Rafael Correa a instancias de quien sería su sucesor al frente de la Revolución Ciudadana en Ecuador, ahora alineado con Estados Unidos y la derecha latinoamericana. En ello vale incluir a Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Dilma Rousseff, destituidos mediante artilugios orquestados desde los Congresos de sus respectivas naciones, dominados por sus enemigos derechistas, aprovechándose de algunas circunstancias que, en su momento, fueron difundidos y magnificados por los medios informativos a su servicio, creando matrices de opinión favorables a sus fines políticos.
Una cuestión que sienta, ciertamente, un grave precedente en cuanto a la aplicación de las leyes, tergiversando su naturaleza y propósitos en beneficio de un interés partidista y/o minoritario que, a la larga, minará la confianza que se tenga respecto a la integridad de aquellos que ejercen los poderes del Estado (más allá del grado en que se halle actualmente). Lo cierto de todo, es que esta práctica deshonesta de las leyes será todo, menos algo legal o legítimo como lo presentan sus promotores.
Otro tanto ocurre con la legislación supranacional aplicada desde hace décadas por Estados Unidos y Europa al resto de los países, ya no solo contra aquellos que mantienen una ideología diferente a la suya, sino que se extiende a otros con iguales o parecidos intereses, sin respeto alguno a la soberanía de los pueblos objeto de sus ataques ni al derecho internacional, instituido -vale aclarar- por sus gobiernos a través de la Organización de las Naciones Unidas, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, lo que constituye una contradicción flagrante con sus principios. También cabe incluir la negativa estadounidense a la aplicación de la justicia a sus soldados en diferentes escenarios bélicos, obligando a algunos gobiernos a reconocerles inmunidad diplomática, aun cuando cometieran crímenes de guerra y de lesa humanidad, justamente cuando han sido desplegados para, supuestamente, resguardar los derechos humanos, la paz y la democracia de otras naciones. En este último caso, el gobierno de Donald Trump amenazó con aplicar sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional si éstos obran con una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.
La pretensión a largo plazo (quizás en menor tiempo al que se calcule) es crear las condiciones adecuadas para que exista una "sociedad abierta" regida por un gobierno global, a la cabeza del cual estaría, sin sorpresa alguna, Estados Unidos. De esta manera, las relaciones comerciales, financieras y políticas están siendo insertadas -sin desmayo y a la vista de todos- en un vasto plan de dominación que algunos anticipan como un hecho irreversible, difícil de conjurar, pero que, aun así, sufre grandes tropiezos, gracias a la resistencia mostrada por los diferentes pueblos del mundo.
